(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
De las cinco clínicas de aborto en Puerto Rico, solo tres, las que se encuentran en el área metropolitana, han permanecido ofreciendo servicios ininterrumpidamente durante el período de cuarentena. Dos de ellas, Women’s Medical Pavillon y Centro de Planificación Familiar/ Aborto, redujeron sus horas laborales.
El distanciamiento social impuesto por el gobierno para reducir el contagio por COVID-19 ha tenido el efecto de limitar el acceso al aborto en Puerto Rico.
“Crea mucha confusión en cuanto a las clínicas, si están abierta o están cerradas. También, hay una percepción de que el servicio del aborto no es un servicio esencial y se abren muchas dudas sobre cómo se provee el servicio actualmente”, expuso la ginecóloga Yari Vale Moreno y miembro de la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible en Puerto Rico.
La orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el 15 de marzo, para enfrentar el contagio por coronavirus estipula, en la cuarta sección, el cierre de las operaciones gubernamentales y comerciales, excepto aquellas relacionadas con servicios esenciales. No obstante, en la medida no figura el aborto como un servicio de salud esencial.
“Cuando salió la orden ejecutiva, nos preocupaba mucho la desinformación. Al esa orden no estar clara, y no entender que un aborto es un servicio de salud y, por ende, un servicio esencial, pues tuvimos que hacer mucha orientación a nuestras participantes y decirles que sí podían salir a requerir estos servicios”, señaló Mayra Díaz Torres, quien dirige la clínica de salud sexual y reproductiva con base comunitaria, IELLA de Profamilias.
“Se les prepararon cartas como evidencia de que estaban en citas médicas, por si algún policía intervenía. El aborto es un servicio de salud, es una cita médica y es un servicio de salud esencial, que tiene que proveerse con rapidez”, subrayó Díaz Torres.
Cómo se está garantizando el aborto en medio de crisis por COVID-19
A pesar de las pocas clínicas abiertas y de los retos para conseguir los equipos de protección sanitaria, los portavoces de las tres clínicas ubicadas en el área metropolitana aseguraron que están realizando los protocolos de higiene pertinentes para evitar el contagio entre los pacientes y los empleados.
“Las clínicas de aborto están reguladas bajo la ley de hospitales, así que tenemos que mantener un rigor sanitario”, explicó la también doula de aborto Díaz Torres.
Indicó que en su clínica se establecieron puntos de cotejo para asegurar que las pacientes estén bien atendidas. Antes de entrar, se les toma la temperatura, se les da mascarillas y guantes. La cantidad de personas en la sala de espera al mismo tiempo se ha limitado a tres, que se mantienen a una distancia ocho pies.
Atestigua aumento de pacientes
La pandemia por COVID-19 no ha reducido la cantidad de pacientes que buscan este servicio de salud reproductiva, apuntó Díaz Torres.
“El flujo de participantes, yo hasta diría, que ha aumentado. Las razones, pues son varias. Primero, es un servicio que siempre se ha requerido. Segundo, el aislamiento puede aumentar las condiciones de tener embarazos no deseados, aunque esto todavía no lo hemos comprobado. El no tener el acceso a métodos anticonceptivos y anticoncepción de emergencia pudieran aumentar la necesidad del aborto. Tercero, la violencia sexual y la violencia de género”, observó la también miembro de la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible.
La restricción del derecho al aborto en Estados Unidos
La falta de reconocimiento del aborto como un servicio esencial ha implicado una limitación del acceso a este derecho en Estados Unidos. En Texas, el gobernador Greg Abbott está prohibiendo la mayoría de los abortos en el estado durante el brote de coronavirus porque considera que no califican como “cirugías esenciales” y, más bien, son una “decisión personal”. El incumplimiento de la orden puede resultar en multas de hasta $1,000 y 180 días de cárcel.
La profesora de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras Melody Fonseca Santos aseguró que la acción del gobernador Greg Abbott “es sumamente problemática, pues refleja una política activa contraria a los derechos reproductivos de las mujeres, pero más aún, al trasladarlo a que la decisión final sea tomada en las cortes, cuestión que prolongará los procesos”.
“Las mujeres que requieran un aborto podrían verse afectadas si superan las 22 semanas de gestación, pues a partir de entonces es ilegal en dicho estado”, resaltó Fonseca Santos.
“Como académicas y activistas feministas han analizado por años, tenemos que tener claro que el cuerpo de las mujeres es un cuerpo-territorio sobre el que se está ejerciendo una guerra política. Esta guerra política es profundamente ideológica. Parte fundamental del imaginario político conservador, consiste en entender que el cuerpo de la mujer no le pertenece y menos aún ante un embarazo”, explicó Fonseca Santos, también integrante de la organización política Colectiva Feminista en Construcción.
“Una situación de emergencia, que permite a los gobiernos establecer estados de alarma, emergencia, excepción, operar con impunidad por el ‘bien’ de la sociedad, es un escenario perfecto para mantener esta guerra. Estos gobiernos van a sostener que el acceso a la salud sexual y reproductiva de la mujer no es prioritario. Esto no es por error, por desconocimiento, o porque están desbordados atendiendo otras cosas ante la emergencia. Lo hacen proactivamente, afirmativamente, como parte de su política conservadora. No están olvidándose de que esos servicios son esenciales, los están negando a propósito”, sostuvo la profesora.
