Los colores verde, anaranjado, azul y violeta pintaron el cielo frente a dos grandes pañuelos que reposaban en las escalinatas del Capitolio, en San Juan. En los pedazos de tela, resaltaban las frases “Yo decido” e “Iglesia y Estado, asuntos separados”.
La campaña nacional de Aborto Libre, Seguro y Accesible de Puerto Rico convocó este lunes una manifestación para exigirle a la nueva Legislatura que proteja los derechos reproductivos y sexuales en Puerto Rico y se rijan por la separación de Iglesia y Estado, contemplada en la Constitución.
“Estamos dispuestos a defender los derechos sexuales y reproductivos y a dar las batallas que tengamos que dar para evitar que se trate de crear mayores violencias a las personas al tratar de negar derechos que son necesarios, principalmente, cuando hablamos de un asunto como es el derecho a la salud”, recalcó Michel Collado, portavoz de Aborto Libre.
Las personas que acudieron frente la sede de la Asamblea Legislativa corearon junto con integrantes de Plena Combativa varias consignas en defensa del derecho a decidir sobre sus cuerpos.
“Aborto libre para no morir. La que decide es esta, esta que está aquí”, repetían.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció legalmente el derecho al aborto luego del caso Roe v. Wade en 1973. En Puerto Rico, las personas gestantes, incluidas menores de edad, pueden realizarse un aborto. Aun antes de la decisión del Supremo estadounidense, en Puerto Rico se realizaban abortos, incluso a mujeres norteamericanas que viajaban a la isla para practicarse el procedimiento.
El derecho a terminar un embarazo no deseado se entrelaza con otros derechos fundamentales como la salud, la dignidad, la libertad, la intimidad, la privacidad y la no discriminación.
“Precisamente, hoy es el primer día de la sesión legislativa y para nosotras también el primer día de asegurar que los trabajos que se realicen en esta Cámara respondan a las necesidades de todas las personas”, sostuvo Mayra Díaz Torres, activista de Aborto Libre.
El Senado y la Cámara de Representantes tuvieron hoy, lunes, sus sesiones inaugurales en las que escogieron al nuevo liderato de cada espacio legislativo.
Entre los participantes de la manifestación, se encontraban los senadores Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
La protesta surge a propósito de la llegada de representantes y senadores electos pertenecientes a grupos fundamentalistas religiosos. Algunas de las legisladoras que se han expresado en contra del aborto han sido Joanne Rodríguez Veve y Lisie J. Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad (PD).
“Cuando se habla del aborto, hablamos de si queremos aborto legal o clandestino. El aborto clandestino mata a miles de personas al año alrededor del mundo. En Puerto Rico, no tenemos un problema de salud pública al respecto porque el aborto es legal. Estas legislaciones que buscan restringir el acceso al aborto lo que están planteando es un mayor problema de salud pública y eso es algo bien importante que tenemos que tener claro en el país”, insistió Collado.
Asimismo, las líderes feministas declararon que el aborto sigue siendo un derecho inaccecible para muchas personas que no poseen los recursos para costear un procedimiento médico que cuesta entre $250 y $1,000, dependiendo del tiempo de gestación.
“Hay una cuestión de acceso al aborto, acceso a las personas que no lo pueden pagar. Nosotras reclamamos que sea accesible, que sea gratuito, que sea diseñado de una manera que llegue a una persona que lo necesite. El estigma y los mitos que hay sobre la práctica lo que hacen es alejarlo de ciertas personas”, detalló Díaz Torres.
El género no garantiza la defensa de los derechos humanos
A pesar de que las mujeres lograron mayoría en el Senado de Puerto Rico, obteniendo más del 50% de los escaños con 13 candidatas, el género no representa una certeza para la protección de derechos adquiridos.
Las legisladoras de Proyecto Dignidad mantienen entre su agenda antiderechos las limitaciones a la práctica del aborto en la isla. La senadora Rodríguez Veve canjeó su voto a José Luis Dalmau como presidente del Senado a cambio de un compromiso de este de “darle paso a medidas para regular el aborto”, según publicó la nueva legisladora en sus redes sociales.
En el pasado cuatrienio, la exsenadora Nayda Venegas Brown propulsó un proyecto para limitar el derecho al aborto avalado por varios legisladores.
Del mismo modo, la exlegisladora María Milagros “Tata” Charbonier, acusada de corrupción, presentó el año pasado el nuevo Código Civil aprobado por ambas cámaras legislativas, que vulnera algunos derechos como el aborto.
En múltiples ocasiones, legisladores han propuesto proyectos a base de creencias religiosas que laceran derechos adquiridos de las mujeres y personas de la comunidad LGBTT que han luchado por décadas en defensa de la equidad.
“Nosotros queremos dejarle saber a la nueva legislatura que estamos alertas y combativas”, subrayó Collado.
En Latinoamérica, son pocos los países que han logrado legalizar el aborto; entre ellos, Cuba, Guayana, Guyana Francesa, Puerto Rico, Uruguay y Argentina. En el último país suramericano, la legalización fue declarada el 30 de diciembre pasado y fue celebrada como una victoria del movimiento feminista que se extiende como ejemplo e inspiración para toda la región.
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Exigiencias de Aborto Libre, Seguro y Accesible
- Desarrollo de política pública que garantice el acceso seguro, libre y gratuito a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, para todas las personas gestantes– incluyendo mujeres, hombres trans, personas queer y personas con útero, sin importar la raza, la edad, la clase, ni el origen nacional.
- Servicios de salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención y promoción de la salud y con acceso real y accesible a métodos anticonceptivos, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, entre otros.
- Servicios de salud inclusivos y dirigidos a las comunidades trans, no binarias y LGBTTQI+.
- Acceso a datos oficiales fiables que permitan establecer política pública inequívoca del Estado en relación a la salud sexual y reproductiva de las personas.
- La incorporación de educación sexual integral en las escuelas, universidades, en la calle y en las casas– basada en una perspectiva de género y que trabaje la salud sexual y reproductiva de una manera inclusiva y transversal.
- Impulsar campañas educativas sobre derechos y salud sexual y reproductiva, su carácter de servicio esencial de salud y las medidas adoptadas para garantizar el acceso a estos servicios tanto para la ciudadanía como para el personal sanitario en el contexto de la pandemia.
- Mantener y promover legislación y política pública que garantice una vida libre de violencias a las mujeres y personas LGBTTIQ+
