Foto por Gabriela Hance Villanueva
El Día Internacional de las Mujeres se conmemora este año en Puerto Rico en medio de un escenario político marcado por una serie de proyectos y leyes que organizaciones feministas y de derechos humanos describen como parte de una ofensiva contra los derechos reproductivos y las personas trans. La resistencia organizada es el motor de esperanza para proteger lo ganado y para lograr nuevas conquistas, según varias feministas entrevistadas por Todas.
Un año de ofensiva contra los derechos reproductivos y las personas trans
Durante el primer año de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, la legislatura ha impulsado medidas que impactan de forma directa el acceso al aborto, los derechos civiles y la vida cotidiana de las personas trans, muchas de ellas tramitadas sin los procesos de vistas públicas que suelen acompañar legislaciones que tienen un alto impacto sobre las personas.
Desde abril del año pasado hasta marzo de 2026, se han aprobado, al menos, nueve medias antiderechos, hoy convertidas en ley, entre ellas la que permite que padres y madres priven a sus hijos e hijas de recibir educación sexual en las escuelas públicas, la que establece un protocolo de manejo de caso de terminaciones de embarazos en menores de 15 años o menos en Puerto Rico y la que prohibe terapias o tratamientos hormonales y cirugías estéticas para personas que no han cumplido los 21 años. También se suman las que enmiendan el Código Civil y el Código Penal para concederle personalidad jurídica a un embrión, por solo mencionar algunas.
Para la abogada y activista feminista Ana Irma Rivera Lassén, quien fue senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana en el cuatrienio pasado y candidata a comisionada residente en las recientes elecciones, esta ofensiva legislativa es una estrategia cultivada paulatinamente durante los pasados años por parte de esa derecha fundamentalista que ha ido ganando terreno en el escenario político del país.
“Cuando yo estaba en el Senado, hablaba de que se estaba construyendo una especie de montaje. Es ir poniendo una pieza aquí y una pieza allá para ir armando lo que considero es un acecho a los derechos constitucionales que tenemos las mujeres”, señaló.
Según Rivera Lassén, los proyectos aprobados no solo buscan limitar derechos como el aborto, sino que intentan “crear un lío de reinterpretaciones” de las diferentes políticas públicas para generar confusión y restringir la autonomía de las personas gestantes.
“Todavía no lo han logrado del todo, pero creo que eso es lo que están tratando de montar”, dijo.
La activista señaló que es la primera vez en sus años de lucha que ve un rompecabezas político desde el gobierno de Puerto Rico para “tumbar lo que hemos avanzado”.
“Es una legislación montada a la sombra de la política neofascista, trumpista, y en contra de los derechos ganados, de diversidad, de equidad y de inclusión”.
Foto por Gabriela Hance Villanueva
Rosa Seguí Cordero, portavoz de Aborto Libre Puerto Rico, coincidió en que el momento actual representa un retroceso en derechos conquistados tras décadas de lucha feminista y comunitaria.
“Estamos retrocediendo en los derechos que habíamos alcanzado y adquirido, especialmente las mujeres y la comunidad LGBTQ, en específico las personas trans”, afirmó.
“Es alarmante la cantidad de legislación que se aprueba antidemocráticamente. Se han descargado medidas sin celebrar vistas públicas, a pesar del gran rechazo de sectores profesionales en Puerto Rico, incluyendo juristas y médicos”, agregó sobre la forma en que la mayoría de estas medidas han sido aprobadas.
El descargue de proyectos es un mecanismo expedito que tiene la legislatura para aprobar medidas sin esperar el informe de comisión en casos de proyectos de alto interés, urgencia política o de amplio consenso. Estas medidas aprobadas recientemente no cumplían con esas excepciones de urgencia, por lo que la práctica de bajarlos a votación sin vistas públicas es contrario al sistema democrático representativo de Puerto Rico.
Foto por Gabriela Hance Villanueva
Cambios legales y clima de incertidumbre
Entre los proyectos que fueron aprobados de esta forma destacan las enmiendas al Código Civil y al Código Penal para reconcerle personalidad jurídica al embrión, algo que las organizaciones feministas advierten podría tener implicaciones para el acceso al aborto y para la práctica médica, y que buscan criminalizar a las mujeres y las personas gestantes. Para Seguí Cordero, estos cambios han generado un clima de confusión jurídica. “Esa es la palabra que mejor describe lo que ha ocasionado esta legislación que ha enmendado cuerpos de leyes importantísimos como el Código Civil y el Código Penal”.
