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En medio de la pandemia por la COVID-19, el gobierno de Puerto Rico se apresta a permitir la reapertura de sectores económicos que ofrecen servicios en circunstancias propicias para el contagio. Al mismo tiempo, obliga a miles de personas, sobre todo a mujeres y madres, quienes integran la mayor parte de la fuerza laboral en el sector de servicios, a regresar a sus centros de trabajo sin ofrecer apoyo a sus necesidades particulares.
Sin la presencia de ni un solo salubrista, ni siquiera del secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano -luego se informó que se encuentra en cuarentena porque estuvo en contacto con una persona infectada-, ni tampoco de los miembros del task force médico que debía liderar las recomendaciones para el manejo de la emergencia en Puerto Rico, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció la implementación de una nueva orden ejecutiva a partir del próximo 26 de mayo.
Curiosamente, la página de Facebook que el task force médico creó para informar y educar sobre la pandemia dejó de publicar actualizaciones desde el 8 de mayo. Desde entonces, en silencio.
También ausente de la conferencia de prensa que se realizó en el Centro de Convenciones, cualquier representante de los intereses de la clase obrera del país, la que realmente queda expuesta bajo las nuevas medidas.
Sin embargo, en dos horas de comparecencia, la gobernadora cedió varias veces el micrófono a los empresarios que acaparan la mayor parte de los comercios del país y a líderes religiosos. Todos aseguran que sus cultos contarán con todas las medidas de protección necesarias para evitar el contagio. ¿Quién fiscalizará que eso sea así?
“El gobierno no necesita herramientas para hacer cumplir esta orden”, reclamó la gobernadora.
Así, abrirán los salones de restaurantes, iglesias, centros comerciales, salones de belleza y barberías. Los protocolos de reducción de riesgos de cada espacio son elaborados y “autocertificados” por cada empresario, y líderes religiosos, en el caso de las iglesias.
Insistió en que “hemos entregado a nuestros ciudadanos un Puerto Rico con un COVID controlado”. Sin embargo, sus declaraciones son falsas, engañosas o apuntan en la dirección contraria: el país no está listo para retomar las actividades comerciales.
“Hemos aplanado la curva, hemos entregado a los ciudadanos un Puerto Rico con el COVID-19 controlado”
Hace solo unas semanas, las pautas federales para la reapertura de los estados exigían al menos 14 días de casos en declive utilizando un método de prueba estandarizado para determinar las infecciones activas por el virus que provoca la COVID-19. Tan reciente como el 19 de mayo, hace apenas dos días, se reportaron 95 nuevos casos, 31 más que el día anterior.
El Departamento de Salud, en su dashboard, no incluye gráfica que permite comparar los casos nuevos reportados cada día y que permitiría visualizar las curvas epidemiológica. El aplanamiento de la curva que menciona la gobernadora no es visible; tampoco es real.
Por otra parte, el Departamento de Salud ha sido incapaz de implementar una estrategia consistente de administración de pruebas moleculares y serológicas, y de reportar los resultados de manera clara y precisa. Falta todavía un sistema confiable de rastreo de contactos.
El declive consistente en los nuevos casos, el sistema de rastreo de contactos y la estrategia de administración de pruebas moleculares son tres condiciones que señaló el task force médico que debían cumplirse para reabrir nuevos sectores de la economía.
El toque de queda se extiende hasta el 15 de junio
Sigue vigente 24 horas al día, siete días a la semana, el toque de queda para los ciudadanos. Solo se permite acudir a alguna cita médica, hospitales, laboratorios, centros de servicio médico hospitalarios; para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; o acudir a alguno de los establecimientos exentos para gestiones necesarias o de urgencia. El horario para salir de los hogares por alguna necesidad sigue de 5:00 a.m. a 7:00 p.m.
De esta manera, aun cuando se permite que entidades comerciales hagan su reapertura, el mayor peso de la emergencia continúa cobrando las libertades individuales. Hasta hoy, la Policía ha realizado 821 arrestos por violación a las órdenes ejecutivas.
“El toque de queda ha sido impuesto por decreto ejecutivo, lo que dista mucho de ser un ejercicio democrático o constitucional. Por tanto, el gobierno de Puerto Rico no puede seguir descansando en una medida que restringe derechos fundamentales para atender un asunto de salud pública. A más de dos meses del toque de queda, y sin que la rama legislativa haya actuado para validar este decreto, la medida no puede seguir extendiéndose indefinidamente. El toque de queda, su penalidad y la manera como se ha ejecutado en Puerto Rico, no es una estrategia de salubridad sino punitiva, que criminaliza a la población en general y vulnera las garantías democráticas del país”, ha dicho la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez.
Los comercios se “autocertificarán”
Mientras las personas fuera de su casa, aun manteniendo las medidas de protección y distanciamiento social se exponen a un arresto, los comercios “autocertificarán”, que sus operaciones cumplen con los protocolos recomendados.
Solo entre el 14 de marzo y el 29 de abril, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA, por sus siglas en inglés), recibió 680 querellas contra patronos relacionadas a la crisis por COVID-19, según reportó el Centro de Periodismo Investigativo. Algunos de estos patronos son miembros del mismo Task Force económico que promovió la reapertura de más actividades económicas.
Los trabajadores con riesgo de contagio o a cargo de cuidado de otros miembros de su familia que no regresen a trabajar perderán sus beneficios de desempleo
Esta afirmación hecha y confirmada por la gobernadora es el ejemplo más claro de un gobierno que da la espalda a las personas más vulnerables del país para permitir que sectores de gran poder económico continúen generando riquezas.
