La directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, Lenna Ramírez Cintrón, evalúa información de contabilidad con la facilitadora administrativa Mical Crespo Álvarez.
Foto por Ana María Abruña Reyes | Todas
El Gobierno de Puerto Rico ha fracasado en establecer una estrategia que asegure la continuidad del trabajo que realizan los nueve albergues para víctimas sobrevivientes de violencia doméstica que hay en la Isla, que ya enfrentan las consecuencias de un recorte anticipado de $856,984.88 en fondos federales.
La insuficiencia fiscal ha afectado la disponibilidad de camas y ha requerido la reducción de plantillas y de jornadas, impactando programas de prevención desde septiembre de 2025, cuando ya las organizaciones preveían y se preparaban para el recorte.
Ante la falta de iniciativas gubernamentales para socorrer a las sobrevivientes de la violencia machista y sus hijos, los únicos nueve albergues en Puerto Rico que auxilian y refugian a esta población —todos parte de la Red de Albergues de Violencia Doméstica— asumen un rol vital en el manejo del grave problema.
Se trata de los dos albergues de la Casa Protegida Julia de Burgos, el Hogar Ruth, la Casa de la Bondad, el Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, la Casa de Todos, el Hogar la Piedad y la Casa Protegida de Mujeres y Niños, que también cuenta con dos albergues, Capromuni-I y Capromuni-II.
Los nueve refugios son administrados por siete organizaciones sin fines de lucro, que proveen un total de 180 camas.
La presidenta de la Junta de Directoras de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León Morales, denunció que, aunque algunas reducciones federales se anticiparon, a nivel local no hubo un plan para atender “el desfase” en la asignación de fondos y el déficit presupuestario se les pasó a las organizaciones que administran los albergues.
“Hasta el momento no ha cerrado ningún albergue, pero podrían estar operando con un déficit y lo que nosotros hemos estado haciendo desde el 2025 es alertar sobre este déficit para desarrollar estrategias conjuntas que permitan la garantía de servicio. La situación podría llegar al extremo de que sí tenga que cerrar algún albergue y estamos trabajando para que eso no ocurra”, dijo León Morales al asegurar que estos espacios siguen haciendo ajustes y tratan de identificar fuentes de ingresos que no afecten la continuidad de servicios.
A principios de año, el Departamento de Justicia quiso transferir a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres $120,000 para que los distribuyera entre los albergues. Aunque no era suficiente para cubrir la totalidad del déficit, hubiese aliviado un poco la situación. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal no autorizó la gestión, dijeron dos fuentes a la Unidad Investigativa de Género. La Junta no quiso confirmar este dato y refirió la petición a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cual a su vez, indicó que debía tramitarse mediante la Ley de Transparencia, gestión que se hizo, y podría tomar hasta 20 días laborables en ser respondida.
Poco después, Justicia abrió una convocatoria de $2,047,317 a todas las organizaciones que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia doméstica, no solo a los albergues. La misma venció el pasado miércoles.
La directora ejecutiva de la Red dijo que los albergues están en el proceso de someter sus propuestas y solicitar los fondos, pero señaló que el Gobierno pudo haber hecho una asignación directamente a los albergues. Subrayó que las convocatorias no van a resolver el problema fiscal de fondo.
“Si no se establece una estrategia de asignación continua de fondos a los albergues, esta situación la vamos a enfrentar el próximo año fiscal y el próximo, a perpetuidad. Es necesario que se establezca una estrategia de asignación de fondos recurrente desde el Estado y que se reconozcan los albergues como servicios esenciales. Eso es lo que no está pasando”, apuntó León Morales.
La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, no estuvo disponible para contestar las interrogantes de la Unidad de Género.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
Descartada otra iniciativa para paliar la crisis
En medio del crítico panorama, esta semana en que se conmemoró el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Legislatura le asestó otro golpe a los albergues. La Comisión de Hacienda del Senado despachó con un informe negativo la Resolución Conjunta 0011, que buscaba asignar $1 millón del Fondo General del presupuesto de gastos del gobierno a las organizaciones que integran la Red de Albergues para aliviar la crisis fiscal. La medida legislativa fue presentada en enero de 2025 por la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Ada Álvarez Conde.
En el informe negativo, la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla Alvelo, se amparó en que la pieza legislativa ordenaba una asignación de fondos sin una partida “identificada” en el presupuesto y que la Junta de Control Fiscal controla el gasto público en Puerto Rico mediante la aprobación de planes fiscales y presupuestos certificados.
