En la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la coalición Aborto Libre Puerto Rico reiteró este lunes, en conferencia de prensa, que el Proyecto del Senado 504 constituye violencia del Estado contra las mujeres y personas con capacidad de gestar. Portavoces del grupo advirtieron que la medida, aprobada a última hora en la pasada sesión legislativa, representa un ataque directo a los derechos reproductivos y a la autonomía corporal.
Esta medida propone enmendar tres artículos del Código Civil para reconocer personalidad jurídica al nasciturus desde el momento de la concepción, un punto que la coalición describió como “abstracto, totalmente inmedible, médica y fácticamente imposible de determinar”. Según expusieron en la conferencia de prensa, celebrada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, este reconocimiento tendría implicaciones profundas en múltiples áreas legales y de salud.
“Proyectos como el 504 no son la respuesta para proteger a las mujeres ni a las personas que gestan… Imponer vigilancia sobre los cuerpos de las mujeres nunca va a ser una respuesta factible ni aceptable a supuestamente promover protecciones”, denunció Mayra Díaz Torres, experta en salud pública y portavoz de Aborto Libre Puerto Rico.
“Las mujeres y las personas gestantes somos las que sostenemos la vida en este país bajo unas condiciones increíblemente violentas, increíblemente retantes, y una ley como esta lo que haría es despuntar esta violencia, despuntar la vigilancia y la criminalización de los procesos de gestar y parir, reconociendo que aquí ya de por sí el proceso de gestar y parir es sumamente violento”, apuntó.
La abogada y también portavoz de la coalición, Yanira Reyes Gil alertó que “concederle personalidad al cigoto, embrión o feto coloca los derechos y la libertad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar en suspenso durante su embarazo”. Añadió que estas enmiendas “tienen la potencialidad de crear conflictos legales sobre distintos aspectos, como la herencia, pensión alimenticia, la custodia, y hasta acceso a tratamientos médicos y de reproducción asistida”, y denunció la falta de análisis y participación ciudadana en el proceso legislativo. “La legislatura no analizó los impactos y conflictos legales que pudieran surgir a partir de estas enmiendas. No se dio la oportunidad de que la comunidad opinara sobre estos asuntos. Se aprobó a toda prisa y sin consulta”.
El grupo también cuestionó el proceder legislativo que permitió la aprobación del proyecto. Según relataron, la medida se aprobó “a puertas cerradas la última noche de la sesión legislativa”, como parte de un intercambio político entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz —autor de la medida—, y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Para Rosa Seguí Cordero, abogada y portavoz de Aborto Libre, “en ese intercambio turbio la salud, libertad y autonomía de las mujeres fueron utilizadas como moneda de cambio. Ni siquiera se consideraron las recomendaciones que el propio Departamento de Justicia hizo al proyecto”.
“Recientemente la gobernadora (Jenniffer González Colón) ha dicho que va a analizar esas enmiendas que solicitó el Departamento de Justicia para ver si se habían incluido y le dejamos saber que no, que no se incluyeron las recomendaciones de la secretaria de Justicia”, agregó Seguí Cordero, quien al igual que el resto del grupo, solicitó una vez más a la gobernadora que vete el proyecto.
Consecuencias directas en la práctica médica
Durante la conferencia, la organización advirtió que, de convertirse en ley, el PS 504 abriría la puerta a escenarios extremos como el ocurrido recientemente en Georgia con la joven afroamericana Adriana Smith. El caso, señalaron, evidencia cómo la imposición de personalidad jurídica al concebido puede llevar al Estado a privilegiar el bienestar fetal sobre incluso la muerte digna de la persona gestante.
La obstetra ginecóloga Yarí Vale Moreno insistió en que la propuesta tendría consecuencias directas en la práctica médica y en los protocolos éticos que guían el cuidado de salud en Puerto Rico. “Si la Gobernadora firma el P. del S. 504, se afectaría gravemente la autonomía de las mujeres y personas gestantes en las decisiones sobre su propia salud”, afirmó. También cuestionó qué ocurriría en situaciones de emergencia: “¿Qué pasará en una sala de emergencia cuando llegue una persona gestante en condición crítica y ahora ya no prevalece el principio ético médico de salvarla a ella? ¿Habría que pedir una orden a un tribunal para estos casos?”.