El mensaje durante las primeras semanas de la emergencia por COVID-19 fue “quédate en tu casa”, aun para aquellas mujeres que quedaban confinadas con sus agresores en sus hogares. En ese tiempo, la gobernadora y exprocuradora de las Mujeres, nunca esbozó el plan de atención que la emergencia ameritaba. Cayó sobre los hombros de las líderes feministas, directoras de albergues y organizaciones de base comunitaria un arduo trabajo de orientación, educación y atención que en primer lugar le correspondía al gobierno.
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Ahora, se urge la reapertura de la economía y se señala que quienes sean llamados por sus patronos a trabajar, aunque sientan temor de contagio, aunque no tengan con quien dejar cuidando a sus hijos o adultos mayores, perderán los beneficios del desempleo.
“No es una determinación que yo tome, esa es la ley. Como esa es la ley, nosotros vamos a implementar la ley. No vamos a propiciar actos que conlleven el desembolso de fondos federales de una manera incorrecta”, justificó Vázquez Garced.
No expuso, sin embargo, ninguna alternativa para atender las necesidades de cuido que caen principalmente, sobre las mujeres.
Estamos hablando de mujeres que sufrieron las primeras semanas la pérdida de sus ingresos, que apenas pudieron recibir los beneficios de desempleo, que asumieron las tareas de educar a sus hijos en casa y que ahora, deberán regresar a trabajar, aunque se sientan inseguras, aunque no tengan quien se haga cargo de sus hijos o exponiéndolos a ellos y a quien los cuide a un mayor riesgo de contagio.
“Ya necesitábamos abrir las iglesias”, dijo la pastora Elizabeth Rosado de Guidini, de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, en la Milla de Oro en Hato Rey
¿Por qué exactamente? Los cultos han continuado de manera virtual, así como las clases, las reuniones de trabajo, las conversaciones entre amistades. No existe ningún intercambio material indispensable que ocurra dentro del espacio cerrado de una iglesia que justifique la reapertura de las iglesias. Por el contrario, si algo ha quedado demostrado entre quienes tienen alguna creencia en alguna deidad en particular es que la espiritualidad es así mismo, espiritualidad, y que se puede seguir nutriendo a la distancia y en seguridad.
La pastora añadió que “la gente no se puede quedar con la pandemia del temor”.
“Hay que levantarlos, hay que tener esperanza y hay que confiar en el señor, que él va a estar a cargo de nuestras vidas”.
Levantar a la gente, tener esperanza y confiar en la divinidad de su preferencia no requiere una reunión en un espacio físico en medio de una pandemia.
“Hay tiendas que están operando hace tiempo y que nunca han dejado de operar, y eso no ha ocasionado un nivel de contagio mayor que haya causado un problema en el sistema de Salud”, dijo Adolfo González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños
La realidad es que no existe evidencia científica para sostener que personas no se han contagiado en las tiendas que han estado abriendo. ¿Cómo saberlo?
De otro lado, aunque el task force médico había recomendado que aún no se abrieran los centros comerciales, los de formato abierto podrán abrir para una ocupación máxima del 50% de su capacidad y los de formato cerrado, a razón de una persona por cada 100 pies cuadrados.
Resulta muy difícil imaginar cómo se cumplirá con esta orden, tanto en centros comerciales abiertos, como en los cerrados, que cuentan con múltiples entradas y salidas. La metodología no se explicó en la conferencia de prensa.
La gobernadora no proveyó total de pruebas moleculares practicadas
La gobernadora dijo que no tenía esa información. En varias ocasiones habló de los números según su “mejor recuerdo”.
Sin justificación clara la apertura de iglesias
Sobre el racional de permitir la reapertura de iglesias, pero no la congregación para conciertos y obras de teatro, considerando que los cultos también suelen realizarse en espacios cerrados, la gobernadora justificó la decisión en que “las iglesias tienen un derecho constitucional a reunirse”.
El derecho que está plasmado en la Constitución es a la libertad de culto, el cual puede protegerse en otros espacios fuera de la estructura física de un templo.
Los miembros del Task Force Médico “se excusaron”. “No pudieron comparecer”
Resulta muy poco creíble que ningún miembro del equipo de expertos en salud al que se le encomendó hacer las recomendaciones para el manejo de la pandemia en Puerto Rico pudiera comparecer a la conferencia de prensa.
Uno de ellos, el director del Departamento de Estadísticas y Epidemiología del Recinto de Ciencias Médicas, Juan Carlos Reyes, ofreció declaraciones a Caribbean Business con las que advirtió que todavía el país no está preparado para la reapertura de actividades que propicien la aglomeración de personas en lugares cerrados.
Visión económica que discrimina
Hablar de reabrir la economía implica aceptar que la economía estaba “cerrada”. Y eso no es del todo cierto. Mientras muchos comercios, establecimientos y centros de trabajo modificaron o detuvieron sus operaciones, muchas personas que pagaban por la realización de las tareas domésticas, como cocinar, limpiar, lavar ropa y cuidar de menores y adultos mayores, tuvieron que asumirlas como una jornada adicional. Porque cocinar, limpiar y cuidar personas es un trabajo que permite generar riquezas. Lo que pasa es que mientras ha recaído sobre los hombros de las mujeres en los hogares, sin paga alguna, ha carecido de valor ante los ojos de los economistas.
Esta también es una buena oportunidad para reconocer que el trabajo del hogar es indispensable para la supervivencia de las personas y que así debe ser valorado y remunerado.
