Foto de archivo por Claudia Carbonell
Diecisiete meses han transcurrido desde que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, luego de años de reclamos por parte de grupos feministas, decretara la Orden Ejecutiva 2021-013 (OE 2021-013) que reconoció un Estado de Emergencia por el alza en la violencia de género. Pero, la violencia no ha mermado.
Desde enero de 2021, en Puerto Rico, han ocurrido 85 feminicidios, revelan datos del Observatorio de Equidad de Género. Entonces, es clave preguntarse, como establece el nombre del comité designado por el gobernador, ¿qué se ha adelantado para la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE) de la violencia de género? El trabajo que se está haciendo, ¿atiende la inequidad entre los géneros que incide en la violencia machista?
Luego del reclamo que lideró la organización política Colectiva Feminista en Construcción, en el 2018, y horas de trabajo voluntario por parte de organizaciones feministas, el Estado de Emergencia por violencia de género se mantiene en el país. No obstante, la prevención y la educación, cruciales para atajar la raíz de la violencia machista, siguen en la lista de pendientes del Comité PARE, que se estableció para velar por la ejecución de la OE 2021-013.
Una semana antes del vencimiento de la OE 2021-013 y por recomendación del comité asesor, Pierluisi Urrutia ordenó la extensión de la declaración del Estado de Emergencia hasta el 30 de junio de 2023. En la nueva Orden Ejecutiva 2022-035, el gobernador se compromete, nuevamente, a “crear e implementar programas de prevención y orientación” de violencia machista.
El gobernador, en la nueva orden ejecutiva, considera que el Comité PARE cumplió con el propósito de su creación, por lo que ordenó el cese de sus labores una vez se presente un informe final que debe incluir “iniciativas, proyectos y planes trabajados por el comité”. A partir de hoy, 23 de junio de 2022, el ente asesor tendrá 60 días para rendir el informe.
Sin embargo, la oficial de cumplimiento del Comité PARE, Ileana Espada Martínez, quien se mantendrá en su cargo durante el próximo año, comunicó que “trabajo hay, para que las agencias sigan trabajando y las organizaciones nos sigan aportando”. También, aseguró que cerca del 78% de lo dispuesto en la OE 2021-013 se comenzó.
La prevención y la educación son cruciales para atender la violencia de género
“Aunque nosotras podemos tomar acciones para remediar algunos aspectos de la violencia de género, si nosotras queremos hacer una transformación, tenemos que definitivamente trabajar con lo básico que es la educación, desde los inicios. Es la única forma que vamos a conseguir no remediar, sino prevenir”, reconoció, por su parte, la directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres, Vilma González Castro, una de las representantes de las organizaciones feministas en el Comité PARE en referencia a la importancia de la prevención y la educación para atender la violencia de género.
Según ONU Mujeres, la única manera de detener la violencia de género es a través de la prevención. Abunda en que se requiere un compromiso político para la implantación de legislaciones que fomenten la equidad entre los géneros.
Asimismo, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de la Organización de las Naciones Unidas, se establece que es importante “adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos [géneros] y en la atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer”.
Para Coraly León Morales, directora ejecutiva de la organización Casa Protegida Julia de Burgos, que provee servicios de apoyo y albergue a sobrevivientes de violencia doméstica, la prevención es especialmente importante porque el grueso de su trabajo está enfocado en atender las situaciones cuando ya ocurrieron.
“Si no hay un enfoque en la prevención de la violencia, los casos de violencia de género van a seguir aumentando. Como comunidad y como país, no se van a poder brindar estrategias que muevan a la acción, a las personas y a las instituciones para cambiar la realidad que estamos viviendo”, indicó.
León Morales expusó que, durante la vigencia de la Orden Ejecutiva que reconoció la emergencia por la violencia machista, las solicitudes de servicios aumentaron y los casos son más complejos dado a la combinación de los traumas por la violencia y por las crisis colectivas, como los terremotos, la pandemia y el aumento en el costo de vida, que también afectan al personal que atiende a las sobrevivientes.
La oficial de cumplimiento del Comité PARE reconoció que se ha visto un aumento en las querellas por violencia machista, pero no lo ve como un aspecto negativo, sino como “una cuestión de empoderamiento en el sistema”, lo que, entiende, es un logro del Estado de Emergencia.
En el tintero la educación con perspectiva de género
Si se trata de prevenir la violencia machista, no se puede dejar de mencionar la educación con perspectiva de género, un mecanismo probado que lleva al reconocimiento y validación de que las diferencias no tienen que implicar desigualdad, explicó Loida Martínez Ramos, catedrática de la Facultad de Educación, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
“Se les hace conscientes de en qué lugar de la experiencia social están esas desigualdades para ir erradicándolas, desde los espacios que estén, ya bien sean eclesiásticos, gubernamentales, escolares o familiares”, abundó la profesora experta en perspectiva de género.
