Ante la discusión pública sobre el Proyecto 184 para prohibir las “terapias” de conversión, especialistas en salud mental, trabajo social y derechos humanos avalaron la medida y desmintieron algunos argumentos que están siendo utilizados para que los senadores le voten en contra.
La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, presidida por el senador independiente José Vargas Vidot, comenzó ayer, miércoles, el primer día de vistas públicas para atender el Proyecto del Senado 184, que busca enmendar la Ley 408 (2000), conocida como Ley de Salud Mental de Puerto Rico, y enmendar la Ley 246 (2011), Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.
Esta pieza legislativa, presentada por Vargas Vidot, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), pretende ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de la “terapia” de conversión.
“El derecho no es neutral. (…) La esclavitud era legal. Los hombres podían violar a sus esposas. Las mujeres no tenían derecho a nada en el matrimonio. Las personas podían ser discriminadas en sus empleos por orientación sexual. Ahora, estamos aquí, tratando de que se prohíban por ley lo que ya todos los organismos mundiales de derechos humanos que tienen que ver con la conducta humana han dicho que no se puede hacer”, sostuvo Rivera Lassén en su última intervención hacia los deponentes.
En Puerto Rico, no es la primera vez que se intenta legislar un proyecto para prohibir estos actos de tortura, definidos así mundialmente por las organizaciones de salud. En el pasado cuatrienio, la exsenadora novoprogresista Zoé Laboy Alvarado, junto a Vargas Vidot y los exlegisladores Eduardo Bhatia Gautier, Juan Dalmau Ramírez y Miguel Pereira Santiago, presentó el Proyecto 1000 (2019) para prohibir estas prácticas. La medida fue colgada en la Cámara de Representantes.
Algunos de los argumentos en contra y tergiversaciones fueron presentados en la vista pública como parte de la agenda fundamentalista religiosa de algunos deponentes y senadores más conservadores:
“Con mis hijos, no te metas”
Desde afuera del Capitolio, manifestantes utilizaron pancartas que leían esta frase autodefensiva, dando a entender que el proyecto 184 intenta criminalizar a los padres y destruir a la niñez. Estos son los principales argumentos para tergiversar el proyecto y que no sea aprobado en la Asamblea Legislativa.
“Este proyecto 184 que a nuestro juicio atenta, directamente, con el principio de libertad religiosa y de conciencia, incluyendo el derecho de los padres para procurar el mejor bienestar de sus hijos”, sostuvo el líder religioso René Pereira Morales, fundador de Puerto Rico por la Familia, en su ponencia.
El psiquiatra y neurólogo José Franceschini explicó en un turno anterior que ha atendido pacientes cuyos padres consideraban la homosexualidad como una enfermedad o anormalidad que había que modificar.
“Los estudios demuestran que los padres que no acepten a sus hijos por su orientación sexual, son esos hijos los que más desarrollan enfermedades mentales. La inmensa mayoría de los presentes nos hemos criado en una cultura homofóbica desde muy pequeños”, explicó Franceschini en la primera ponencia de la vista.
Asimismo, el doctor citó un estudio, presentado en junio 2020 a las Naciones Unidas, que reflejó que el 90% de todas las terapias de conversión son en personas menores de 24 años y la cifra para menores de 18 años es de 50% de todos los que son sometidos a “terapia” de conversión.
La medida reconoce que “el gobierno tiene un interés genuino en proteger el bienestar físico y psicológico de las personas, en especial a sus menores, y en evitar su exposición a serios daños, producto de tratamientos pseudocientíficos, y esfuerzos que puedan incidir adversamente en su salud mental”.
“La homosexualidad es una decisión. Se puede cambiar”
El psiquiatra desmintió este planteamiento y recalcó que hay bastante evidencia científica que demuestra que ser homosexual no es una decisión y, menos, una enfermedad.
