Fotos del archivo de Ana María Abruña Reyes
Puerto Rico posee una memoria histórica de ataques a la justicia reproductiva. Sin embargo, los últimos dos cuatrienios agudizaron, a nivel legislativo y social, las restricciones a la autonomía de las mujeres y comunidades LGBTQIA+, de acuerdo con dos lideresas feministas entrevistadas por Todas.
Para la profesora de cursos en Derecho y Salud, Patricia Otón Olivieri, con cada obstáculo aumenta el riesgo de perder la democracia e incluso la vida de muchas personas.
“La restricción de derechos nos va a seguir llevando a una sociedad autoritaria… No se va a poder ni hablar. ¿A eso quieren llevarnos? Esto es un grave retroceso. Es cíclico que haya estos retrocesos y, lamentablemente, en esta área, puede costar vidas”, explicó Otón Olivieri por medio de una entrevista telefónica.
La académica reconoció que un sinnúmero de personas son incapaces de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y, si el Estado no colabora, estas dificultades incrementan.
Con esta realidad coincidió, en una entrevista aparte, Verónica Colón Rosario, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico, pues muchas personas viven en condiciones de pobreza y desigualdad que les impiden acceder a todos sus derechos.
A esta lideresa no le ha tomado por sorpresa la legislación restrictiva que ha proliferado en el Capitolio en los últimos años, especialmente luego de la derogación del caso Roe v. Wade que protegía constitucionalmente el derecho al aborto en Estados Unidos.
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“Sabíamos que las repercusiones en Puerto Rico serían que eso abría las puertas a hacer legislación local que limitara más los derechos sobre nuestros cuerpos”, destacó Colón Rosario sobre sus reflexiones luego de la derogación del caso el 24 de junio de 2022.
Tanto para Otón Olivieri como para Colón Rosario, la educación en temas de justicia reproductiva resulta crucial para continuar la defensa de los derechos.
Patricia Otón Olivieri
Se trata de derechos humanos
La justicia reproductiva se basa en el derecho de las mujeres, niñas y personas gestantes a tomar decisiones saludables sobre sus cuerpos, salud y sexualidad.
El término surgió en 1994, a raíz de las luchas de mujeres negras por visibilizar sus desigualdades más allá del aborto, según In Our Own Voice: National Black Women’s Reproductive Justice Agenda.
En su artículo académico Agenda inconclusa: derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de salud, la profesora Otón Olivieri afirma que las mujeres negras sufren desproporcionadamente servicios de salud inadecuados, mientras las latinas tienen barreras lingüísticas y culturales, falta de seguros de salud, altos niveles de pobreza, estatus migratorio no definido y otras circunstancias que, tanto para las mujeres negras como latinas, limitan sus derechos sexuales y reproductivos.
Actualmente, el término justicia reproductiva abarca el derecho de tener hijos, el derecho de no tener hijos y el derecho de criar en un ambiente saludable.
Para Otón Olivieri, este término también incluye la posibilidad de asistir a citas prenatales, acceso a métodos anticonceptivos, acceso al aborto y acceso a otros servicios de salud sin que las personas sean objeto de violencia o de restricciones a causa de ideales fundamentalistas.
“Que sean servicios seguros y se les permita ejercer esa autonomía. Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos aplicados a la sexualidad y la justicia reproductiva es una de las vías para lograrlo cuando los Estados amplían estos accesos”, detalló la profesora en la entrevista.
No obstante, en el país, esta realidad aún está lejos, de acuerdo con las entrevistadas.
“En Puerto Rico el contexto de los derechos reproductivos es bien complicado porque, como las mujeres negras en Estados Unidos y las mujeres latinas, en Puerto Rico los cuerpos de las mujeres se usaron de experimento”, recordó Colón Rosario, haciendo referencia a las esterilizaciones forzadas y pruebas con pastillas anticonceptivas de las que fueron objeto las puertorriqueñas entre 1930 y 1970 como parte del programa de planificación familiar por parte de Estados Unidos.
En la actualidad, el acceso a la salud sexual y reproductiva se ve limitado por salas de parto que cierran, escasez de especialistas en obstetricia, aumento en cesáreas injustificadas, y comunidades trans que se enfrentan a falta de conocimiento por parte del personal médico.