“La Comisión tiene la responsabilidad de evaluar cuidadosamente cada medida que se nos presenta a consideración procurando la justicia y el bienestar de los ciudadanos. No obstante, resulta igualmente necesario mantener el enfoque en el plan fiscal de Gobierno, actuando con prudencia en la formulación de conclusiones y decisiones”, dijo Padilla Alvelo, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Frustrante impacto en el trabajo de proteger vidas
“Nos sentimos que nos han dejado solas, no solamente a las mujeres, sino también a las organizaciones que estamos ahí dando esta batalla”, expuso Lenna Ramírez Cintrón, directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, en entrevista con la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
En Casa Julia, señaló, se han afectado áreas como los servicios de educación y prevención, por la necesidad de reducir horas del personal. En otras áreas, personas que han renunciado no han podido ser sustituidas. Muchos, dijo, “son unos servicios que se dan a cualquier hora del día porque la violencia no nos avisa, la violencia no se detiene”. Los alimentos de las participantes, que eran cubiertos con los fondos federales, ahora son costeados con el dinero que recauda la organización, quedando desprovistas otras áreas operacionales, señaló. Además, mientras el País acaba de enfrentar una epidemia por influenza, la entidad también ha tenido que asumir la compra de material de higiene y desinfección, que antes estaba cubierto por la partida perdida.
“Decir que la vida de las mujeres importa se tiene que accionar, tiene que haber una política pública clara y tiene que ser una prioridad dentro de los presupuestos. Dentro de las conversaciones del Gobierno y dentro de los planes de acción, se tiene que trabajar para que estos servicios continúen”, reclamó Ramírez Cintrón.
Recalcó que la responsabilidad de atender un problema de violación de derechos humanos, de salud pública y de justicia, como lo es la violencia de género, corresponde al Estado.
“No pueden seguir delegando la responsabilidad en las organizaciones que de por sí somos las primeras respondedoras. Estamos en las crisis, estamos en las emergencias y hacemos mucho con muy poco. Hay un reclamo de estabilidad de los servicios para que las mujeres sepan que, cuando necesitan, hay respuestas y hay estabilidad. Para nosotras como organizaciones dedicadas a esta problemática que es tan compleja, también es importante saber que hay un Gobierno y un país que las respalda y que cree que la seguridad de las mujeres debe ser un derecho garantizado”, subrayó Ramírez Cintrón.
Casa Julia fue el primer albergue para mujeres víctimas de violencia de género en Puerto Rico y el Caribe, fundado en 1979 por las lideresas feministas Mercedes Rodríguez López y Mary Anne Maldonado. En 2025, dio refugio a 409 mujeres y niños. Además, con sus iniciativas de prevención y educación, impactó a otras 4,107 personas alrededor de la Isla.
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres no concedió una entrevista a la Unidad Investigativa de Género. El 4 de marzo envió un comunicado de prensa indicando que su agencia distribuiría otros $11,404,201, no recurrentes provenientes del Victim Assistance Formula Grant Program (VOCA en inglés). Sin embargo, para acceder a estos fondos estatales y federales los nueve albergues —con probada experiencia y únicos en ofrecer servicios de emergencia a sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico— tienen que competir con otros organismos, algunos de reciente creación.
Los fondos VOCA están destinados a apoyar a entidades gubernamentales, municipios y organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios en general a víctimas de delito en Puerto Rico.
Las reducciones en las asignaciones también han alcanzado al Hogar Ruth, cuyo albergue de emergencia recibió un recorte sustancial de 59% de los fondos VOCA el pasado año. De unos $361,000 que recibían con anterioridad, en 2025 sólo recibieron $149,000, dinero que le alcanza hasta el 31 de este marzo.
Lisdel Flores Barger, directora ejecutiva de Hogar Ruth, explicó que la asignación de fondos VOCA no cubre gastos administrativos ni de mantenimiento de las instalaciones, sino el servicio directo a las participantes, incluyendo salarios de las trabajadoras sociales, facilitadoras, psicólogas, abogadas y empleadas de mantenimiento del refugio.
A la directora ejecutiva del Hogar le llama la atención que, ante la limitación de recursos, el Departamento de Justicia no priorice en la distribución de los fondos existentes a las organizaciones que tienen una probada trayectoria en cuanto a la calidad de los servicios que presta y en el manejo fiscal del fondo.
“No estoy menospreciando el servicio de nadie. Simplemente es quién y cómo se toman esas decisiones y qué medidas utilizan para no descapitalizar a los albergues”, cuestionó Flores Barger, quien es una trabajadora social con 17 años de labores en el albergue.