“Muchos pacientes llegan a la oficina deprimidos y hasta homofóbicos con ellos mismos. Es un conflicto sumamente serio y un proceso fuerte para reconocer cuál es la verdadera orientación sexual de la persona”, añadió.
Además, el doctor Franceschini insistió que “toda terapia que hace más daño que bien no se puede aceptar”. Este tipo de tratamiento no está avalado por ninguna organización mundial de la salud mental ni de derechos humanos.
Describió las terapias de conversión como un proceso de humillación que utiliza técnicas de aversión para indicar que no es una decisión correcta. Franceschini puntualizó que un profesional lo que ayuda, principalmente, es a que el paciente logre su propia aceptación y entienda “que no es culpa de él”.
“Son los padres los que deberían someterse a un proceso terapéutico para, verdaderamente, aceptar la orientación e identidad de su hijo”, recalcó Franceschini.
“Hay algo que convertir o reparar”
La vicepresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Lysdael Vega Otero, sostuvo que la “terapia” de conversión va en contra de los baluartes y principios profesionales del Trabajo Social como la defensa, la dignidad y la ampliación de los derechos humanos. Según el código de ética del Colegio de Trabajadores Sociales, ningún profesional del trabajo social puede mezclar sus creencias religiosas con sus servicios.
“Las terapias de conversión son violentar la dignidad humana mediante un proceso que lo que hace es provocar angustia y temor sobre su proceso de definir su orientación social”, expresó Vega Otero.
El abogado y portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), Osvaldo Burgos Pérez, explicó que el término “terapia”, proviene del griego y denota “curación”. Argumentó que las “terapias” de conversión son todo lo contrario, pues se basan en “la patologización errónea desde el punto de vista médico de la orientación sexual y la identidad de género, lo cual se manifiesta a través de intervenciones que causan grave dolor y sufrimiento y provocan daños físicos y psicológicos”.
Burgos Pérez enfatizó en la importancia de definir, correctamente, todas las modalidades de las “terapias» de conversión”. Asimismo, afirmó que estaban contempladas en el Proyecto 184.
“El concepto ya le inculca a la persona que hay que corregir algo. Estamos objetando la definición de ese concepto”, precisó, por su parte, el senador Bernabe Riefkohl.
“La definición de las terapias de conversión en el proyecto es muy amplia” (senadora Joanne Rodríguez Veve)
El argumento principal que utilizó la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, para oponerse a la medida es que la definición de las “terapias” de conversión es muy ambigua. Afirmó estar en contra de la tortura, pero entiende que este proyecto puede atentar contra los derechos de los padres a orientar a sus hijos respecto a su orientación sexual.
Sin embargo, los autores de la medida recalcaron que su proyecto posee una definición reconocida por organizaciones avaladas y está lista para utilizarse en un foro legal para proteger los derechos de las víctimas de estos procedimientos.
El Proyecto 184 define las terapias de conversión como “aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional dedicado a proveer servicios de salud mental o cuidado de menores, que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en una persona. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de una persona, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía personas del mismo género”.
“Yo no recuerdo el cuatrienio pasado que se le alegara que la definición es vaga. Sin embargo, no entiendo este argumento porque más claro no puede ser. Sencillamente, toda terapia o tratamiento que pretenda cambiar la orientación sexual de una persona”, sostuvo Laboy Alvarado.
Por su parte, la abogada y directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, expresó que avala el proyecto porque es claro y abarcador en términos de derechos humanos.
“Entiendo que el lenguaje del proyecto es claro. No es vaga la definición de las terapias de conversión. Es clara, completa y cumple con los parámetros internacionales. Incluso, ha pasado el cedazo de evaluación judicial. Mi opinión es que la definición no debería manipularse”, afirmó Pagán Jiménez.
“Al igual que el fenecido proyecto 1000 de Zoé Laboy, este es otro proyecto de encargo de los activistas radicales LGBTQ, dirigido a perseguir y a penalizar a los que no piensan igual que ellos” (pastor Pereira Morales)
Los defensores de estos procesos de conversión sostienen que este proyecto viene a adelantar una agenda de la comunidad LGBTTQI+ y, al mismo tiempo, intenta discriminar contra los grupos religiosos que encuentren que ser homosexual es pecado.
