A pesar de las irregularidades en las primarias, unas 37 de 65 mujeres resultaron electas, lo que representa un aumento de diez puntos porcentuales en comparación a las últimas, en 2016, en las que solo 29 de 62 fueron escogidas.
Las 37 seleccionadas en las contiendas del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), celebradas irregularmente entre el 9 y 16 de agosto debido a retrasos en la entrega de papeletas, se suman para un total de 121 candidatas oficiales, 32 más que en 2016, que buscan ocupar escaños en las próximas elecciones.
“Observamos una tendencia positiva de cómo el electorado les ha dado la oportunidad a las mujeres para que salgan como candidatas. Si esta tendencia se mantiene y se fortalece de aquí a las elecciones, podríamos ver que más de 23 mujeres, de las funcionarias públicas electas en 2016, podrían salir favorecidas”, sostuvo la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Proyecto 85, Natalie Caraballo Vélez.
La cofundadora de Proyecto 85 indicó que los resultados de las primarias envían un mensaje para los partidos de que tomen con seriedad la participación y representación de las mujeres, ya que son el bloque mayoritario en el electorado y en la población. Caraballo Vélez resaltó que hubo mujeres que llegaron en primer lugar, y no contaban con el apoyo del liderato de sus partidos como lo tenían otros hombres que estaban en la misma papeleta.
“Es un abrir de ojos para los partidos de que hace falta que le dediquen más recursos para atraer al liderato femenino. Existe la necesidad de que en las cúpulas de poder de los partidos haya más mujeres, más diversidad y más representación”, apuntó la directora.
El PPD tiene a 33 candidatas, la misma cifra que posee el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Por su parte, el PNP incluirá a 26 candidatas en la papeleta. El partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se destaca, ya que poseen el porcentaje más alto de participación de mujeres con 23 candidatas entre sus 52 aspirantes, un 44%.
Minoría evidente en los espacios de gobernanza
En términos generales, las mujeres siguen siendo una minoría evidente, ya que representan menos del 30% de la lista de candidatos. Los hombres ocupan 392 de 513 espacios en las papeletas en la isla, un 76%.
Actualmente, de los 161 cargos políticos en el gobierno de Puerto Rico, solo 23 (14.3%) son ocupados por féminas, y de las 78 alcaldías solo 9 (11.5%) están dirigidas por mujeres.
Según datos recuperados por Proyecto 85, este próximo noviembre correrán 41 (16.8%) candidatas de 244 para los 78 municipios en la isla. Caraballo Vélez insistió en que la brecha de representación en las alcaldías es muy amplia. En el PPD, hay 12 aspirantes féminas, y, en el PNP, 10.
En la historia puertorriqueña, solo cuatro mujeres han participado para ser gobernadora: Victoria Muñoz Mendoza (1992); Sila María Calderón Serra (2000), la única en ser electa para ese puesto; María de Lourdes Santiago Negrón (2016); y Alexandra Lúgaro Aponte (2016).
En las primarias, al no ser electas Carmen “Yulín” Cruz Soto, en el PPD, y Wanda Vázquez Garced, en el PNP, solo se encuentra en la contienda Alexandra Lúgaro Aponte, por MVC, frente a cinco hombres.
“Hemos tenido experiencias nefastas de mujeres en puestos de liderazgo como también miles en hombres. Lo negativo está a simple vista. Pero yo creo que merece la pena ver ejemplos de otros países, cómo la política pública se ve fortalecida cuando hay más mujeres”, expresó Caraballo.
Parte intrínseca en la elaboración de políticas públicas
La participación de las mujeres como principales sujetas políticas resulta no solo en que exista mayor interés en el Estado a que se atiendan problemas que, verdaderamente, afectan a las mujeres, sino que también se produzcan políticas públicas dirigidas a reducir la desigualdad de género.
“No es ser tomadas en consideración, es ser parte intrínseca en la formulación de políticas públicas”, compartió Caraballo Vélez.
La investigación Políticas públicas para la igualdad de género: Un aporte a la autonomía de las mujeres (2014), de María Cristina Benavente Riquelme y Alejandra Valdés Barrientos, producida para la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reúne y analiza proyectos de igualdad gestados por mujeres en países latinoamericanos.
Las autoras plantean que las buenas políticas públicas de igualdad son las que reconocen a las mujeres como sujetas políticas, y establecen que parte del proceso es establecer medidas para promover su participación activa en la elaboración.
“Las políticas públicas, en la medida en que establecen una obligación de los Estados, son exigibles por parte de la ciudadanía. Hacerlas justas desde un enfoque de igualdad de género las diferencia de otras políticas e impone al Estado nuevos retos en el sentido de considerar la igualdad y la no discriminación en la práctica”, sostienen, en su escrito, Benavente Riquelme y Valdés Barrientos.
Ser mujer no es sinónimo de feminista
No simplemente por ser mujeres, las candidatas ya se consideran aliadas o precursoras de movimientos de equidad para lograr combatir la desigualdad de género. El machismo, el patriarcado y el fundamentalismo religioso se manifiestan también, en gran medida, en esas líderes que han logrado ocupar escaños en las esferas de poder.
