“Injusticia”, “prejuicio” y “abuso” son algunas de las palabras que resuenan cuando las comunidades en Loíza discuten sobre la seguridad pública. Sus conversaciones parten de experiencias en las que la Policía ha sido inefectiva y, muchas veces, violenta en sus intervenciones.
Con la intención de indagar en esta problemática, la organización Taller Salud condujo, bajo su iniciativa Paz y Desarrollo, un estudio comunitario de seguridad pública en el que documentó la perspectiva que tienen las personas que residen en el municipio con relación a la presencia policiaca y su rol como entes de protección.
Para la investigación, se recolectó un total de 473 formularios entre 42 comunidades. Entre los hallazgos, destaca el desfase que existe entre lo que el gobierno de Puerto Rico pretende que sea la seguridad pública y lo que las comunidades afectadas por la violencia estructural y comunitaria experimentan.
“En nuestra experiencia, las formas de construir seguridad están, a veces, un poco distanciadas de lo que nos han dicho que es la seguridad”, expresó la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez.
En la Ley 20-2017, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, se establece que la seguridad pública es “[…] un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y residentes para poder gozar del libre ejercicio de sus derechos de forma segura”.
En contraste, las comunidades loiceñas definen la seguridad pública como “un estado de tranquilidad, donde las necesidades básicas están cubiertas, y los conflictos se resuelven por medio de la medicación y la reparación del daño. La misma está liderada por las propias comunidades”.
La seguridad gestionada por la comunidad
Un 55% de los entrevistados no confía su seguridad y la de su familia a la Policía, reveló el estudio.
El elemento de la comunidad es clave, pues, con la investigación, se encontró que existe un sentido de seguridad en las personas de Loíza, pero este sentimiento recae en los mismos residentes del municipio y no en agentes del gobierno. Sin embargo, los hombres son quienes expresan sentirse seguros en la mayoría de las situaciones en las que se presenta algún tipo de peligro.
En instancias de emergencia, solo un 31% de las personas encuestadas dijo haber llamado a la Policía. Algunas de las expresiones documentadas fueron: “lo resolví yo mismo”, “no dependemos de los guardias porque ellos llegan tarde”, “[…] no hacen bien su trabajo y pienso que se quedaría en investigación y no daría resultado llamarla” y “no me caen bien”.
Por estas razones, algunos casos en los que puede haber violencia no llegan a la Policía, pero son atendidos, en ocasiones, por organizaciones comunitarias. Taller Salud, por ejemplo, cuenta con una persona denominada como mediador de conflictos o interruptor de violencia que se encarga de establecer comunicación entre los individuos que tengan algún tipo de desacuerdo en la comunidad. Este rol se estableció para que existiera una manera eficaz de reparar daños y evitar que diversas situaciones se convirtieran en violentas.
Pesan las experiencias de abuso policiaco y violencia racista
A su vez, en el análisis halló un consenso de las comunidades loiceñas en torno al abuso de las fuerzas de seguridad de la Policía en Loíza. Las personas detenidas o cuestionadas, que en su mayoría son hombres negros y afrodescendientes, reportaron haber recibidio tratos abusivos y hostiles de la Policía, como gritos, palabras obscenas e insultos. Asimismo, señalaron maltrato físico manifestado con empujones, halones y golpes.
“Ser de barrio y ser de Loíza no es sinónimo de ser bandido”, enunció el joven artista Shalim Colón Aponte, quien se ha convertido en portavoz de Paz y Desarrollo.
En el 2021, Cólon Aponte fue víctima de una interacción violenta con cuatro policías mientras corría bicicleta por Miñi Miñi, comunidad en Loíza en la que reside.
Contó que recuerda ver a una patrulla acercarse demasiado hacia él. Cuando uno de los guardias abrió la puerta, hizo que Colón Aponte se cayera de su bicicleta. Los cuatro agentes se bajaron con armas en mano y le cuestionaron que quién administraba el punto de drogas, quién era el que controlaba el área y que dónde estaban las armas.
A manera de persuasión, los policías le dijeron que si contestaba, lo sacarían del barrio y le darían una mejor vida. Colón Aponte, menor de edad, respondió diciendo que no lo podían entrevistar sin un adulto presente. Los agentes le dijeron que se pusiera una camisa y que esperaban verlo al día siguiente en la escuela.
Colón Aponté contó haberse sentido enojado por la presunción injustificada de la Policía de que él era un “maleante”.
Con la ayuda de Taller Salud y el grupo de varones de Loíza, La Tribu, el joven articuló su frustración en su canción “Justicia Pa’ Mi Barrio”, en la que denuncia las insuficiencias del gobierno, el abuso policiaco y el sistema carcelario del país.
“Esta canción me ayudó a explicar que nosotros, los jóvenes, también tenemos derechos, y es importante que [el gobierno] nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones que afectan nuestras vidas”, puntualizó Colón Aponte.
Buscan ampliar el alcance
La investigación de Taller Salud fue reconocida por la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, quien comunicó que los hallazgos servirán como punto de partida para acercarse al tema de la seguridad pública de una manera que priorice a la comunidad.
“Se trata de buscar soluciones. Entre todos vamos a seguir formando el Loíza que queremos y que tanto merecemos”, sostuvo.
Taller Salud continúa recopilando datos sobre las perspectivas sobre seguridad pública y pretende ampliar su investigación a todo el archipiélago por medio de un cuestionario digital con la intención de llevar los hallazgos a las agencias gubernamentales e implementar los reclamos de las personas habitantes de Puerto Rico.