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Además, el ensayo bibliográfico El aborto en Puerto Rico apunta a que, para la década de 1960, en Puerto Rico existía “un negocio millonario de abortos clandestinos” en el que alrededor de 10 mil mujeres estadounidenses eran referidas anualmente al país para realizarse abortos a pesar de que era ilegal. Debido a esta clandestinidad, muchos de estos terminaban incompletos o se complicaban.
“Puerto Rico se había convertido en la capital del aborto del Caribe… Aun en los casos que se llevaban a los tribunales, había muy pocas condenas; condenas que dicho sea de paso se habían logrado contra parteras y comadronas y no contra médicos. La práctica del aborto en Puerto Rico no había sido solo un negocio lucrativo, sino que podía además responder a intereses del Estado”, se lee en el ensayo escrito por Alice Colón, Ana Luisa Dávila, María Dolores Fernós, Iris López y Esther Vicente.
Aunque en 1980, el caso Pueblo v. Duarte Mendoza de 1980, legalizó el aborto en Puerto Rico para salvaguardar la salud de las personas gestantes, todavía los servicios carecen de accesibilidad.
Las cuatro clínicas existentes en el país se centran en el área metropolitana y solo una atiende a menores de 16 años, luego de que el Departamento de Salud enmendara, en 2024, el reglamento que les rige. A esta situación se suma el establecimiento de pseudoclínicas a las que, por medio de engaño, llegan personas buscando un aborto y se les intenta persuadir para que desistan de su decisión de abortar.
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Proliferan los intentos de eliminar derechos
No obstante, los intentos de restringir este y otros derechos, últimamente, provienen del Capitolio y la Fortaleza.
“Hemos visto en los últimos dos cuatrienios, particularmente, una serie de proyectos que lo que buscan es restringir más. Entonces, usan distintas estrategias”, subrayó Otrón Olivieri al describir que unas veces se intenta limitar directamente a las personas con útero y otras a los proveedores de servicios.
Entre los proyectos que destacó se encuentra: el PS 0297, de la senadora de Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve. Este busca convertir en ley las regulaciones del Departamento de Salud a las clínicas, a pesar de que ya las clínicas de aborto en Puerto Rico cumplen con estos requisitos.
También, señaló los proyectos que buscan convertir al no nacido en sujeto de derecho y, aunque no se centran en el aborto directamente, los considera una manera de imponer límites a este derecho.
Asimismo, destacó que la comunidad LGBTQIA+ ha visto sus derechos limitados por proyectos como el 165, de la Cámara de Representantes, que busca eliminar los baños inclusivos.
De hecho, las comunidades trans, específicamente, no podrán recibir cuidados de afirmación de género cuando se trate de menores de 21 años, tras la firma de la Ley 63 de 2025, que criminaliza al personal médico que proporcione estos servicios.
Finalmente, Otón Olivieri mencionó que será opcional para la niñez y juventud tomar clases de educación sexual integral luego de la Ley 80 de 2025, un asunto que limita el diálogo sobre la menstruación, métodos anticonceptivos y otros temas. “En distintos frentes están pretendiendo restringir los derechos, lo que afecta la justicia reproductiva”.
A pesar de las amenazas, la educadora sostuvo que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico defiende los derechos humanos, así como algunas leyes que permanecen vigentes. Entre ellas: la Ley 27 de 1992, que permite a jóvenes embarazadas recibir cuidado prenatal y anticonceptivo sin consentimiento parental; y otras leyes para prevenir el discrimen y promover el tratamiento de infecciones de transmisión sexual sin necesidad de consentimiento parental.
En dirección al cambio
Otón Olivieri y Colón Rosario coincidieron en que falta mucho por hacer para lograr la justicia reproductiva en el país. No obstante, cada una encuentra la esperanza en el ámbito educativo.
La Fundación de Mujeres, de la cual Colón Rosario es directora ejecutiva, creó el primer fondo de justicia reproductiva para educar a la población sobre este tema.
Verónica Colón Rosario, directora de Fundación de Mujeres de Puerto Rico. Foto suministrada
Aunque les gustaría que más organizaciones se unieran para crear un fondo más amplio, consideran que es un paso firme para que personas que viven fuera del área metropolitana accedan a educación sobre este tema. De ahí que ayudaran con el lanzamiento de la Guía de Justicia Reproductiva de Borikén a la organización Mujeres de Islas y a varios proyectos comunitarios más en torno a este tema.
Otón Olivieri, por su parte, continúa liderando proyectos feministas y educando a futuras generaciones en quienes pone la esperanza de un cambio.
