El estado de derecho en Puerto Rico con relación al aborto no ha cambiado: sigue siendo legal. Pero en menos de 48 horas, el gobierno de Jenniffer González Colón, en un juego de confusión y desestabilización, atestó un nuevo golpe a las personas gestantes al echar para atrás y hacia adelante un proyecto de ley —presentado por la propia gobernadora al inicio de la sesión legislativa— que allana el camino para la criminalización del aborto en el país.
El lunes en la noche, González Colón presentó una medida en ambos cuerpos legislativos (Proyecto de Administración 98) para enmendar el Código Penal de Puerto Rico, específicamente el artículo 92 (Asesinato), con el fin de que se reconozca “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno” como un ser humano. Las medidas son el Proyecto del Senado 923 y el Proyecto de la Cámara 1025.
Organizaciones feministas, profesionales de la salud y grupos de derechos humanos inmediamente se opusieron a la medida por su potencial para criminalizar el aborto y por la falta de claridad en torno a sus implicaciones legales.
En diciembre, la gobernadora firmó el Proyecto del Senado 504, que otorga personalidad jurídica al embrión, así como el Proyecto del Senado 3, que dio paso a la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keishla Madlane que tipifica como asesinato en primer grado aquel que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del feto. Si como resultado de la agresión, solo muere el feto, sin causar la muerte de la persona gestante, también se considerará asesinato en primer grado. Estas medidas, aprobadas sin la celebración de vistas públicas, introdujeron cambios al Código Civil y Penal, que han sido señalados por expertas como fuentes de confusión e incertidumbre jurídica.
González Colón dijo que la “razón” de presentar la nueva medida a la legislatura era para “mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales”. Pero en medio de la polémica, la gobernadora anunció el miércoles en entrevista televisiva que solicitaría el retiro del Proyecto de Administración 98, al sostener que su contenido ya estaba contemplado en la Ley Keishla Madlane.
“Voy a pedir que ese proyecto se retire, porque eso es ley. Ya eso es ley. De hecho, cuando se aprobó la ley de Karla (Keishla) Madlane, lo que hace es que, si alguien asesina, mata a una mujer embarazada, pues, tienes la pena de asesinato, pero, al estar embarazada, no te contaba el feto como un segundo asesinato. Cuando aprobé, el año pasado, la ley de Karla (Keishla) Madlane, ahora cuenta como un doble asesinato. Así que eso es lo mismo que estamos viendo aquí”, dijo en entrevista televisiva con TeleOnce.
González Colón indicó que el proyecto de administración fue redactado antes de que se convirtieran en ley los proyectos del Senado 504 y 3. Sin embargo, el texto del propio proyecto hace referencia a disposiciones contenidas en leyes que fueron firmadas en diciembre, lo que pone en duda la cronología presentada por la gobernadora.
Por otro lado, en esa misma entrevista, la gobernadora afirmó que la Ley Keishla Madlane establece límites de semanas para la terminación del embarazo. Sin embargo, este estatuto no fija un término gestacional específico para practicar un aborto. Lo que sí deja claro es que sus disposiciones no deben utilizarse para criminalizar un aborto legal y consentido. Establece de manera expresa que sus disposiciones no pueden interpretarse para criminalizar a ninguna persona por un aborto legal y consentido, ni para acusar a profesionales de la salud que actúen conforme a la ley, ni a las mujeres por las decisiones legales que tomen respecto a su embarazo.
Cambio de postura
A pocas horas de que la gobernadora hiciera esas expresiones, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, compartió en sus redes sociales que continuaría hacia adelante con el Proyecto del Senado 923. “El P del S 923 que presentó la gobernadora y tipifica como un doble asesinato cuando se priva la vida a una mujer embarazada tiene los votos para aprobarse y lo aprobaremos”, dijo. “Ese proyecto no tiene nada que ver con el tema del aborto, el cual, a propósito, yo restringiría aún más”, atestó en uno de sus publicaciones en las redes sociales.
Thomas Rivera Schatz es el autor de las medidas que la gobernadora convirtió en ley en diciembre. En la pasada sesión legislativa, aprobó múltiples proyectos que tienen efectos directos en la salud de las personas gestantes y en las personas LGBTQ+ sin celebración de vistas públicas, y a espaldas del pueblo, lo que es contrario al sistema democrático representativo en Puerto Rico, en el que todas las personas tienen derecho a la participación política.
En otro cambio de postura, y luego de haber dicho que retiraría el proyecto, Jenniffer González Colón dijo que la medida continuaría su curso a pesar de entender que no era necesaria. Sostuvo que tomó la decisión por recomendación de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, quien ha expresado su oposición al aborto, ofreciendo información imprecisa e incorrecta sobre la legalidad de la práctica de este procedimiento médico en Puerto Rico.