“Nosotras decimos que no votamos por una mujer por el mero hecho de ser mujer. Todas las mujeres hemos sido educadas en el mismo sistema patriarcal y machista. El ser mujer no te garantiza ser feminista, tener perspectiva de género o ser solidaria con otras mujeres”, enfatizó la cofundadora de la organización feminista Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez.
El caso de Vázquez Garced es un ejemplo de cómo, a pesar de haber estado a cargo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OMP), en 2010, bajo la administración de Luis Fortuño, ha apoyado y firmado proyectos de ley que obstaculizan los trabajos de organizaciones en busca de la equidad.
“Desde el momento que ella fue nombrada al puesto de la procuraduría de las mujeres, una de las primeras cosas que notamos fue la poca identificación con las causas de los movimientos feministas en Puerto Rico”, compartió la licenciada Pagán Jiménez acerca de la trayectoria de la gobernadora.
La activista de derechos humanos explicó que las gestiones de Vázquez Garced se distanciaron de la trayectoria que había tenido la primera procuradora, María Dolores Fernós, quien fomentaba un diálogo continuo entre las organizaciones de base y los colectivos feministas. Una de las acciones de la primera ejecutiva fue disolver la Comisión Nacional para Erradicación de la Violencia Doméstica, la Agresión Sexual y el Acecho hacia las Mujeres, un grupo multisectorial muy exitoso que tenía representación de agencias de gobiernos y organizaciones de mujeres.
“La oficina perdió el norte, y dejó de ser un ente independiente, tal y como la ley que la creó lo exigía, para convertirse en una agencia de gobierno que respondía a los intereses del gobierno de turno”, declaró Pagán Jiménez.
Además, como gobernadora tampoco ha declarado un estado de emergencia por la violencia machista en Puerto Rico. La abogada expresó que las organizaciones de mujeres le han enviado propuestas concretas para mejorar la respuesta gubernamental, sin embargo, nunca las ha implantado.
Por su parte, María Milagros “Tata” Charbonier, investigada y arrestada por cargos de corrupción, ha sostenido discursos y alianzas con el sector fundamentalista religioso que promueve estereotipos de género, agendas de odio y discrimen.
“Intencionalmente, tergiversa conceptos y expresiones para confundir la opinión pública. Públicamente, ha comparado la orientación sexual con la pedofilia”, dijo Pagán Jiménez sobre la exlegisladora, quien se posicionó en último lugar en la lista de candidatos de representantes por acumulación.
Además, fue aliada de la senadora novoprogresista Nayda Venegas Brown, quien forma parte de la lista de candidatas oficiales, cuando presentó el proyecto para limitar el derecho al aborto. Por último, Charbonier impulsó el nuevo Código Civil, firmado por la gobernadora en junio de 2020.
El historial de muchas candidatas en Puerto Rico, tanto del PPD como del PNP, ha evidenciado su mala administración y sus posturas opuestas y conservadoras en temas relacionados con los derechos humanos.
“Les toca a organizaciones como las nuestras llevar ese récord legislativo, y, en su momento, presentarlo al país de manera concisa y resumida para que sepan por quiénes están votando”, indicó Pagán Jiménez.
Educando al electorado
La licenciada recalcó que los votantes tienen que observar la trayectoria de los candidatos, sus expresiones y en cuáles espacios se han movido. Asimismo, explicó que el electorado debe ser consciente de con quiénes se relacionan, cuáles son sus alianzas y qué posturas tienen sobre la división de iglesia y estado.
“Yo pienso que cuando tenemos candidatas y candidatos que tienen alianzas expresas con grupos del sector fundamentalista religioso es un no. Eso es equivalente a una Nayda Venegas, una Milagros Charbonier y una Keren Riquelme que, cuando estén en la legislatura y les toque tomar decisiones sobre los derechos de las mujeres, van a votar en contra de esos derechos”, sostuvo la activista.
Proyecto Matria desarrolló, de 2011 a 2012, el proyecto la Ruta de las Mujeres, que busca el apoderamiento dirigido a “educar a las mujeres de toda la isla para que las mismas conozcan de cerca los procesos electorales y políticos y desarrollen destrezas para insertarse efectivamente en los mismos”.
“Se les pidió a las mujeres que presentaran propuestas para los partidos políticos. Nosotras recogimos esas propuestas y las enviamos a los partidos políticos. Luego de evaluar las propuestas de los partidos, les explicamos a las mujeres quiénes las acogieron”, detalló la directora sobre la iniciativa que renovarán en este año electoral.
Otro espacio de visibilidad de candidatos a puestos electivos es Quién Me Representa, trabajado por la organización sin fines de lucro e independiente Espacios Abiertos. Proyecto 85 también preparó una lista de las candidatas, en la que incluyen sus datos para que los electores estudien sus trayectorias y propuestas.
“Hay que asegurarnos que esas candidatas, independientemente de su creencia religiosa, tengan muy claro que hay una frontera importantísima desde el punto de vista constitucional entre una creencia personal y lo que son los derechos humanos de las mujeres, de las comunidades LGBTQ o de otros grupos vulnerables”, concluyó Pagán Jiménez.
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