Aborto Libre Puerto Rico recordó además que este tipo de legislación ha llevado a la criminalización de mujeres en Estados Unidos. Mayra Díaz Torres, quien también dirige la organización Colectivo Ilé, señaló que “más de 400 mujeres han sido procesadas criminalmente bajo leyes similares”, afectando de manera desproporcionada a mujeres racializadas como no blancas, empobrecidas y de comunidades marginalizadas. Citó también un estudio de Pregnancy Justice que documentó al menos 412 procesos judiciales en los primeros dos años tras la revocación de Roe v. Wade, contra personas embarazadas por delitos relacionados con el embarazo, la pérdida del embarazo, parto o negligencia durante el embarazo.
“Yo perdí cuatro embarazos muy deseados. Si esto hubiese estado como ley en mi proceso, cualquier persona hubiese dicho que yo hice algo para no proteger mi feto y no me puedo imaginar violencia más grande que esa”, expresó. “Así que es violencia del Estado y no puede firmarse. Las mujeres y las personas que sostienen este país merecemos mejor y no somos ficha de cambio ni somos respuesta para pagar favores políticos… Este proyecto representa una precarización aún más de nuestros derechos y nuestras libertades y nos pone en una posición muy injusta”, enfatizó.
Un proyecto que trastoca principios jurídicos básicos
Migdalia Fraticelli Torres, presidenta de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, subrayó durante la conferencia de prensa que el PS 504 no solo amenaza derechos fundamentales, sino que también desmonta su propia lógica. Recordó que, jurídicamente, la vida —y con ella la capacidad de reclamar derechos y asumir obligaciones— comienza al nacer. Solo desde ese momento una persona puede ser parte de una sucesión, demandar, ser demandada o responder legalmente ante otras personas vivas.
La jurista advirtió que el proyecto obliga a escenarios absurdos y jurídicamente insostenibles. Por ejemplo, si un embrión tuviera personalidad jurídica plena, ¿cómo se manejaría un caso civil en el que ese embrión fuera parte de una herencia o de un accidente? ¿A quién se emplaza? ¿Quién responde? Según Fraticelli, el PS 504 obliga a tratar como “personas” a embriones incluso cuando están congelados en laboratorios, esperando ser implantados.
Esta visión, dijo, no solo desconoce la práctica jurídica, sino que demuestra que la Legislatura renunció a su responsabilidad profesional para ceder a presiones religiosas y políticas, aprobando una medida de enorme impacto sin discusión pública. “Los legisladores y legisladoras claudicaron a su gestión como juristas para ceder a las presiones religiosas o de otra índole al momento de considerar y aprobar este proyecto”, indicó.
Fraticelli Torres subrayó que el proyecto generaría un caos legal sin precedentes en el que habría que revisar normas completas del procedimiento civil, así como aquellas que definen la mayoría de edad, porque ahora coexistirían “personas” con edad y “personas” sin edad. Todo esto, aseguró, complica el sistema jurídico “de manera innecesaria” y vulnera principios básicos del Derecho.
Llamado a la gobernadora
Al cierre de la conferencia, la organización hizo un llamado directo a la gobernadora Jenniffer González Colón para que vete la medida: “La maternidad no puede ser utilizada como pretexto para suspender nuestras libertades, autonomía, ni incapacitar nuestras facultades. Somos sujetas de derechos, con capacidad de decidir sobre nuestra vida, salud y cuerpo. Gobernadora, la decisión correcta, como mujer y abogada, es que no firme esta medida. Esta ley no santifica ni protege vidas, no fomenta la natalidad”.
La coalición reiteró que el PS 504 es violencia contra las mujeres. “Este proyecto nos recuerda que la violencia contra las mujeres no solo sucede en los hogares, también proviene del gobierno y de la legislatura”, concluyó el grupo.
Durante la conferencia de prensa, participaron profesionales de la salud, así como representantes de las siguientes organizaciones: Colectivo Ilé, Colectiva Feminista en Construcción, Taller Salud, Caderamen, Observatorio de Equidad de Género, Amnistía Internacional Puerto Rico, Comisión de Derechos Civiles, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y su Comisión de la Mujer María Dolores “Tati” Fernós, Profamilia, InterMujeres, Asociación de Psicología de Puerto Rico, Federación LGBTQ+, WetJustice, Coalición de Clínicas de Aborto, OPMT, Fundación de Mujeres, Red de Albergues de Puerto Rico, Frente Amplio de Acción Social, Coordinadora Paz para las Mujeres.