El aborto en nuestro archipiélago se lleva a cabo en clínicas médicas debidamente reguladas por el Departamento de Salud. La revocación de Roe v. Wade no alteró nuestro marco legal, ya que la política pública con respecto a este derecho responde a la Constitución de Puerto Rico con el precedente judicial Pueblo v. Duarte y no a decisiones federales.
Aprueban el proyecto en el Senado
En otro acto de violencia de Estado, y sin celebración de vistas públicas, el presidente del Senado, bajó por descargue para votación el Proyecto del Senado 923, siendo aprobado. El proyecto debe pasar ahora a la Cámara de Representantes para el proceso de votación.
Este proyecto no hace ilegal el aborto, pero como han denunciado múltiples organizaciones, abre el camino para su criminalización.
“La intención es crear una base jurídica para eventualmente prohibir el derecho al aborto”, denunció la organización Aborto Libre Puerto Rico. De adoptarse esta medida, tendrá implicaciones que van más allá del derecho al aborto, afectando el derecho a la intimidad de las mujeres en la toma de decisiones sobre su embarazo, incluso para personas que desean parir —porque incide en su derecho a la intimidad y a tomar decisiones médicas, con la debida atención médica para cuidar de su salud y proteger su vida, sostuvo el grupo.
“Lo más importante en este momento es que el aborto en Puerto Rico sigue siendo legal, seguro y accesible, y se practica conforme a derecho en clínicas médicas debidamente reguladas por el Departamento e Salud. El aborto está protegido por un derecho superior, el derecho constitucional a la intimidad y a tomar decisiones médicas”, sostuvo la abogada constitucionalista Yanira Reyes Gil.
Para la también abogada y activista feminista Ruth Arroyo es importante aclarar y recordar que los servicios de salud para las personas gestantes continúan y que los tres artículos que están en el Código Penal (Artículo 98, 99 y 100) y que regulan el aborto en el país siguen inalterados.
“Nosotras tenemos que decirle a la gente que no tenga miedo, que vaya a sus tratamientos médicos, que exija que los ginecólogos le den las alternativas, que visite y conozca los centros que ofrecen ayuda, porque tienen todo el derecho a hacerlo”, indicó.
Estado de confusión
La licenciada Rosa Seguí y Ruth Arroyo, ambas de Aborto Libre Puerto Rico, coincidieron en que el gobierno de Jenniffer González lleva a cabo un estado de confusión como una estrategia para atemorizar no solo a las personas gestantes, sino también a la comunidad médica y jurídica del país.
“Es evidente que la verdadera intención es criminalizar el aborto en la mente de nuestro pueblo. Esto afecta los servicios de salud de las personas gestantes, más allá de la práctica legal del aborto. El presidente del Colegio de Médicos ha dicho que este tipo de medida incrementa la incidencia de rechazos de pacientes con embarazos de alto riesgo, por miedo a una acción legal. El dilema que pueden enfrentar médicos emergencistas, oncólogos, cardiólogos y otros, ante cuadros médicos en que la atención adecuada a la paciente gestante podría afectar al feto puede inducirles a rechazar estas pacientes”, denunció Seguí.
Ruth Arroyo sostuvo que la medida va en detrimento de la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes en un país donde ya existe una crisis de obstetras y de cierres de salas de parto, y donde muchas mujeres no tienen acceso a tratamiento prenatal.
La doctora Alejandra Vélez coincidió con las portavoces de Aborto Libre Puerto Rico, al señalar el grave problema que crea el proyecto en las decisiones médicas porque “introduce consideraciones que están fuera de las guías y protocolos médicos de atención”.
“En cualquier otro ámbito de trabajo, en un negocio, por ejemplo, puede que la confusión tenga efectos negativos como pérdida de ganancias, pero en la medicina, la confusión cuesta vidas”, puntualizó.
Exigen vistas públicas
Ante este escenario, feministas y organizaciones de derechos humanos reiteraron que, aunque el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico, la aprobación de medidas con lenguaje ambiguo y sin el debido proceso legislativo crea un clima de miedo e inseguridad jurídica para mujeres, personas gestantes y profesionales de la salud.
Diversos colectivos, entre ellos Aborto Libre Puerto Rico y ACLU Puerto Rico, hicieron un llamado urgente a que cualquier proyecto relacionado con derechos reproductivos y justicia reproductiva sea evaluado mediante vistas públicas amplias y participativas, con la comparecencia de expertas en derecho, salud y derechos humanos. Señalaron que la ausencia de este proceso democrático fue precisamente lo que permitió que los proyectos del Senado 504 y 3 se aprobaran sin un debate público adecuado ni transparencia.
Advirtieron que la vigilancia ciudadana sigue siendo indispensable. Insisten en que no basta con que el aborto sea legal en el papel, sino que debe existir certeza jurídica, procesos legislativos responsables y un compromiso real del Estado con la autonomía corporal y los derechos humanos.