De cara al 31 de marzo, Hogar Ruth lucha por su propia sobrevivencia. “Si los albergues tuvieran que cerrar, habría más muertes de mujeres y consecuencias devastadoras. Nosotras no podemos darnos el lujo de cerrar nuestras puertas. No me perdonaría que una mujer muera porque Hogar Ruth esté cerrado”, afirmó.
“La organización está haciendo esfuerzos para conseguir otras fuentes de ingresos, está trabajando duramente con los donativos que está recibiendo para poder garantizar las prestación de servicios, pero hay algo que al Estado se le olvida o pierde de perspectiva: nosotros tenemos la responsabilidad de mantener nuestras operaciones y la administración de nuestras organizaciones, pero el Estado tiene la responsabilidad ineludible de dar un servicio directo a las víctimas del crimen, de velar por su seguridad y protección”, acentuó la portavoz de Hogar Ruth.
La directora del Hogar Ruth recordó que los datos del Observatorio de Equidad de Género colocan a Puerto Rico en segundo lugar en feminicidios en América Latina, con una tasa de cinco feminicidios por cada 100,000 mujeres, solamente superado por Guatemala. A pesar de ello, los servicios que prestan los albergues para sobrevivientes de esa violencia no son reconocidos como un servicio esencial “y por eso, no estamos consideradas en el presupuesto del país para tener fondos recurrentes, que es lo que debería pasar”.
Mencionó una conversación que tuvieron representantes de los albergues a principios de febrero con la secretaria de Justicia.
“Ahora queda en las manos de ella, porque entendemos que la Junta de Control Fiscal no quiso aprobar unos planes de trabajo que tanto ella como la Procuradora de las Mujeres les presentaron para subsanar este déficit”, acentuó Flores Barger.
“Yo no puedo decirle a una víctima de agresión sexual que está recibiendo los servicios psicológicos: ‘lo siento mucho, al 31 de marzo, no voy a seguir brindándote el servicio’ y a Dios que reparta suerte. Eso es falta de empatía y de sensibilidad, es no entender el modelo basado en el trauma y es fallarle a una persona que abrió una Caja de Pandora emocional y dejarla a la deriva. No me cabe en la cabeza cómo es que las agencias y el Estado no entienden esto: hay prioridades. Yo no puedo apagar el switch a una sobreviviente y decirle que el 31 de marzo se acaban sus servicios psicológicos”, remachó la directora ejecutiva de Hogar Ruth.
Desvestir un santo para vestir otro
La presidenta de la Junta de Directores de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género advirtió, por su parte, que algunos albergues no han podido renovar contratos de personal por el impacto de los recortes, y otros, para no afectar la continuidad de servicios, han decidido cubrir el déficit con su fondo general, “descapitalizando” a la organización.
“Otros han tenido que disminuir la capacidad [de mujeres] que pueden albergar porque si no tienen el personal completo no pueden llenar todas las camas. Esa reducción se da porque cuando se recibe a una familia en un albergue tiene que haber un personal dedicado que va acompañar a esa familia. Hay unas facilitadoras que van a ejercer ese rol, hay unas trabajadores sociales que van a hacerse cargo de ese caso y tienen que desarrollar un plan de trabajo. Hay toda una serie de servicios que va a recibir la familia y si la plantilla no está completa tienen que disminuir la cantidad de familias que reciben porque no se va a poder dar los mismos servicios a todas. Además, hay unos asuntos de seguridad dentro del espacio”, explicó León Morales.
En 2025, los nueve albergues acogieron a 570 sobrevivientes y menores de edad y en 2024, atendieron a 589 sobrevivientes y menores de edad, lo que representa una reducción de 3%. En ambos años, los incidentes de violencia doméstica registrados por el Negociado de la Policía fueron más de 8,000.
Consignada la falta de diligencia
En mayo del año pasado, la Unidad Investigativa de Género abordó a la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, sobre lo que, en ese momento, era una propuesta del Gobierno de Donald Trump de recortar fondos federales dirigidos a organizaciones que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género.
Lee aquí: Sin plan claro ante recortes a servicios a sobrevivientes de violencia de género
La Procuradora no tenía un plan claro. “No quisiera que nos alarmáramos. Se está proponiendo una baja bastante significativa, pero como conozco el proceso, no quisiera que nos alarmáramos, porque sé que esos números van a cambiar”, dijo entonces.
