Seis personas no binarias nacidas en Puerto Rico presentaron la primera demanda contra el gobierno puertorriqueño, ante el Tribunal Federal, para que se les permita enmendar el certificado de nacimiento para que refleje la identidad de género no binaria con una “X”.
El anuncio se hizo, este lunes, en la oficina de Amnistía Internacional Puerto Rico, en Río Piedras. La organización defensora de los derechos humanos y la equidad está respaldando al grupo, que es representado por la abogada Johanna Emmanuelli.
“Es necesario que las oficinas gubernamentales reconozcan mi identidad como legítima, tal como lo hace el gobierno federal, para que mis documentos legales se alineen con quien soy y así evitar violencias e incomodidades en todos los procesos y espacios que uno tiene que llevar a diario”, argumentó André Rodil, gestore cultural y parte del grupo demandante.
“Como el Estado nos requiere documentos para poder llevar nuestras vidas a cabo, nosotres necesitamos que el Estado entonces valide nuestras identidades para poder llevar nuestras vidas a cabo”, agregó Rodil.
La iniciativa fue iniciada por Ínaru Nadia de la Fuente Díaz, luego de que cambió el marcador de género de su pasaporte a “X”, como lo permitió el Departamento de Estado de Estados Unidos a partir de abril de 2021.
“Llevaba muchos años intentando que se me validara mi género ante el Estado”, contó sobre lo que consideró como una oportunidad.
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Desde 2018, las personas pueden modificar su marcador de sexo en los documentos oficiales de Puerto Rico, tras la decisión del caso Arroyo González v. Rosselló Nevares, pero solo dentro del binario masculino y femenino.
La demanda se presentó el 27 de octubre, y plantea que la política del certificado de nacimiento de Puerto Rico discrimina contra las personas de género fluido y las no binarias al mostrar un sexo oficial distinto a su sexo verdadero.
“El certificado de nacimiento de Puerto Rico trata a las personas no binarias distinto a las personas cisgénero y transgénero”, lee el documento de 21 páginas, en referencia a las personas cis y a los hombres y mujeres trans. Aunque las personas no binarias son personas trans, su identidad de género no cae entre del binario hombre y mujer o masculino y femenino.
“La Política de Certificados de Nacimiento de Puerto Rico viola la Primera Enmienda al obligar a individuos a identificarse con un sexo y una identidad inconsistentes con quienes son… También, impide que las personas no binarias expresen con precisión su identidad”, argumenta el recurso.
Emmanuelli comentó que sobre 20 estados ya reconocen la identidad de género fluido o no binaria, al igual que lo hacen otros países.
“Mi mayor deseo es que generaciones que vienen luego de nosotres puedan vivir esa tranquilidad, sin vivir estos prejuicios que vivimos a diario”, comentó Maru Rosa, cofundadore de Closet Cuir. Agregó que este cambio también representa una oportunidad para “brindar a las presonas que no son parte de nuestra comunidad el conocimiento de quiénes somos, cómo somos y cómo deberían tratarnos”.
Gé Areidawani Castro, también confundadore de Closet Cuir, dijo que llegar con documentos con un peso legal y que el Estado le esté respaldando, le evitaría experiencias violentas y de invalidación al recibir servicios médicos.
Opinó que “ya nosotres ganamos porque el hecho de que nuestra voz sea escuchada y seamos visibilizades, no van a poder controlar la cantidad de oportunidades y bendiciones que vamos a abrir para nuestra comunidad”.
Las otras personas demandantes son Yeivy Vélez Bartolomei, y Deni Juste.
El recurso relata que, el 5 de julio, el grupo de demandantes, a través de Amnistía Internacional Puerto Rico, solicitó por escrito una enmienda a la Solicitud de Certificación de Cambio de Género para incluir una opción X. El 8 de septiembre, la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, respondió a través de un correo electrónico informal, negando la solicitud e indicando que, a falta de una decisión judicial o acción legislativa, no podían modificar el formulario para incluir la marca X.
“Nos dimos cuenta que no hay voluntad concreta de garantizar los derechos a las personas demandantes”, puntualizó Liza Gallardo, directora de Amnistía, sobre la movida.
El caso fue asignado a la jueza María Antongiorgi Jordán.
