“De mi Piñones quieren hacer un Condado,
dando la playa a los hoteles privados.
Como a Adolfina, ellos tendrán que sacarnos”.
-Siete Nueve (2007)
Canción: Desde hace tiempo
Entre todas las noticias actuales sobre los nefastos efectos de la Ley 60, incluyendo la falta de acceso a la vivienda, hay una historia que resalta por su crueldad.
Hace dos años, una empresa logró una orden de desahucio contra una mujer enferma y su familia, quienes han habitado el lugar por más de un siglo.
Ante el coraje que esto justificadamente provoca es fácil olvidar que hay una historia de resistencia de mujeres puertorriqueñas ante la continua amenaza de despojarnos de nuestra tierra para el disfrute de otros.
Hace casi medio siglo otro caso de desahucio de una mujer estremeció al país. Ese culminó en un asesinato.
Adolfina Villanueva Osorio marcó nuestra memoria colectiva y es un deber que Ramona Cruz Sanabria reciba la solidaridad necesaria para quedarse en su casa.
Su lucha por permanecer es también nuestro derecho colectivo de ser dueñas de esta tierra.
Adolfina
“Su desahucio todo el mundo lo comentó.
Justicia que en asesina se convirtió,
tronchando la vida humilde de una mujer:
la Ley aplicada mal deja de ser Ley”.
– Catalino “Tite” Curet Alonso
Canción: Desahucio
Era un viernes a las 10:00 de la mañana en el sector Medianía Alta de Loíza. Ese 6 de febrero de 1980, 15 policías rodearon por todas las esquinas una casa de madera y zinc portando armas largas.
Esta fue la culminación de un proceso de siete años, que inició cuando el cardenal Luis Aponte Martínez deseaba este terreno frente al mar para construir una casa de retiro de verano. La venta no se había completado porque el comprador exigió que la familia no viviera más allí.
La orden de desahucio se concretó a petición del terrateniente Veremundo Quiñones y fue aprobada por el juez Edgardo Márquez Lizardi. Ambos dijeron presentes en la ejecución.
Anclado en un histórico poblado de cimarrones, el terreno fue de la familia paterna de Adolfina por un siglo. La casita había sido ocupada por ellos durante 40 años.
Ella era una costurera de 36 años, y su esposo, Agustín Carrasquillo, un pescador de 37 años. El matrimonio tuvo seis hijos. Los dos más pequeños estaban presentes el día de los hechos, mientras el resto asistía a la escuela.
Esa mañana, Agustín había decidido no salir a pescar por el mal tiempo. Fue el primero en avistar la redada policiaca preparándose para entrar en su humilde hogar con su familia adentro. Un policía le advirtió que les sacarían “vivos o muertos”.
Alfonsina se negó a abandonar su hogar y a sus hijos. Sonaron 16 balas. Ella fue asesinada y su esposo fue herido de gravedad, pasó semanas en estado de coma.
La Policía alegó que ella sacó un machete y que actuaron en defensa propia. Agustín afirma que Adolfina se tiró encima de él para protegerlo de las bombas de humo y disparos, que ella nunca agarró ningún machete ni salió de su hogar.
Nadie fue acusado por el crimen.
La comunidad dolida encontró la manera de resistir. Bajo el manto de la noche derribaban lo que se construía de día para la nueva residencia del cardenal. Esto provocó que se detuviera la construcción en el terreno de Adolfina.
Ramona
“Cuerpo acribillado,
qué lección encierras:
para el pobre, ¡el cielo!
pa’l rico, ¡la tierra!”.
-Catalino “Tite” Curet Alonso
Canción: Desahucio
Era el 24 de julio de 2018 en el Tribunal de Aguadilla. La empresa Playa India S.E. presentó una demanda alegando que la finca 24,004 del Barrio Borinquen le pertenecía desde el 21 de julio de 1989.
Sin embargo, allí hay unas casas construidas en un terreno que le pertenece desde 1886 a otra familia. Las descendientes que allí residen son Ramona Cruz Sanabria, su esposo y hermanas, adultos mayores que rebasan los 60 años. Además, Ramona es paciente de cáncer y dos de sus hermanas padecen discapacidad intelectual.
El 8 de mayo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia ordenó su desahucio. Concluyó que la defensa de usucapión presentada por Ramona era inaplicable. Según la ley, si no se tiene posesión de un bien inmueble pero han pasado 20 años de ser vivido y cuidado, la residente pasa a ser dueña “sin necesidad de título ni buena fe”.
El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia y el Tribunal Supremo de Puerto Rico no quiso ver el caso.
En cualquier momento puede llegar una redada para ejecutar el terreno con otra inhumana orden de desahucio.
Esta vez, la comunidad ya está levantada en resistencia.
Nuestro pasado está presente: racismo y colonialismo
“Estamos hartas del sistema
Que criminaliza a las personas negras y pobres
Porque nos arrebatan el agua, el aire, el suelo”.
-Plena Combativa
Canción: El Tumbe
Los casos de Adolfina y Ramona no son separados, sino que forman parte de una realidad racista y colonial.
Racista porque no es casualidad que se expropió a una descendiente del centenario cimarronaje en una playa de Loíza por capricho de un líder religioso. En 1600, un decreto de la corona española ordenó que los esclavos fugitivos capturados fueran enviados a la costa loiceña. Tres siglos después, al volverse codiciado el ambiente, se le quiso despojar.
Colonial porque no es casualidad que se quiera desplazar a una familia puertorriqueña para construir en un terreno codiciado de Aguadilla para el disfrute de quien ahora puede costearlo con sus exenciones contributivas.
Sobre Adolfina y Ramona cuelga la mentira patriarcal que falsamente defiende la maternidad. Este es el trato real a una madre y a una abuela, cuando no se dejan conquistar su cuerpo ni su tierra.
Si esto es nuestro pasado, ¿qué podemos hacer hoy por Ramona y por Puerto Rico?
Puedes mantenerte al día con las siguientes organizaciones solidarias: Salvemos a Playuela y Colectiva Feminista en Construcción. (Desplazadas nunca más).
De parte de BoriFrases y Todas, gritamos: ¡Prohibido Olvidar: ADOLFINA! ¡Prohibido Permitir: RAMONA!
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Referencias:
Son cimarrón por Adolfina Villanueva, Edwin Reyes, 1987, Instituto de Cultura Puertorriqueña.
In Loiza the Fight for Property Rights Has a Long History, Isabel Sophia Dieppa, Kari Lydersen & Martha Bayne, 2018, Pulitzer Center.
Resolución Conjunta del Senado de Puerto Rico 492, 4 de abril de 2024.