La importancia de garantizar el aborto ante la crisis
La ginecóloga Vale Moreno sostuvo que posponer el acceso al aborto representa un riesgo de salud para muchas mujeres.
“El aborto, a medida que pasan las semanas, se vuelve más caro y el acceso se vuelve más difícil. Dos o tres semanas de atraso, en el ofrecimiento del procedimiento, puede significar limitaciones de acceso a la paciente. También, nos preocupa pacientes que tengan unas indicaciones médicas que necesiten una terminación de embarazo, pues no la pueden tener porque el servicio no está ahí. Por ejemplo, pacientes con diabetes o alta presión”, apuntó.
Vale Moreno contó como ejemplo de las complicaciones que presenta la orden ejecutiva que hace unas semanas atendió a una paciente a la que le falló el dispositivo intrauterino y quedó embarazada. Por tener una condición en los pulmones, el riesgo a su vida aumentaba según pasara el tiempo.
Situación económica complica el acceso
Se suma al panorama las dificultades económicas que enfrentan ahora, principalmente, mujeres del sector privado que no están cobrando o que han perdido su empleo.
En Puerto Rico, los planes médicos no cubren esta cirugía, a menos que la vida de la madre esté en riesgo o que el embarazo sea producto de una violación. Para quienes no están en ninguna de estas situaciones, les toca costear el procedimiento por su cuenta.
Hay dos tipos de aborto. El costo del aborto quirúrgico varía por clínica, pero ronda los $150. Mientras, el farmacológico tiene un precio de $350, pero solo lo ofrecen dos clínicas.
“Es uno de los reclamos que tenemos en agenda: cómo podemos accesibilizar esa atención de salud para que no sean unas pocas las personas que puedan accederlo. La clínica IELLA es una clínica de aborto de base comunitaria y es la única de Puerto Rico y el Caribe. Así que, como toda organización sin fines de lucro, buscamos propuestas, fondos solidarios para costear esos procedimientos para personas que no cuenten con los recursos económicos. El factor económico no puede determinar si tengo o no tengo este procedimiento. Eso lo hemos estado ofreciendo ininterrumpidamente”, sostuvo Díaz Torres.
Entre las ayudas económicas que mencionó la gobernadora durante su mensaje del lunes, 23 de marzo, nada dijo sobre algún fondo especial para las mujeres que busquen interrumpir su embarazo y no cuentan con el dinero.
Aborto farmacológico: un reclamo internacional
Organizaciones feministas en Estados Unidos y Europa están exigiendo que se flexibilice la ley de aborto farmacológico para no exponer a las mujeres a salir de sus casas y evitar el contagio por COVID-19, y garantizar que se interrumpa el embarazo en el tiempo requerido.
Esta medida se ha aprobado durante el confinamiento en lugares como Escocia, Gales e Inglaterra. También, en Colombia, el Ministerio de Sanidad emitió disposiciones exigiendo a las clínicas que facilitaran este tipo de aborto en las primeras semanas de embarazo.
En Puerto Rico, el aborto por medicamento ha aumentando. No obstante, las regulaciones médicas establecen que, para acceder al aborto farmacológico, la paciente debe realizarse una evaluación médica y un sonograma.
“Nosotras quisiéramos que la conversación del aborto se elevara a un nivel en el que las personas pudieran adquirir el medicamento de otras maneras, pero hay una reglamentación que nos ata de manos en cuanto al procedimiento como tal. No es legal, en Puerto Rico, que el aborto por medicamento se haga por telemedicina o que las pastillas lleguen por correo. Hay en otros lugares del mundo que sí, y eso le da una ventaja en tiempos como este a las personas de poder acceder a unos servicios desde su casa. Eso sería lo ideal, pero aquí tenemos mucho camino que andar en ese sentido”, explicó Díaz Torres.
La también educadora en salud añadió que “vemos como el Departamento de Salud flexibiliza reglamentos y leyes para que las personas puedan tener acceso algunas atenciones médicas, pero de las clínicas de aborto nada se habla. En condiciones como estas, es donde se deben dar estas conversaciones de cómo nosotros flexibilizamos unos reglamentos que son bien rigurosos y escritos en piedra. Nos es que nosotras en las clínicas queremos exponer a las personas que salgan de sus casas, pero es que no hay otras opciones”.
La gobernadora firmó, el 20 de marzo, la Resolución Conjunta del Senado 491, que flexibiliza las disposiciones de la “Ley para el Uso de la Telemedicina en Puerto Rico”. Como parte de esta resolución, se autoriza a los médicos a enviar una receta, referido u orden médica por fotografía o cualquier otro método electrónico a las farmacias, que deberán aceptarlas y despachar los medicamentos. Sin embargo, la medida no establece si las clínicas de aborto están autorizadas a enviarles a sus pacientes los medicamentos abortivos sin una consulta previa o un sonograma.
Exigencia en América Latina y el Caribe
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y otras organizaciones de la región hicieron un llamado a todos gobiernos a cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los mecanismos de tratados internacionales de derechos humanos. Entre las medidas que instan a adoptar se encuentran las consultas médicas virtuales para quienes desean orientarse sobre el aborto, autorizar a los médicos a recetar los medicamentos abortivos a través de consultas virtuales, y permitir que las personas tomen los fármacos requeridos para realizar el aborto de manera ambulatoria, entre otras sugerencias.
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