Vivimos en una época donde la intimidad viaja por WiFi. Las conversaciones que antes ocurrían en la sala de casa ahora suceden en mensajes directos, videojuegos en línea o redes sociales. Y aunque celebramos la tecnología como herramienta de conexión, también tenemos que nombrar su uso como herramienta de violencia. El grooming no es un “riesgo de internet”; es una estrategia de poder.
Este término, grooming, se utiliza para referirse al proceso en el que una persona adulta establece una relación de confianza con una persona menor de edad —o en situación de vulnerabilidad— con el objetivo de obtener material sexual, encuentros presenciales o control emocional. No ocurre de un día para otro, sino que es progresivo. El agresor identifica necesidades: soledad, baja autoestima, conflictos familiares y necesidad de validación. Se presenta como apoyo. Escucha, halaga, ofrece comprensión, y luego normaliza la sexualización.
En Puerto Rico, donde la educación sexual integral sigue siendo limitada y donde el silencio ha sido una pedagogía cultural, el grooming encuentra terreno fértil. No se trata simplemente de adultos “engañando” a menores. Se trata de una dinámica sistemática de manipulación emocional, sexualización progresiva y construcción intencional de dependencia.
Y cuando lo miramos desde una lente feminista e interseccional, entendemos algo más profundo: el grooming no es un fenómeno aislado. Es una expresión digital del patriarcado y la violencia sistémica que vivimos a diario.
El problema no es solo la tecnología. El problema es la asimetría de poder.
Desde la sexología, entendemos que el consentimiento requiere capacidad, libertad y ausencia de coerción. Una persona menor no puede consentir una relación sexual con una persona adulta, aunque “crea” que quiere. El consentimiento no es solo decir sí. Es tener la autonomía estructural para decidir. Y ahí es donde la mirada feminista se vuelve imprescindible.
La indignación selectiva: cuando el escándalo sustituye la prevención
Nos indignamos cuando el caso explota en televisión. Cuando vemos el rostro del agresor. Cuando circulan los mensajes. Cuando el horror tiene nombre y apellido. Pero esa indignación suele ser episódica, reactiva y mediática. Nos escandalizamos frente a la pantalla, pero no frente a las políticas públicas que desmantelan la educación sexual integral. No frente a los discursos que prohíben hablar de consentimiento en las escuelas. No frente a los proyectos que censuran contenidos que precisamente podrían enseñar a niñas, niños y adolescentes a identificar señales de alerta.
Ahí la indignación se diluye. Porque es más cómodo condenar a un agresor individual que confrontar una estructura que produce vulnerabilidad sistemática. Cuando prohibimos o restringimos la educación sexual con el argumento de “proteger la inocencia”, en realidad estamos desprotegiendo. Estamos protegiendo al agresor. Estamos colocando a nuestras niñeces en bandeja de plata frente a quienes sí entienden cómo manipular.
La educación sexual integral no sexualiza. Educa. Enseña a reconocer límites. A diferenciar entre secreto y privacidad. A identificar conductas de manipulación emocional. A entender que ningún adulto necesita conversaciones íntimas con menores fuera del conocimiento de sus cuidadores. Negar esa educación es también una forma de violencia estructural.
¿A quién culpamos y a quién eximimos?
Otro patrón recurrente es la culpabilización selectiva. Cuando un caso sale a la luz, rápidamente se pregunta: “¿Dónde estaban los padres?”, “¿Cómo no se dieron cuenta?”, “¿Qué clase de madre permite eso?” Por supuesto que las personas adultas responsables tienen un rol fundamental en la protección. Pero cuando toda la responsabilidad recae en el ámbito privado del hogar, invisibilizamos el contexto estructural.
Muchos cuidadores y cuidadoras tampoco recibieron educación sexual. Tampoco aprendieron sobre dinámicas digitales, manipulación psicológica o grooming. También fueron socializados en culturas de silencio, vergüenza y tabú. La violencia estructural opera precisamente así: responsabiliza individualmente mientras retira recursos colectivos. Si el Estado no garantiza educación sexual integral, si no ofrece formación accesible para familias, si no regula adecuadamente plataformas digitales, entonces no podemos fingir que la prevención es solo un asunto doméstico. La prevención es política.
¿Quién tiene derecho a ser víctima?
Existe además otra capa incómoda: la jerarquización de la victimización. Cuando se trata de una niña pequeña, la empatía es inmediata. Pero cuando la víctima es una adolescente de 15 o 16 años, comienzan los matices moralizantes: “Ella sabía lo que hacía”, “Se veía mayor”, “Publicaba fotos provocativas”. Como si la madurez corporal anulara la asimetría de poder. Como si la sexualización mediática justificara la explotación. Como si el desarrollo adolescente invalidara la manipulación adulta.
Aquí la cultura patriarcal vuelve a aparecer con claridad. A las niñas se les protege mientras encajan en la narrativa de inocencia. A las adolescentes se les castiga cuando se acercan a la agencia sexual. Seleccionamos quién merece compasión y quién merece sospecha. Pero el grooming no se define por cómo luce la víctima. Se define por la posición de poder del agresor.
Grooming y cultura patriarcal: la normalización peligrosa
En nuestra cultura, todavía romantizamos diferencias de edad cuando el hombre es mayor. Todavía escuchamos frases como “ella es madura para su edad”. Todavía sexualizamos a niñas y adolescentes en medios, redes y comentarios cotidianos. El grooming se nutre de esa narrativa. Porque cuando el poder masculino adulto se presenta como mentoría, protección o admiración, la manipulación se disfraza de afecto. Y cuando la feminidad joven es presentada como provocación, el sistema ya ha sembrado la duda sobre la víctima. El grooming no comienza en el chat privado. Comienza en la cultura que legitima la desigualdad.
Cerrar la brecha entre escándalo y compromiso La verdadera pregunta no es si nos indigna un caso específico. La pregunta es si estamos dispuestas y dispuestos a sostener esa indignación más allá del titular. ¿Exigimos educación sexual integral basada en derechos? ¿Defendemos el consentimiento como práctica cultural, no como un tema incómodo? ¿Apoyamos a cuidadores y cuidadoras con herramientas reales? ¿Cuestionamos la sexualización constante de cuerpos jóvenes en la industria del entretenimiento? La indignación selectiva calma la conciencia. La acción estructural transforma la realidad. Hablar de grooming desde una lente feminista no es exagerar. Es contextualizar. Es entender que la violencia no ocurre en el vacío, sino en sistemas que regulan quién tiene poder, quién tiene voz y quién es puesto en duda. Si de verdad queremos proteger, necesitamos menos pánico moral y más educación con perspectiva de derechos. Porque proteger no es silenciar. Proteger es enseñar, acompañar y transformar las estructuras que permiten que estas violencias sigan ocurriendo.