Pese al compromiso de la primera Orden Ejecutiva para desarrollar un currículo con perspectiva de género y al trabajo voluntario que Martínez Ramos y otras expertas realizaron en el subcomité de educación del Comité PARE, aún no hay certeza de qué se implementará en el Departamento de Educación (DE).
“¿Cuál va a ser el producto final? No lo sé. No lo saben ni las personas del subcomité ni las personas que también están en contra de la perspectiva de género”, aseveró la fiscal Espada Martínez, quien insistió en darle espacio a Educación para que desarrollen el currículo que sea pertinente.
Espada Martínez confirmó, además, que el nombre oficial del currículo será Respeto y equidad entre todos los seres humanos, como se adelantó en una Carta Circular, que se publicó el pasado marzo.
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La profesora Martínez Ramos informó que el subcomité de educación –del que fue parte hasta que se publicó la mencionada circular– creó un documento conceptual y un plan de trabajo para que el DE implementara, de forma transversal, la perspectiva de género en todos los niveles del sistema público de enseñanza. Además, sostuvieron diversas reuniones con el personal directivo del DE y ofrecieron talleres a las personas encargadas de la revisión curricular.
“Todo apunta a la ambivalencia del DE, que yo creo que tiene, más que nada, que ver con un asunto político partidista que otra cosa; el llamado costo político de que los grupos conservadores puedan oponerse sin siquiera conocer”, argumentó Martínez Ramos, quien considera que la Carta Circular no recoge la intención de la perspectiva de género.
González Castro coincidió en que la discusión sobre la perspectiva de género parte, muchas veces, desde la desinformación y los discursos politizados.
“Ese [la educación con perspectiva de género] es uno de los puntos que se ha postergado más que todo. No hemos visto que se ha trabajado con la agilidad que es necesaria para atender los problemas”, añadió.
Por su parte, León Morales estableció: “Hemos estado de manera insistente y consiste visibilizando la necesidad de que se apruebe la educación con perspectiva de género, pero hemos visto que no hay una intención o, desde el Estado, no se atiende comoprioridad este elemento de educación con perspectiva de género y de prevención, una prevención que no sea revictimizante, que no venga a culpar o a violentar a sobrevivientes”.
La profesora Martínez Ramos enfatizó en la urgencia de que se comience a educar con perspectiva de género desde las edades tempranas, porque los resultados se verán cuando estas generaciones crezcan y establezcan relaciones sociales más equitativas que no estén enfocadas en el poder, control y privilegio, lo que desembocará en la reducción y la posible erradicación de la violencia de género.
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¿Qué se hizo para encaminar la prevención?
El trabajo del Comité PARE se ha enfocado en la revisión y actualización de protocolos para la atención de los casos de violencia de género. Aunque se han firmado varios protocolos, como el de investigación de feminicidios y transfeminicidios, aún falta evaluar su efectividad, expresó González Castro.
“El tema de la prevención, quizás, es el área que se ha trabajado menos. Una de las formas que pensamos que se iba a trabajar era con las campañas educativas, campañas de medios. Mi opinión es que no hemos visto, en los medios, una campaña continua que promueva la prevención de la violencia”, expresó González Castro.
Uno de los mecanismos, que desarrolló el Comité PARE, para la prevención es la campaña El momento del PARE, que incluyó afiches y murales cuya difusión estuvo a cargo de alianzas con el sector privado, a través de la página parelaviolencia.com y a través de las redes sociales del comité, que cuentan con 736 seguidores. Los murales, la activación más visible de la campaña, se ubican en el Mall of San Juan, un centro comercial de nicho y muy poco concurrido. También, se incluyó un anuncio televisivo sobre la realización de las piezas de arte, pero no se explicaba, de manera precisa, su relación con la violencia machista.
“Ojalá las personas los visitaran y miraran tan poderoso que hay en esos murales”, dijo la oficial de cumplimiento del comité asesor.
Aunque tenían objetivos establecidos, Espada Martínez indicó que el desarrollo de lineamientos para evaluar la efectividad de la campaña “es un área de trabajo” que tienen pendiente. Más allá de que la página web ha tenido 34,000 visitas, desde noviembre de 2021, no hay ninguna certeza del alcance del esfuerzo de comunicación.
Por otra parte, en abril, comenzó un plan piloto para la capacitación de la empleomanía de los departamentos de Seguridad Pública, Salud, Familia, Justicia y Corrección y Rehabilitación. En esta primera fase, que continúa en curso, se adiestran 500 empleados.
