Llevo más de una década desarrollando cursos y proyectos relacionados a la enseñanza de la perspectiva de género en áreas como la geografía, el deporte y el periodismo. No cabe duda de que trabajar con estos temas siempre es un reto, especialmente por todas las ocasiones en las cuales he tenido que lidiar con ataques, principalmente de personas que argumentan con desinformación sobre asuntos como el feminismo, la inclusión por razón de género, las luchas por la equidad, entre otros aspectos que forman parte de la agenda por una sociedad más justa. A estas dificultades se suma el hecho de que en los últimos años, grupos y figuras antiderechos han adquirido mayor visibilidad en diferentes plataformas mediáticas en Puerto Rico.
Si bien estas actitudes de odio propagadas por ciertos grupos y figuras públicas usualmente me motivan a continuar investigando y participando de iniciativas dirigidas a educar en favor de la inclusión y los derechos humanos, no es menos cierto que desde el inicio de este año he sentido una gran preocupación por el futuro de aquellos proyectos que, con años de lucha, se han podido abrir camino en las universidades, particularmente en la Universidad de Puerto Rico (UPR), de la cual soy parte como docente e investigador en Ciencias Sociales. No es secreto que, desde su retorno a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha expresado y hasta ha firmado órdenes ejecutivas declarando non-gratos en su gobierno los temas de género, feminismo, antirracismo, diversidad, equidad e inclusión. Incluso, ha amenazado con retirarle fondos públicos federales a aquellos gobiernos estatales, agencias e instituciones educativas que continúen implementando un currículo basado en los principios de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas). Asimismo, se están promoviendo legislaciones y órdenes ejecutivas para discriminar abiertamente contra grupos, como es el caso de las personas trans en los ámbitos laborales y deportivos.
En la UPR ya están ocurriendo conversaciones en las que, docentes e investigadoras/es comienzan a pensar y debatir sobre cuáles términos “aceptados” deben utilizarse, tanto en las propuestas para solicitar fondos externos de investigación, como en las publicaciones académicas que comunican los hallazgos finales de proyectos. Por ejemplo, he participado en reuniones en las cuales se mencionan cuáles palabras podrían utilizarse en sustitución del término “cambio climático”, ya que la posición de la administración Trump es negar que nuestro planeta está experimentando unas transformaciones geográficas y sociales como consecuencia de los patrones de las últimas décadas en lo que respecta a los eventos atmosféricos. Me parece escandaloso que, por las obsesiones infantiles de un presidente que abiertamente le ha declarado la guerra al trabajo científico y las universidades, tengamos que renunciar a toda esa información y conocimiento que, tras años de rigurosidad investigativa y publicaciones, hemos defendido, tanto en espacios académicos, como en entornos de activismo.
Me solidarizo con aquellas/os colegas de la UPR y otras universidades puertorriqueñas que ya están sintiendo los embates de la censura colonial impuesta desde Washington, y han tenido que modificar o sustituir los conceptos que han utilizado y defendido por años, so pena de perder fondos de investigación o apoyo institucional a sus proyectos. Igualmente, me solidarizo con quienes, ante esta guerra declarada hacia las políticas de DEI, temen por sus trabajos o por su propia seguridad. Me causa una gran tristeza saber que el odio ascendió al poder en la Casa Blanca en los Estados Unidos, y que en Puerto Rico, estas políticas se fortalecen y manifiestan por medio de la complicidad de una Gobernadora y una mayoría legislativa con agenda antiderechos.
Reconozco que son tiempos difíciles y que no todas las personas que trabajamos en la UPR tenemos acceso a plataformas mediáticas en las cuales podamos expresarnos y posicionarnos en contra de la censura. Asimismo, estoy consciente que mi nombramiento como docente en probatoria me coloca en una posición en la cual constantemente reflexiono sobre cuáles son esas ocasiones en las cuales vale la pena expresarse sobre asuntos políticos, sabiendo que puede haber consecuencias no deseadas hacia mi persona y mi trabajo. No obstante, estoy convencido que las políticas antiacadémicas y de censura de la administración Trump atentan contra la UPR a la cual aspiro como investigador y educador en temas tales como la perspectiva de género, la justicia ambiental y la participación ciudadana en los procesos de educación popular. Me posiciono a favor de mi universidad y de nuestro trabajo académico. Por tal razón, declaro que:
1) Defenderé la libertad de cátedra e investigación en mis proyectos y los de mis colegas.
2) Combatiré la censura e intentos de intimidación por quienes lideran agencias públicas, tanto a nivel del gobierno central, como del gobierno federal.
3) Seguiré trabajando investigaciones relacionadas a problemas y retos que afectan a nuestra sociedad, como es el caso del cambio climático, la violencia de género, el racismo, la xenofobia, el rechazo a las diversidades sexuales, la amenaza a los ecosistemas críticos de Puerto Rico y la privación a la población de servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda digna.
4) Nombraré los temas y problemas con los términos que por años han sido adoptados por las comunidades, la academia y otras organizaciones involucradas en la investigación social y científica.
5) Continuaré promoviendo a la Universidad de Puerto Rico como proyecto social y educativo para el desarrollo del país y sus comunidades.
