Fotos por Gabriela Hance Villanueva
A espaldas del pueblo, por descargue y sin ser evaluado en vistas públicas, la Cámara de Representantes aprobó este martes el controvertible Proyecto del Senado 923. La medida busca enmendar el artículo 92 del Código Penal para incluir al concebido no nacido, en cualquier etapa de gestación, como un ser humano en la definición de asesinato.
La Cámara le introdujo enmiendas menores al lenguaje, por lo que el proyecto regresa ahora al Senado para que sea ratificado y remitido para la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón. La medida de administración (el Ejecutivo), fue aprobada en el Senado el pasado 14 de enero, también sin discusión pública.
La representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez —quien votó en contra del proyecto— no tenía muchas expectativas de que la medida recibiera un trato diferente al que tuvo en el Senado. “Lamentablemente, la Cámara ha servido como sello de goma a muchos de estos proyectos”, denunció la legisladora independentista.
Movilización feminista
Poco antes de que bajara a votación el proyecto, feministas, abogadas, médicas, legisladoras y lideresas de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y civiles se unieron a la coalición Aborto Libre Puerto Rico, en la escalinata norte del Capitolio, para denunciar que la pieza constituye un atentado contra la autonomía de las mujeres, personas gestantes y genera una gran confusión legal en el país.
“Insistimos en que el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico y afirmamos que las decisiones que tomamos la mujeres y las personasa gestantes sobre nuestros cuerpos están protegidas por un derecho superior al Código Penal. Nuestro derecho constitucional a la intimidad y a la dignidad humana va por encima de cualquier intento de la legislatura de erosionar nuestros derechos y nuestras acciones”, afirmó la profesora de derecho, Yanira Reyes Gil, una de las portavoces de Aborto Libre.
La abogada sostuvo que la intención de la propuesta legislativa es crear un estado de confusión que afecta los derechos de las personas gestantes. “Los propios proponentes se contradicen en cuanto a si el proyecto es necesario o incluso a qué circunstancias aplica. La misma gobernadora declaró públicamente que el proyecto era innecesario, que se había redactado antes de la aprobación de la Ley Keishla Madlane (Ley 166) y dijo que lo retiraría. Horas después cambia de posición por presión del presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz”, explicó Reyes Gil.
“No se puede jugar políticamente con nuestros derechos. La aprobación de leyes que perjudican nuestros derechos y acceso a la salud, por maniobras político partidistas y sin participación ciudadana, es un afrenta a la democracia”, recalcó Rosa Seguí, otra abogada de la coalición Aborto Libre.
Impacto en la salud y la práctica médica
La salubrista Mayra Díaz Torres y la doctora residente en medicina de familia Enid Quintana alertaron que esta medida legislativa, de convertirse en ley, crearía confusión tanto en las embarazadas como en la clase médica.
“Aunque el proyecto no provoca un cambio directo en el derecho al aborto, crea un estado de consusión, no solo en las personas embarazadas que pueden temer ir en busca de atención médica necesaria por miedo a que se les acuse en procesos de abortos electivos, espontáneos o de enfermedad de la paciente, sino también confunde a la clase médica sobre hasta dónde pueden actuar de manera segura y si su práctica puede comenzar a ser criminalizada”, subrayó Díaz Torres, quien, además, recordó que cada proceso de embarazo se da en circunstancias únicas y personales.
“Practicaríamos la medicina no solo bajo la amenaza de que ahora un tercero puede representar al óvulo fecundado bajo la Ley 183, sino que a eso le sumamos este proyecto que declara asesinato la muerte de un cigoto. Ya el presidente del Colegio de Médicos advirtió que se practicará la medicina defensiva y que prevé que muchos médicos dejarán de atender pacientes embarazadas, en un país donde ya hay una crisis por falta de médicos especialistas y obstetras”, expresó la doctora Quintana.
Advierten sobre retrocesos en derechos
Para la abogada Josefina Pantoja, de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), la propuesta “más que una amenaza es algo ya concreto de menoscabar los derechos de las mujeres y las reivindicaciones que hemos alcanzado por tantos años con proyectos innecesarios”.
Pantoja aseguró que detrás de la aprobación de estas medidas se esconde la convicción de legisladores de restringir la salud sexual y reproductiva de las mujeres y sus decisiones autónomas, protegidas por la Constitución de Puerto Rico y la jurisprudencia local.
“Esas actividades partidistas, politiqueras y retrógadas de la Cámara y del Senado, sobre todo del presidente del Senado —a la cual se ha unido la gobernadora de Puerto Rico—, amenazan con restringir, con eliminar, el derecho al aborto, que sigue siendo legal, pero que con toda esta confusión creada con esta legislación pone en riesgo el que las mujeres tomen decisiones necesarias para su salud sexual y reproductiva. Nos toca ponerlo todo en la calle para defender lo que por tantos años nos ha costado tanta lucha”, remachó Pantoja.
La socióloga y profesora Alice Colón destacó, a su vez, que hay “una agenda conservadora” del Partido Nuevo Progresista (PNP), para restringir el aborto y atraer en las urnas a esos sectores conservadores.
La directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau, en tanto, puntualizó que aunque el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico se busca “crea una atmósfera de confusión, sobre todo, donde los proveedores de servicios y las mujeres no se atreven a recibir o dar los servicios de salud a los que tenemos derecho”.
La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Vivian Godineaux Villaronga, apuntó que desde 2025 “hemos estado teniendo un retroceso en derechos con una agenda conservadora que está impactando derechos adquiridos”.
Llamados a la acción
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Puerto Rico, Liza Gallardo Martín, denunció que este tipo de medidas constituyen una violación consistente de derechos humanos. “Me encantaría que las mujeres tomen un segundo y se detengan a ver lo que está sucediendo en esta legislatura en contra de sus cuerpos. El llamado a las mujeres es a despertar porque esta es una guerra contra nuestros cuerpos, y lo más nefasto es que es una guerra de un partido político por mantener el poder”, aseveró Gallardo Marín.
Durante la actividad, celebrada a pleno sol del mediodía en la llamada Plaza de la Democracia de la Casa de las Leyes, participó un nutrido grupo que coreaba diversas consignas al son de plena, entre ellas: “Tanta vanidad, tanta hipocresía, Jenniffer miente a las mujeres, las engaña todos los días”.
La senadora del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón y los exsenadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, entre otros líderes y lideresas, participaron en el piquete convocado por Aborto Libre Puerto Rico.
“El PNP no esconde que su intención ulterior es la criminalización total del derecho de las mujeres a decidir. Auque hay que subrayar que el aborto sigue siendo legal y seguiría siéndolo aún con la aprobación de esta medida, la realidad es que hay disposiciones que son totalmente inconsistentes. Si este proyecto se convierte en ley y se ve de forma aislada, constituye sí, en la versión que hemos visto hasta ahora, la criminalización del aborto. Lo que evita esa interpretación tan tajante son las disposiciones que se han incluido en las series anteriores”, dijo la senadora Santiago Negrón.
“Hasta ahora lo que están logrando en las mujeres es el efecto disuasivo de generar un gran sentido de inseguridad; también sobre las personas que practican la medicina… Ese peligro está ya”, agregó la senadora.
Bernabe Riefkohl, por su parte, reiteró que este proyecto no viene a resolver ningún problema en el país porque es uno “inventado”. “No hay en Puerto Rico ninguna crisis social, moral ni económica ni de ningún tipo porque exista ese derecho”, puntualizó.
El PS923 fue aprobado en la Cámara de Representantes con 33 votos a favor, diez votos en contra, dos abstenciones y hubo ocho legisladores que no votaron.