Rivera Lassén, por su parte, destacó que estas leyes buscan crear un problema donde no lo hay, creando una “crisis artificial” sobre el aborto en Puerto Rico, donde esta práctica es legal y se realiza de manera regulada y segura por profesional médico.
Advirtió que esta agenda antiderechos, inspirada en los discursos conservadores de Estados Unidos, busca imponer maternidades no deseadas y controlar la sexualidad de las mujeres, bajo un enfoque patriarcal que divide reproducción y sexualidad.
“Yo me pregunto cuántos de los que están votando por estos proyectos tienen sexo solo para reproducirse. Yo quisiera que me contesten esa pregunta […] La reproducción debe ser un acto que la gente quiera, debe ser voluntaria. Por eso, la maternidad debe ser querida, deseada”.
La ofensiva contra las personas trans
El panorama antiderechos también incluye propuestas dirigidas contra la comunidad trans, como restricciones a la atención médica de afirmación de género o iniciativas relacionadas con el uso de baños públicos basadas en el sexo asignado al nacer.
Para la activista trans Ivana Fred Millán, integrante de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, estas medidas no solo representan retrocesos legales, sino también amenazas directas a la seguridad y la dignidad de las personas trans.
Fred Millán, quien lleva más de dos décadas en el activismo, recordó que muchos de los avances alcanzados en los últimos años parecían impensables cuando comenzó su lucha.
“Cuando empecé, hace 26 años, veía imposible muchas de las cosas que se lograron después, como el acceso a medicamentos o servicios médicos para personas trans”, explicó.
Sin embargo, aseguró que el momento actual representa una vuelta peligrosa y dolorosa para la comunidad, especialmente para generaciones más jóvenes que habían comenzado a vivir con mayor acceso a servicios y reconocimiento.
“Lo que está pasado desilusiona mucho porque hay personas de experiencia trans de mi generación que ya tienen ese caparazón porque no tuvieran nunca nada, no nacieron con ningún tipo de derecho […] Pero hay una generación nueva que ya había tenido estos servicios y de momento se los quitan de sopetón. Eso es bien duro”.
Estas políticas recientes, como enfatizó, tienen consecuencias directas en la salud y el bienestar de las personas trans, particularmente en su salud mental.“Conozco muchas personas que han tenido que emigrar a otros países porque aquí no se sienten seguras”, señaló.
La activista advirtió que estas condiciones también pueden empujar a algunas personas trans hacia situaciones de vulnerabilidad económica y social.
En cuanto a la recién firmada ley que prohibe los baños inclusivos en dependencias públicas, Fred Millán subrayó que el impacto puede ser profundo en la vida cotidiana, sobre todo en la juventud trans.“Hay personas jóvenes que se sentían seguras en espacios como la universidad y ahora vuelven a enfrentarse a la posibilidad de que un día validen su identidad y otro día no. Eso es terrible y hace que muchas prefieran no ir a estudiar”.
Sostuvo que resulta irónico que sean políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP) quienes hoy impulsen estas leyes, ya que fueron ellos mismo los que en el pasado, según dijo, abogaron y legislaron a favor de sus derechos. “Es triste ver cómo la gobernadora, que en el pasado apoyó en muchos aspectos a la comunidad LGBTTQ, hoy piense totalmente diferente y opuesto, y que ahora vaya de la mano de los conservadores religiosos, pensando solo en ese grupo y no en la experiencia de las personas trans y en todo lo que estamos pasando”, sostuvo al recordar que muchas de estas medidas han sido presentadas por la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad.
Fred Millán comparó este avalancha de leyes antitrans con un proceso de borradura. “Están tratando de borrarnos del mapa, de borrar nuestra existencia”, lamentó.
Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes
Influencia del clima político internacional
Este giro legislativo en Puerto Rico ocurre en paralelo a una ola global de políticas conservadoras que han impulsado restricciones al aborto y a los derechos trans en distintas jurisdicciones de Estados Unidos.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó en el 2022 la protección constitucional del aborto establecida por Roe v. Wade, numerosos estados han aprobado prohibiciones totales o severas restricciones al aborto.
