La firma por parte de la gobernadora del PS 504, junto con la reciente aprobación en el Senado de un proyecto que allana el camino para la criminalización del aborto en Puerto Rico, no solo reconfigurará el acceso a los servicios de salud reproductiva en el país; también reordenará, de forma silenciosa, la manera en que muchas personas viven, negocian y sienten sus relaciones sexuales. Aunque se trate de medidas legislativas, sus efectos no se quedan en el Capitolio: entran a las camas, a las relaciones, a las formas en que las próximas generaciones se vincularán y hablarán de la sexualidad, a las conversaciones incómodas, a los silencios y a los miedos que, de ahora en adelante, acompañarán los temas de sexualidad.
Durante décadas se nos enseñó a pensar la sexualidad desde la prevención del riesgo y como un asunto eminentemente higienista: evitar embarazos a temprana edad y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Este enfoque, centrado en la abstinencia o en métodos preventivos, así como en la limpieza y el aseo genital para evitar infecciones, a menudo se asocia con una visión negativa o de peligro de la sexualidad. A diferencia de este modelo, la Educación Sexual Integral (ESI) propone una mirada más amplia, que busca el bienestar, el placer y el ejercicio de derechos, abordando cuerpo, afectividad, diversidad y relaciones.
El PS 504 profundiza esa narrativa al reforzar la idea de que la responsabilidad —y la consecuencia— recaen de forma desproporcionada sobre los cuerpos con capacidad de gestar. Esta carga unilateral no es casualidad; responde a una estructura política donde las decisiones legislativas tienen lo que la academia denomina “consecuencias encarnadas” (embodied consequences). Es decir, las leyes no son abstracciones, sino fuerzas que impactan directamente el bienestar físico y emocional, especialmente el de las mujeres, quienes históricamente han enfrentado una socialización que intenta apropiarse de sus cuerpos antes de que ellas mismas puedan hacerlo.
El resultado no es una cultura del cuidado, sino una patología de la ansiedad. El miedo, lejos de proteger, actúa como un censor que anula el autoconocimiento y sabotea las bases mismas del placer y el consentimiento. Este giro no ocurre en el vacío. Lo observamos también en la Ley 89-2025, que establece que el Departamento de Educación deberá notificar previamente cualquier contenido relacionado con sexualidad o afectividad, y reconoce el “derecho exclusivo” de los padres a objetar dicha enseñanza. Esta política no solo limita el acceso a información; institucionaliza la sospecha sobre el conocimiento sexual y refuerza la idea de que hablar de sexualidad es, en sí mismo, un riesgo que debe ser vigilado, autorizado o censurado.
En conjunto, estas medidas configuran un ecosistema donde el Estado abdica de su responsabilidad educativa mientras fortalece una pedagogía del miedo. La sexualidad deja de ser un campo de aprendizaje crítico y de cuidado colectivo para convertirse en un territorio de silencios impuestos, brechas informativas y desigualdad generacional.
Hacia una corresponsabilidad generacional
Repensar las relaciones sexuales después del PS 504 implica movernos de una sexualidad basada en el control a una basada en la corresponsabilidad. No se trata solo de “protegerse”, sino de preguntarnos: ¿quién carga con las decisiones?, ¿quién asume los riesgos?, ¿quién tiene margen para desentenderse? Hablar de sexualidad hoy exige hablar de poder, de género y de justicia reproductiva.
Este cambio de paradigma es urgente en un contexto donde el Estado ha fallado en proveer una educación sexual integral, dejando en su lugar un “miedo al cuerpo” y al autoconocimiento. Cuando las políticas públicas envían mensajes pasivos de que la sexualidad es algo intrínsecamente peligroso o prohibido, se anula la capacidad de las personas para negociar sus vínculos de manera ética. Esto también nos obliga a revisar acuerdos relacionales. En parejas monógamas y no monógamas, la conversación sobre anticoncepción, aborto y crianza ya no puede ser tácita ni asumida. Necesita ser explícita, informada y continua. El consentimiento no termina en el acto sexual; incluye las consecuencias posibles y cómo se van a enfrentar colectivamente. Hoy, más que nunca, hablar de sexualidad es una lucha que no solo protege el presente, sino que definirá el futuro de nuestros vínculos y de nuestra sociedad.
