(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Las mujeres en Puerto Rico son asesinadas, principalmente, por su pareja o expareja, pero, antes, han recibido duros golpes por parte de un gobierno que no toma acción con medidas preventivas para erradicar la violencia de género y por parte de un cuerpo policiaco que no les provee seguridad. Luego, esas mujeres son rematadas cuando se invisibilizan en las estadísticas.
Así lo resume la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, después de analizar los resultados del informe La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, que realizó con la organización Kilómetro Cero, con el apoyo de Oxfam América. Este trabajo contó con los investigadores Luis Avilés y Luis Emmanuel Rodríguez Reyes, especialistas en salud pública. La base de datos se nutrió del archivo documental de la cobertura periodística de la trabajadora social jubilada Carmen Castelló y del banco de datos del Registro Demográfico de Puerto Rico.
El feminicidio se definió, según la clasificación del Instituto Europeo para la Equidad de Género, como la muerte de una mujer ocasionada por su pareja íntima o la muerte de una mujer que es el resultado de alguna práctica que le resulte ser dañina, independientemente de los motivos de la acción. El trabajo incluye bajo esa definición a mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas y desconocidos.
Entre los datos sobresale que un feminicidio ocurre cada siete días, y que estos asesinatos suceden, principalmente, en las residencias de las mujeres o de sus familiares. También, resaltó que el 58% son asesinadas con un arma de fuego. Este último dato se analizó solo en el periodo de 2016-2018.
La investigación concluyó, además, que las mujeres con un bajo nivel educativo tienen tasas de feminicidio casi cinco veces más altas que su grupo de edad, y que las mujeres entre los 25 y los 34 años están en mayor riesgo.
Se estableció, también, que Puerto Rico tiene una tasa de feminicidio promedio de 3.00 feminicidios por cada 100,000 mujeres, lo que, según la clasificación del informe Global Burden of Armed Violence, Every Body Counts, se considera una tasa alta. El estudio ubica a la isla entre los países con tasas altas de feminicidios con República Dominicana (3.2) y Perú (3.3). En el periodo de 2014-2017, en comparación con Estados Unidos, se ubica como decimotercer lugar con tasas más altas.
“A nosotras nos asesinan más de una vez. Nos matan por ser mujer, por el simple hecho de ser mujeres, por odio, por discrimen, por prejuicios, pero nos matan, por segunda vez, cuando el gobierno decide invisibilizar nuestras muertas. Cuando dan números erróneos, cuando no hacen las investigaciones, cuando abusan del término ‘causa de muerte indeterminable’, en el Registro Demográfico, a pesar de que hay unas categorías en las que pueden colocar esas muertes”, reaccionó Pagán.
“Además, nos ponen para ser asesinadas, cuando esas medidas de austeridad nos siguen quitando la posibilidad de educación, salud, desarrollo económico y equidad”, añadió.
El estudio indica que, por año, la Policía informó de 11% a 27% menos mujeres asesinadas que los resultados de esta investigación.
“Errores de tal magnitud año tras año sugieren que la Policía no actualiza o no le interesa verificar la validez de sus propios registros”, lee el informe.
“El año pasado fueron a la legislatura (representantes de la Policía) y dijeron que en Puerto Rico no había habido feminicio. No existe una voluntad de modernizar su sistema. Todavía utilizan categorías arcaicas y ofensivas como los crímenes pasionales”, abundó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.
Apuntó que todos los organismos internacionales han establecido la categoría “crimen pasional” no es útil para contar y recoger datos sobre feminicidios.
Este es un ejemplo de la marcada y sistemática indolencia de las autoridades gubernamentales, como el Negociado de la Policía, el Departamento de Justicia, la Administración de Tribunales, el Departamento de Salud y el Negociado de Ciencias Forenses, en documentar rigurosamente la situación de los feminicidios en Puerto Rico, divulgarlo a la ciudadanía e implementar medidas para prevenirlos.
El estudio se publica a dos meses y ocho días de que la gobernadora Wanda Vázquez declarara una alerta nacional por violencia de género. Organizaciones han estado reclamando una declaración de estado de emergencia desde el 23 de noviembre del año pasado. Para Pagán, la importancia de esta acción no recae tanto en el documento escrito, sino en las acciones que debe incluir.
“Debería ordenarle a la Policía actualizar y abrir esa base de datos, una auditoría interna de la Policía y del Instituto de Ciencias Forenses para saber qué está pasando en el interior de esas agencias que no son capaces de llenar los formularios adecuadamente. Cuando sabes el perfil de casos puedes predecir que medidas externas pueden prevenirlas. Por ejemplo, sabemos que con menos educación, las mujeres son más vulnerables a ser asesinadas, pues hay que encontrar programas para completar el cuarto año y hacer estudios universitarios”, sostuvo.
El estudio recoge entre sus recomendaciones fortalecer la vigilancia de los feminicidios, adiestrar y sensibilizar al personal de salud, de la Policía y tribunales; una investigación de estrategias de prevención e intervención, reducir la disponibilidad y la posesión de armas; y promover la equidad social y de género y una cultura de censura a la violencia.