Señaló, además, que había solicitado a la Legislatura de Puerto Rico un aumento en la asignación del presupuesto de su oficina, de $4.6 millones a $9.6 millones, aunque la asignación terminó siendo de $5.3 millones.
Impulsan propuesta para allegar fondos recurrentemente
En un esfuerzo por asegurar fondos recurrentes, la presidenta de la Junta de Directoras de la Red de Albergues de Violencia de Género mencionó que en semanas recientes presentaron a la Secretaria de Justicia y a la Procuradora de las Mujeres la propuesta de la Red de Albergues “Vida Segura”, que busca imponer un gravamen de 5% a la venta de armas de fuego para allegar fondos permanentes a los albergues de violencia de género y violencia sexual. Reconoció que ninguna de las dos funcionarias expresó su opinión sobre la propuesta, pero se comprometieron a evaluarla y dijeron que examinan otras alternativas.
Según los estimados de la Red de Albergues, el impuesto propuesto produciría cerca de $1 millón de dólares al año.
“Los albergues siempre han corrido con mucha precariedad debido a la inestabilidad de la asignación de fondos, ya que no hay fondos continuos asignados”, sostuvo León Morales al defender el sugerido impuesto.
Algunos sectores feministas han planteado que la propuesta de la Red es contradictoria, pues existe consenso de que se debe legislar para limitar aún más el acceso a armas de fuego. Sin embargo, la trabajadora social la defendió a partir de la experiencia en Estados Unidos y otros países que han implementado medidas similares.
“Históricamente, los impuestos se han utilizado como una forma de disminuir el uso de algo. Por ejemplo, en Estados Unidos y Puerto Rico, el impuesto a los cigarrillos es una manera de hacer más inaccesible el producto y al mismo tiempo generar un ingreso que apoye a personas con cáncer. Pasa lo mismo con el alcohol. En la gran mayoría de los países y estados, las arcas se llenan por medio de impuestos”, estableció León Morales.
Dijo que el propuesto impuesto a la Ley de Armas se ha implementado en lugares como el estado de Colorado, donde se proyecta que el gravamen genere $39 millones en recaudos anuales.
“Esperamos que se cree conciencia sobre el rol que juegan las armas de fuego en el proceso de la violencia de género, particularmente, los feminicidios en Puerto Rico y que se pueda establecer un impuesto que apoye la continuidad de servicios a las víctimas de violencia de género”, sostuvo al agregar que presentarán la propuesta formalmente a senadores y representantes.
León Morales explicó que la propuesta Vida Segura, que promueve la Red, busca conseguir fondos de manera continua.
Estimó que para que un albergue pueda operar de forma óptima requiere de un presupuesto mínimo anual de unos $2 millones. Hoy día, la mayoría opera con presupuestos de menos de $500,000, señaló León Morales
La Presidenta de la Junta de Directoras de la Red explicó que los albergues procuran garantizar a las víctimas acceso continuo a servicios terapéuticos, servicios legales y de intercesoría, así como servicios psicosociales tanto a las madres como a sus hijos menores de edad. Especificó que dos de los albergues cuentan con programas de desarrollo infantil con la corriente pedagógica Montessori para atender las experiencias adversas de la niñez y revertir o minimizar el impacto del trauma. Además, señaló que, una vez se atiende la situación de seguridad y se estabiliza a las sobrevivientes, hay albergues que cuentan con programas de vivienda temporera o permanente.
León Morales agregó que algunos de los albergues ofrecen programas de servicios ambulatorios para las sobrevivientes y que los nueve centros de servicios están ubicados “en todos los puntos cardinales” de Puerto Rico.
Oposición a la existencia de albergues como negocio privado
Y mientras los albergues hacen de tripas corazones para ayudar a las víctimas sobrevivientes, en medio de los recortes presupuestarios, La Fortaleza presentó una pieza legislativa en 2025 para delegar la responsabilidad de acoger a las sobrevivientes de la ola machista mediante acuerdos de alianzas público privadas. A pesar de la objeción de la Red de Albergues, la Oficina de Procuraduría de las Mujeres avaló la propuesta.
Al rechazar la medida, la Red de Albergues advirtió que los proyectos de alianza público privadas pueden comprometer los servicios gratuitos que reciben las sobrevivientes, los fondos federales que reciben los albergues y afectar la seguridad de las víctimas.
La controvertible pieza de administración de ley fue aprobada el año pasado en el Senado (PS 430), con el rechazo de las minorías legislativas. En abril de 2025, fue remitida a la Cámara de Representantes, bajo el número PC 415, donde parece estar detenida en la Comisión de Gobierno.
