Carmen Fuentes Padilla, de 61 años, vino hasta la calle Fortaleza a exigir un sistema energético de calidad porque su vida depende de ello. La residente de Naranjito es sobreviviente de tres infartos y un paro cardíaco. Hace poco, estuvo intubada y depende de una cama eléctrica para poder comer.
Cada vez que la electricidad se cae en su hogar, su esposo tiene que pasar trabajo para subir y bajar la cama para poder alimentarla. Los constantes apagones han afectado su calidad de vida.
Las fallas y precariedad del sistema eléctrico en Puerto Rico afecta principalmente a los pacientes encamados y madres jefas de familia que ante la ineficiencia están siendo expuestos a más violencias, denunciaron activistas en la protesta LUMA Fuera en la calle Fortaleza, renombrada por muchos como calle Resistencia, en el Viejo San Juan.
Cientos de personas llegaron, el viernes, a la manifestación convocada frente a Fortaleza por un colectivo de alrededor de 30 organizaciones. La actividad comenzó a las 5:00 p.m. en el mismo lugar que ha significado resistencia y lucha contra la austeridad en Puerto Rico, después del paso del huracán María, en 2017, y el Verano del 2019, en el que el pueblo se unió y exigió la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.
“Estos atropellos incesantes a la clase trabajadora del país no son casualidades. De muchas maneras -muy intencionadas- nos vienen expulsando, nos desplazan y nos violentan. Bajo ese esquema, quienes más vienen siendo afectadas son las madres jefas de familia y personas de comunidades empobrecidas. […] Que no podamos vivir tranquilamente y que esto afecte más a las mujeres empobrecidas es violencia de género», sostuvo Zoán Dávila Roldán, portavoz de la organización Colectiva Feminista en Construcción.
Más de la mitad de la población ha sufrido durante las últimas semanas los reiterados apagones que han provocado inestabilidad en sus agendas diarias. Muchas familias alrededor de todo Puerto Rico han experimentado las interrupciones constantes del sistema electricidad que ha alterado sus trabajos, salud, transportación y bienestar emocional.
El consorcio LUMA Energy, encargado de la operación y modernización de la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), anunció hace tres días que se producirán más apagones dado que existe un desbalance entre la demanda y capacidad de generación disponible.
Ante esta noticia y cansados de la inestabilidad, manifestantes recorrieron a las calles del Viejo San Juan para exigir justicia y rendición de cuentas al Estado por la crisis de energía eléctrica. Dávila Roldán explicó que el contrato con LUMA Energy es “una estafa por parte del gobierno, que continúa con su agenda de privatización de servicios esenciales a costa de la precarización del pueblo”.
Siguen aumentando el precio
Asimismo, señaló que el pueblo ha sido testigo del otorgamiento de un contrato multimillonario a una compañía que no cuenta con el personal ni la capacidad para sostener el sistema energético de Puerto Rico. Dávila Roldán agregó que el impacto económico de la privatización de estos servicios se ve reflejado en el alza de los precios sin mejorar el sistema.
El Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó, el jueves, un aumento de 0.007 centavos al costo de kilovatio-hora (kWh) en la próxima factura, que comenzará a cobrarse a partir de ayer, viernes. Esta es la cuarta alza en el precio en lo que va del año.
“Las fallas del sistema eléctrico que estamos experimentando parten del abandono gubernamental acumulado en las últimas décadas. Esto ha resultado en el estado de fragilidad en el que se encuentra toda la infraestructura energética del país, algo que quedó evidente tras el paso del huracán María”, manifestó sobre este evento que provocó que el país entero estuviera sin electricidad, lo que resultó en cientos de personas muertas.
En otros casos, manifestantes reclamaron que han perdido alimentos y algunos electrodomésticos han dejado de funcionar ante la inestabilidad del sistema de energía. Otros han tenido que incurrir en gastos extra como comprar comida en establecimientos o buscar lugares, con Internet, para poder conectarse a su trabajo o clases.
“Como mujer y como maestra, es importante que reaccionemos porque, ahora mismo en el magisterio, somos más del 85 por ciento. Son mujeres, y esos estudiantes que nosotros recibimos día a día son los hijos de trabajadores y trabajadoras que se están quedando sin energía eléctrica”, reclamó, por su parte, Eva Ayala Reyes, portavoz del colectivo Mujeres contra LUMA.
Un problema de salubridad
La también líder del magisterio señaló que el problema de energía constituye un problema de salud y seguridad ante la pandemia de COVID-19. Especialmente, explicó las repercusiones de la inestabilidad en los planteles escolares. Incluso, lo más jóvenes del país han sufrido las consecuencias de no tener electricidad y estar más expuestos a contagios debido a la alta aglomeración en los pasillos de las escuelas.
“Hemos recibido información de nuestras maestras y maestros que han tenido que dar prácticamente clase en los pasillos y eso, pues, afecta con los protocolos de salud y seguridad ante la pandemia que estamos viviendo”, declaró Ayala Reyes.
La educadora abundó en que la energía es un servicio básico para el sostenimiento de la vida. Del mismo modo, insistió en que la crisis está atada al nivel de pobreza en Puerto Rico y a las poblaciones más vulnerables que dependen de la electricidad para sus tratamientos médicos.
“Si nos vamos a las escuelas públicas del país, sobrepasa por mucho, porque nosotros recibimos a los estudiantes que son los hijos y las hijas de esas madres y padres que, pues, están sufriendo la crisis económica. […] Es un derecho que no se resuelve con tener una planta (eléctrica) porque, ¿cuántas madres nosotros recibimos en nuestra escuela que el salario no sobrepasa los 15 mil, los 10 mil dólares? Pues, nadie con un presupuesto de esa naturaleza puede decir que va a tener alternativa de electricidad, que es responsabilidad del Estado”, recalcó Ayala Reyes.
Además, recalcó que los constantes apagones pueden generar más escenarios de violencia debido a la falta de condiciones óptimas para manejar y resolver conflictos dentro y fuera de los hogares. La salud mental de la población también se ha visto afectada por la ansiedad que provoca la inestabilidad del sistema eléctrico.
“No podíamos dar la espalda a esta convocatoria porque somos víctimas de lo que hemos estado viviendo con este problema de energía que, supuestamente, se le vendió al país que LUMA iba a resolver el problema, que esa privatización iba a ser la salvación”.
Reclaman acción inmediata
Los manifestantes rechazaron el llamado de adaptabilidad al que ha recurrido LUMA en sus discursos en la prensa ante el anuncio de apagones intermitentes ante pruebas al sistema.
“Somos clientes de un servicio público, exigimos que el servicio eléctrico sea reconocido como el servicio esencial que es. Que se cancele el contrato de LUMA y haya rendición de cuentas por los gastos que se han hecho por el contrato y por la transición. Que las empleadas de la AEE que fueron movidas a otras oficinas gubernamentales regresen a sus puestos”, manifestó Dávila Roldán.
Además, la activista sostuvo que también la AEE debe asumir su responsabilidad por la crisis energética y el proceso de privatización.
Dávila Roldán insistió en que, mediante medidas de austeridad, el gobierno sigue empobreciendo al país sin garantizar estabilidad económica ni los servicios esenciales para una vida digna.
“Desde antes de LUMA, hemos visto apagones y la decadencia del sistema de energía. La energía es un servicio esencial y ha sido el Estado quien conscientemente no está proveyendo este servicio de manera adecuada», apuntó la líder feminista.