“Hay cinco agencias en una primera fase de un plan de capacitación que nos ofrece un panorama y un escenario de dónde estamos. Vamos a tener, todavía, prejuicios, algunas áreas que hay que trabajar con más detenimiento. Así que, el haber comenzado este plan de capacitación nos prepara para seguir ejecutando esta capacitación de estos empleados y estas empleadas de estas cinco agencias”, aseguró Espada Martínez.
Asimismo, tuvieron unas campañas de concienciación semanales por agencia que incluyeron un pronunciamiento de redes sociales y una charla de orientación sobre violencia de género, que, en ocasiones, se transmitió en directo. En esta iniciativa, que impactó a 79 agencias gubernamentales, apuestan a que el mensaje se lleve de persona a persona.
Para González Castro, es importante que se haya iniciado este proceso educativo en los empleados de gobierno, pero entiende que “la educación debe ser algo continuo”.
“Nosotras que tenemos años dando adiestramientos a distintos profesionales y personas que intervienen con la violencia de género, sabemos que un taller o dos talleres no son suficientes. Cuando tú quieres hacer una transformación real, tiene que ser un proceso continuo de educación porque, aquí lo que tenemos que hacer es deconstruir muchas cosas con las que hemos vivido, que hemos creído por muchos años”, subrayó.
Del mismo modo, estos esfuerzos se pudieron haber extendido a la ciudadanía, pero solo se centraron en el nicho gubernamental, que no es el único grupo de la población que puede reproducir las diversas manifestaciones de la violencia de género.
También, se firmó un acuerdo colaborativo para el adiestramiento de fiscales de las unidades especializadas en violencia doméstica para que tengan las herramientas de identificar a agresores que pueden ser potenciales feminicidas. Sin embargo, las personas que llegan al sistema judicial ya son agresoras. Entonces, es válido cuestionar si es un mecanismo preventivo o reactivo.
La oficial de cumplimiento del Comité PARE explicó que, en esos casos, también se debe trabajar en la optimización de los programas de desvío y reeducación de agresores, aspecto que, en año y medio del Estado de Emergencia, “no se ha tocado”.
“Debe ser un sistema centrado en la víctima, pero cómo ese sistema trabaja también con esa persona agresora. ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo las campañas también se dirigen a las personas agresoras y al círculo de personas que estamos viendo la violencia de género? A eso es a lo que nos queremos dirigir, a ver cómo esos mecanismos nos ayudan en la prevención”, sostuvo Espada Martínez.
Según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, publicada en julio de 2021, el organismo que fiscaliza estos programas de desvío para agresores estuvo inactivo por largos periodos, por lo que se desconoce la eficacia.
Efectos tangibles del Estado de Emergencia
Si bien es evidente que la violencia de género no ha mermado en el país, según las entrevistadas, hay aspectos que se pueden rescatar en cuanto al reconocimiento de la violencia machista por parte de la ciudadanía.
Martínez Ramos, González Castro y Espada Martínez coincidieron en que es un paso importante el que el aparato gubernamental reconozca que la violencia contra las mujeres es un problema de colectivo y no individual, lo que también emite un mensaje a la ciudadanía.
“Hay trabajos importantes que hicieron las organizaciones que estuvieron ahí representadas, particularmente el allegar ciertos fondos en el contexto de la emergencia por la pandemia para que no se vieran afectados los servicios a las sobrevivientes que son servicios críticos”, estableció León Morales.
La oficial de cumplimiento del Comité PARE comunicó que se habían asignado un total de $3.9 millones a organizaciones feministas, que ofrecen los servicios a víctimas y sobrevivientes que el Estado no asume. En el tiempo restante del Estado de Emergencia, entiende que la continuidad de los fondos debe ser una prioridad.
La fiscal Espada Martínez destacó la creación del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), que se encarga de centralizar toda la información de las órdenes de protección. Recientemente, se desarrolló un mapa interactivo para poder brindar monitoreo y seguridad a las víctimas. Entiende que el trabajo que se hace desde el COPOP da a las peticionarias un sentido de seguridad y confianza en el sistema para que se sientan “empoderadas” en denunciar.
Sin embargo, las entrevistadas también coincidieron en que la emergencia por la violencia machista está muy lejos de terminar, incluso con la extensión de la Orden Ejecutiva.
“Hay que reconocer que cuando tú quieres hacer una transformación, que tiene que venir desde la base y la raíz; eso requiere tiempo”, subrayó González Castro.
Asimismo, León Morales concluyó: “La emergencia en Puerto Rico continúa. Desde la prestación de los servicios, es evidente que continúa. Con Estado de Emergencia o sin él, nosotras vamos a seguir haciendo el trabajo que hay que hacer para proteger a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Seguiremos insistiendo sobre la prevención y la educación con perspectiva de género. Seguiremos impactando a comunidades y a instituciones que así nos lo permitan para poder crear conciencia y crear estrategias colectivas para erradicar la violencia de género”.