Mientras, los activistas de derechos humanos indicaron que lo que, esencialmente, pretende la medida es respetar la diversidad y comprender que ser homosexual es natural y no es algo que se tenga que cambiar.
“Cuando uno trata de cambiar esa norma, siempre va haber personas que les da miedo. Yo creo que lo que ocasiona la resistencia más que nada es el miedo al cambio porque siempre que hay miedo al cambio, hay alguien que va a perder privilegios”, insistió Rivera Lassén.
“Y si fuera una petición de esa comunidad, orgulloso estoy de presentarlo. Es nuestro deber como senadores y senadoras. No es vergonzoso eso”, recalcó, por su parte, Vargas Vidot.
“Nos parece sumamente alarmante que este proyecto 184 establece una visión de base ideológica y no científica, ni probada para tratar a menores con disforia de género” (Marta Caraballo, portavoz de Alerta Puerto Rico)
Un asunto que resaltó en la vista fue la confusión entre la identidad de género y la orientación sexual. Entre los argumentos desinformados sobre la medida, algunos deponentes hablaron sobre los bloqueadores hormonales para indicar que estos tipos de tratamientos también deberían ser prohibidos a menores, ya que consideran que son parte de una agenda ideológica de género.
Ante este argumento, legisladores enfatizaron que el proyecto se concentra en las “terapias” de conversión y que aún queda espacio para trabajar otras medidas para abordar otros temas respecto a la identidad y expresión de género.
“La identidad de género y la orientación sexual no son lo mismo. La orientación sexual hace referencia a la atracción física, romántica y/o emocional permanente de una persona por otra, en tanto que la identidad de género se refiere al sentido interno que una persona tiene que ser hombre, mujer o algo diferente. Las personas trans pueden ser heterosexuales, lesbianas, homosexuales, bisexuales o asexuales, del mismo modo que pueden serlo quienes no son transgénero”, compartió Burgos Pérez.
Por otra parte, en la ponencia de CABE se detallaron todas las asociaciones profesionales y científicas que se han expresado en contra de las terapias de conversión, entre ellas:
- American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
- American Academy of Pediatrics
- American Association for Marriage and Family Therapy
- American College of Physicians
- American Counseling Association
- American Medical Association
- American School Health Association, American Psychoanalytic Association
- American Psychiatric Association
- American Psychological Association
- American School Counselor Association and National
- Association of Social Workers
“El Proyecto 184 insiste en prohibir algo que no existe”
Otro de los argumentos para debatir este proyecto de ley es que las “terapias” de conversión no se llevan a cabo en la isla hace años. Sin embargo, en los últimos días, sobrevivientes de estos procedimientos han contado sus historias de resistencia y violación de derechos humanos.
Gustavo Villanueva fue un joven, de 28 años, que en el último panel de la vista contó sus experiencias con una psicóloga clínica que lo sometió a un proceso de conversión. El sobreviviente estuvo acompañado de los exsenadores Bhatia Gautier y Laboy Alvarado, quienes avalaron la medida que consideran un proyecto de avanzada para los derechos de la comunidad LGBTTQI+ y los menores en Puerto Rico.
Además, los autores de la medida insistieron en que debe prohibirse aunque se diera el caso de que ya no se realizara en la isla.
“Cuando esto no está tipificado en los estatutos y se pretende llevar un caso de este maltrato, entonces la defensa es que no está en el ordenamiento. Por lo tanto, el Estado no tiene que intervenir. (Este proyecto) obedece a una necesidad y un llamado de distintas organizaciones e identidades que han tenido que intervenir con las terapias de conversión y se encuentran con la barrera de que su Estado no tiene legislación o política pública establecida”, puntualizó Burgos Pérez.
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