Al mismo tiempo, se han impulsado cientos de proyectos dirigidos contra las personas trans, particularmente contra el acceso de jóvenes a atención médica afirmativa de género, la participación en deportes escolares y el uso de baños según su identidad de género. Es una ofensiva coordinada por redes conservadoras que comparten estrategias legales y narrativas políticas.
Para Fred Millán, muchas de estas iniciativas se replican en Puerto Rico sin considerar las realidades locales.“Los derechos de las personas trans siempre han sido como una pelota: unos me los quitan y otros me los dan. Lo que pasa en Estados Unidos muchas veces se copia aquí”.
De forma similar se expresó Seguí Cordero, quien dijo que lo que se observa en Puerto Rico es una importación de la agenda política de los sectores conservadores de otras partes del mundo. “Esto es a ciegas. Lo que sea que pase en algún lado, lo tengo que hacer yo, sin evidencia científica, sin saber si aplica a Puerto Rico, si hay una crisis que atender en Puerto Rico, simplemente es quitar derechos”, señaló.
En cuanto al escenario futuro, Rivera Lassén advirtió que no descarta que haya intentos de reformas más radicales en Estados Unidos y en Puerto Rico, como una enmienda constitucional para prohibir el derecho al aborto en Puerto Rico. “A mí no me sorprendería que trataran de hacer algo por el estilo. Lo que estamos viendo es una andanada de presiones para cortar el paso de lo que hemos ganado”.
Redes de apoyo y esperanza en medio de la lucha
A pesar del panorama adverso, Seguí Cordero, Fred Millán y Rivera Lassén coincidieron en que la resistencia social está creciendo.
Seguí Cordero destacó, por ejemplo, el aumento de la participación ciudadana en actividades convocadas por organizaciones de derechos reproductivos, como Aborto Libre Puerto Rico, lo que refleja que hay mucho malestar en el país y muchas ganas de organizarse.
“No es nuevo que la derecha se dedique a tratar de quitar derechos y a tratar de controlar a las mujeres. Pero tampoco es nuevo la resistencia. Así que nuestra resistencia surge y sale del pueblo. Es la gente que tiene que tomar el control y que estamos tomando el control a través de toda la isla”, dijo.
Señaló que actualmente hay más movimientos comunitarios, sectores de trabajadores y organizaciones dedicadas al activismo por la defensa de los derechos humanos y que la opinión pública está cambiando.
“Se están dando cuenta que que no es científico y que no es democrático, que los que más se llenan la boca hablando en contra de gobiernos antidemocráticos son los que están provocando un ambiente totalmente antidemocrático, especialmente en cuanto a la aprobación de legislación. Así que mi esperanza es que este pueblo sabe cómo organizarse, movilizarse y hasta sacar gobiernos corruptos”, compartió Seguí Cordero.
Fotos del archivo de Ana María Abruña Reyes
Fred Millán también apuntó al trabajo de organizaciones comunitarias que continúan apoyando a la población trans, como True Self Foundation.
“No todo está perdido. Hay organizaciones que están haciendo una labor encomiable, consiguiendo fondos para apoyar tratamientos médicos, cirugías de afirmación de género o estudios para personas trans”.
Para la activista, estas iniciativas ayudan a sostener la autoestima y las oportunidades de vida de muchas personas en la comunidad. Insistió en que la historia del movimiento demuestra que los avances pueden lograrse incluso en contextos complejos.
“Cuando no había nada logramos lo imposible. Esto puede ser una nube negra, pero también nos recuerda lo que hemos logrado y lo que todavía podemos construir”. Para la activista, su propia vida es testimonio de esa persistencia.
“Si yo lo logré en los peores momentos del discrimen contra las personas trans, sé que muchas otras también lo van a lograr”.
Ana Irma Rivera Lassén, por su parte, destacó que a pesar de todo, sigue latente en el país la fuerza de la resistencia. “Toda esta serie de ataques que estamos viendo representa el miedo que nos tienen. Es bien fuerte, porque ha sido fuerte nuestro avance y la defensa de nuestros derechos. Pero nosotras no vamos a renunciar. Vamos a seguir caminando, avanzando y defendiendo nuestros derechos”, afirmó, recordando que la organización ciudadana, el activismo comunitario y la movilización social continúan siendo herramientas poderosas para proteger lo conquistado y seguir ampliando derechos en Puerto Rico.
