Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes
Si pudieran hacernos nacer sin llanto como primer quejido, lo harían sin dudarlo. Borrarían de nuestra llegada al mundo toda señal de resistencia, de inconformidad, de vida que se defiende. Nos quieren dóciles, moldeables, agradecidas por existir en un sistema asfixiante, pero el llanto es el primer acto de rebeldía: es el cuerpo diciendo aquí estoy, es la voz irrumpiendo antes de aprender las palabras. Ese primer grito ya es un aviso de que no nos someteremos en silencio, es la chispa de nuestra autonomía que se niega a ser borrada, un recordatorio de que la resistencia comienza cuando la vida nace. Desde ese justo momento es que se nos prefiere dóciles, anestesiadas y, en el momento del parto se añade la exigencia de ser obedientes al bisturí.
No obstante, nuestros cuerpos gozan de memoria, y la memoria grita: no somos terreno de control ni piezas de ninguna jerarquía, ni la médica ni la del Estado. Las mujeres puertorriqueñas reconocemos que nuestras vidas y decisiones reproductivas también gestan resistencias. Desde la década de 1950, cuando se experimentó con anticonceptivos en los cuerpos de nuestras mujeres empobrecidas negras o racializadas y se impusieron esterilizaciones forzadas como política de control poblacional; hasta hoy, con las cesáreas inne-cesáreas convertidas en rutina, el cuerpo de las mujeres de la isla ha sido un campo de ensayo, un territorio invadido.
El maltrato, la deshumanización y el dolor impuesto en los procesos de embarazo, parto y posparto no son accidentales, son parte de una estructura que nos mira como incubadoras de fuerza productiva, no como sujetas de derechos. La violencia obstétrica no es un malestar aislado, es la violencia de género institucionalizada, es la dinámica de poder manifestada en regaños, negación de acompañamiento, invalidación de las emociones, medicamentos suministrados sin mayor explicación y la patologización de nuestras preocupaciones y lágrimas.
Puerto Rico enfrenta una crisis: más de la mitad de los alumbramientos en la isla —un 50.9% según estadísticas de 2024— se realizan por cesárea. Esta cifra coloca al país entre los más altos del mundo y triplica el rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera aceptable una tasa entre el 10% y el 15%. Detrás de estos números se esconden realidades preocupantes: cesáreas sin justificación médica, decisiones influenciadas por conveniencia profesional y una falta alarmante de información pública que impide a las mujeres tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.
Ante esta realidad se presentó el Proyecto del Senado 614, que proponía la Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Cesáreas. Este obtuvo un informe negativo: el Estado decide una vez más cerrar los ojos ante la violencia que vivimos en los espacios de salud. La falta de transparencia de este gobierno no es una omisión: es su modus operandi como una táctica de dominación para obviar que el cuerpo de las mujeres es territorio con derechos.
El acceso a información no es un mero ejercicio democrático, es garantizar justicia y decisiones conscientes atadas al principio médico básico de consentimiento informado. En Puerto Rico, el 55% de las cesáreas carece de justificación médica y el 80% se realiza en mujeres sin factores de riesgo, revelando que muchas decisiones responden a intereses ajenos al bienestar materno. Esta opacidad golpea especialmente a cuerpos históricamente marginados: mujeres racializadas, migrantes y LGBTTQIA+, cuyos derechos reproductivos siguen siendo negados y controlados por un sistema de salud precario y violento.
Frente a esa maquinaria de control, la partería emerge como opción viable para devolverle a la vida su dignidad. Las parteras encarnan una práctica médico-ancestral segura que desafía las lógicas patriarcales de la medicina tradicional. En un país donde el sistema de salud falla, ellas sostienen la vida con conocimiento, empatía y ciencia. Sin embargo, los intereses económicos y la defensa corporativa han querido percibirles como una amenaza, denotando ceguera deliberada ante la evidencia científica y los estándares internacionales de salud. La OMS les reconoce como un servicio esencial para mejorar la salud materno-fetal y neonatal; considerándolas como proveedoras fundamentales.
En lugar de acoger esta visión integral, el discurso médico dominante en Puerto Rico la desestima con prejuicio, reduciendo el rol de las parteras a una solución “de bajo costo” frente a la escasez de obstetras. Esa lectura deshonesta niega la realidad: la partería no es una alternativa marginal, sino un modelo de atención médica centrado en el respeto, autonomía y salud pública. Las parteras no solo asisten nacimientos; educan, acompañan, previenen complicaciones y salvan vidas, especialmente en comunidades e instancias donde el sistema de salud no llega.
La violencia obstétrica es una cicatriz colectiva, sostenida por el alcahuetismo institucional. La transparencia, lejos de ser una herramienta opcional o arbitraria, es un derecho fundamental en toda sociedad que se considera democrática, y su ejercicio interno debe reflejar la coherencia con los valores que se reclaman al condenar las democracias foráneas.
