(Foto de archivo a Ana María Abruña Reyes)
El derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos está nuevamente bajo amenaza, tanto a nivel del gobierno central como en la esfera federal. Por un lado, el proyecto 693 del Senado (P.S. 693) de Puerto Rico aspira a restringir el aborto pasadas las 22 semanas de gestación. De otra parte, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de los Estados Unidos favorece la anulación del caso Roe v. Wade, poniendo así en riesgo la salud de quienes deciden terminar su embarazo de manera segura, legal y accesible. Sería un retroceso que nuevamente violentaría los derechos y calidad de vida de las mujeres con menores recursos económicos.
El debate público en Puerto Rico ha tenido a organizaciones religiosas fundamentalistas y a integrantes del partido conservador Proyecto Dignidad como las principales voces que cabildean a favor de limitar el derecho al aborto. Sus argumentos han girado alrededor de un falso discurso en favor de la vida.
Asimismo, los planteamientos de personas conservadoras han llegado al extremo de tildar de “asesinas” a las mujeres que deciden terminar su embarazo. También, han incurrido en prácticas de acoso y amenaza hacia profesionales de la salud que trabajan en clínicas de aborto.
Estas personas que impulsan el P.S. 693 olvidan que limitar el derecho al aborto pondría en peligro la vida de miles de mujeres y personas gestantes que ahora no contarán con los servicios de salud seguros para llevar a cabo el proceso. La prohibición del aborto no terminará con esta práctica, sino que la hará más insegura. Favorecer el P.S. 693 y la anulación de Roe v. Wade no es muy provida que digamos. El razonamiento de sus promotores parte de una visión necropolítica y asesina hacia las personas más vulnerables, quienes cada vez encuentran más obstáculos para obtener servicios de salud de calidad.
En esta lucha en favor de mantener el derecho al aborto, quisiéramos que las discrepancias sean solo con personas religiosas fundamentalistas o de la extrema derecha, como quienes representan al partido Proyecto Dignidad. Sin embargo, otro frente de ataque hacia las mujeres y sus luchas ha venido desde reconocidas figuras del independentismo puertorriqueño, quienes, abrazándose a un supuesto discurso antiimperialista, pretenden minimizar las luchas históricas de grupos feministas en Puerto Rico. Por ejemplo, el exlegislador del Partido Independentista Puertorriqueño Víctor García San Inocencio publicó una columna en el medio digital Noticel, en la que argumenta que el derecho al aborto es una imposición de los Estados Unidos, cuestionando así a quienes llevan décadas abogando porque esta práctica sea legal, segura y accesible en Puerto Rico.
Según San Inocencio, detrás de Roe v. Wade “está el Tribunal Supremo del imperio, las leyes de su Congreso y el peso de sus agencias ejecutivas y de su reglamentación”. Añade el exlegislador pipiolo que esa “imposición” forma parte de la historia de “crisis de identidad, falsificaciones mayores como la del ELA, represiones a lo bruto, locales y federales; lavadoras gigantes del capital estadounidense, y el exilio de dos terceras partes de la nación puertorriqueña”.
Los planteamientos políticos hechos por el reconocido abogado independentista podrían ser fuente de reflexión seria, si no fuera porque al final de su columna concluye con planteamientos muy similares a los esbozados por los portavoces de Proyecto Dignidad. Sus argumentos no otorgan ningún reconocimiento a las luchas históricas que organizaciones de mujeres han liderado en favor del derecho a decidir. Decir que el derecho al aborto es una mera “imposición imperial” lleva el peligroso mensaje de que las mujeres puertorriqueñas no son personas políticas capaces de movilizarse, resistir, decidir y negociar. El discurso patriarcal de San Inocencio y sus simpatizantes es uno que debemos combatir, particularmente quienes favorecemos la independencia de Puerto Rico como una herramienta de progreso y justicia social para Puerto Rico.
A la independencia que debemos aspirar es una que amplíe nuestros derechos ganados. La independencia nunca debe ser un pretexto para eliminar aquellas protecciones que promueven la calidad de vida. Esa independencia debe proteger el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. Lo contrario sería insistir en mantener los rosarios en los ovarios y esa sí es la peor imposición.
