(Fotos por Valeria María Torres Nieves)
Las expertas tomaron la palabra nuevamente. En el cuarto día de vistas públicas sobre medidas que abordan el tema del aborto en la Cámara de Representante, abogadas y profesoras, salubristas y defensoras de los derechos humanos aclararon dudas, ofrecieron contexto y corrigieron mitos para defender la autonomía de cada persona a decidir sobre el propio cuerpo.
Depusieron en representación de las organizaciones InterMujeres, Aborto Libre Puerto Rico y la Coalición de Centro de Terminación de Embarazos.
La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, evalúa el proyecto de la Cámara (PC) 1084, que prohibiría el aborto desde que se deteca actividad cardiaca en el feto; el PC 715 para codificar los homicidios de personas embarazadas como doble asesinato; y el PC 1410, que llevaría al voto popular el estado de derecho del aborto en el país. Además, considera el proyecto del Senado (PS) 693, que restringiría el servicio médico desde las 22 semanas de gestación.
El quinto proyecto –y el único apoyado unánimemente por médicos, abogados y defensores de derechos humanos– es el PC 1403, que ratificaría por legislación la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.
Pese a que todos los representantes, aunque no sean miembros de Comisión, están invitados a las audiencias públicas sobre el derecho al aborto, solo comparecieron el presidente de la comisión y los representantes Mariana Nogales Molinelli, de Movimiento Victoria Ciudadana; Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño; Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, y José “Pichy” Torres Zamora, del Partido Nuevo Progresista.
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Cada cual tuvo el turno de interrogar a las deponentes. Estas son algunas de las preguntas con sus respectivas respuestas:
¿Entienden que, aún en una etapa bien avanzada del embarazo, cuando el feto es viable, el reconocimiento del derecho de la mujer, a su autonomía y a decidir, va por encima al interés apremiante del estado a reconocer la potencial vida humana? –Orlando Aponte Rosario
La abogada feminista Esther Vicente, miembro de InterMujeres, respondió que “el interés apremiante del Estado debería ser proteger la salud de las personas vivas”.
Añadió que las legislaciones deben estar documentadas y basadas en la realidad. Según han esbozado los médicos en reiteradas ocasiones, los abortos en la etapa de viabilidad se hacen principalmente por recomendación médica para salvaguardar la vida o salud de la persona embarazada.
¿Alguno de estos proyectos son enmendables? ¿Cuál debe ser el futuro, en esta comisión, de estos proyectos de ley? -Denis Márquez Lebrón
Tanto las representantes de Aborto Libre Puerto Rico como las de InterMujeres dejaron claro que ninguno de los proyectos antiderechos son enmendables por dos razones principales: son inconstitucionales y carecen de evidencia que sustente la necesidad de la legislación.
“El único proyecto que endosamos y apoyamos es el PC 1403”, puntualizó la abogada constitucionalista Yanira Reyes Gil.
Dado a que el caso de Dobbs vs Jackson no revocó la jurisprudencia local de Pueblo vs Duarte y que la constitución de Puerto Rico tiene el derecho a la intimidad, ¿cuál sería la diferencia entre el PC 1403 y que no se apruebe nada? – Mariana Nogales Molinelli
La abogada Ruth Arroyo Muñoz estableció que, con el proyecto que protegería los derechos sexuales y reproductivos, se tiene un panorama más claro de la política pública que establece la jurisprudencia, la constitución y la reglamentación. No aprobar la medida significaría continuar dando la espalda a la obligación que tiene el Estado en garantizar un servicio de salud esencial para la práctica del derecho fundamental a la intimidad, señaló.
“La crisis real en el país es la ausencia del recurso de los servicios de aborto, por la ubicación de las clínicas en el área metropolitana solamente, por la desinformación, por la falta de educación y la falta de acceso a servicios médicos reproductivos”, añadió.
¿Creen que es necesario legislar sobre el aborto o el estado de derecho actual es suficiente?
– José “Pichy” Torres Zamora
Aunque la legislación actual provee para garantizar la legalidad del aborto, la abogada Frances Collazo Cáceres reconoció la importancia de que se unifique y reafirme el estado de derecho sobre los derechos sexuales y reproductivos, como se plantea en el único proyecto que la clase médica ha avalado, el PC 1403.
¿Cuál política pública debería aprobar la asamblea legislativa en cuestión de aborto? – Orlando Aponte Rosario
La ginecóloga Yarí Vale Moreno sostuvo que el PC 1403 contiene todo lo que se aspira en una legislación de derechos sexuales y reproductivos, pues no solo recoge el derecho al aborto, sino que también reconoce otros derechos, como el acceso a la educación en salud sexual integral.
Aclaran planteamientos de legisladora antiderechos
En su turno de preguntas, la representante Lisie Burgos Muñiz expresó su postura fundamentalistas sobre el derecho a decir.
A la vez que opinó que el secretario de Justicia no sabe interpretar el derecho, afirmó erróneamente que la jurisprudencia de Pueblo v Duarte se inhabilita tras la decisión de Dobbs v Jackson, que revocó Roe v. Wade.
Aunque la legisladora no se quedó para escucharlas, las deponentes aclararon datos errados planteados en su exposición. La profesora Reyes Gil explicó que la decisión de Dobbs se basó en una interpretación de la constitución federal.
La determinación devolvió el poder los estados y jurisdicciones para que individualmente reconocieran el derecho al aborto y no obligó a que se legislara. Como tal, queda vigente la constitución de Puerto Rico que sí reconoce el derecho a la intimidad, y, así también, la jurisprudencia local.
“Lo que analiza el Tribunal Supremo de Estados Unidos es lo mínimo de derechos. Los estados y los territorios pueden garantizar más derechos”, resumió.
Feministas veteranas lanzan llamado a la legislatura
En la mañana, antes de las vistas públicas, activistas feministas de larga trayectoria hicieron un llamado contundente a la asamblea legislativa a no limitar derechos adquiridos, pues son parte de la lucha y el sacrificio de más de 40 años de muchas mujeres en el archipiélago.
“Afirmamos que el aborto es un servicio de salud esencial que la legislatura no debe limitar. Aprobar un proyecto de ley que restrinja o prohíba el aborto en el país, es retroceder en el reconocimiento de derechos y condenar la salud y vida de las mujeres, como hemos vivido en el pasado”, puntualizó la directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para las Mujeres, Vilma González Castro.
La conferencia de prensa tuvo el apoyo del Miranda Family Fund, que colabora económicamente con los gastos médicos, de transportación, comida, estadía de las personas que necesitan abortos en estados donde se ilegalizó el servicio de salud tras la revocación de Roe v. Wade.
Los próximos jueves, continuarán las audiencias públicas en el Comité de lo Jurídico. La semana entrante depondrán representantes de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Colegio de Abogados y Abogadas, y el Colegio de Profesionales de la Enfermería, informó el representante Aponte Rosario.
