(Foto: Facebook Construyamos Otro Acuerdo)
Van más de 10 años desde que Áurea Cruz se retiró como trabajadora social y comparte su pensión junto a su familia y su nieta, a quien ayuda con el pago de sus estudios graduados. Lo mismo pasa con Migdalia Pérez, también trabajadora social retirada y a cargo del sustento económico de sus sobrinos.
“La vida y los alimentos en los supermercados cada día son más caros. También, están subiendo la luz y el agua y tampoco hay acceso a una vivienda digna para las personas de bajos ingresos. La gente pensionada de ahora va a terminar más pobre que nosotros”, evaluó Cruz, también portavoz del Colegio de Trabajadores Sociales en Defensa de las Pensiones.
Como Áurea y Migdalia, existen miles de mujeres más que son el motor económico de la familia y se han afectado seriamente ante los constantes recortes al sistema de retiro y sus beneficios.
Según explicó la portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer Núñez, el perfil de los servidores públicos activos y jubilados tiene rostro de mujer.
“Las personas pensionadas con las que trabajamos, en su mayoría, son mujeres con jornadas dobles de trabajo. Hay algunas que cuando estamos tratando de pautar fechas para las reuniones, tienen que hacer los arreglos necesarios porque están a cargo del cuido de su esposo o de su nieto o nieta. Así que su única fuente de ingreso no es solamente para su núcleo familiar cercano, sino también para su familia extendida”, aseguró Ferrer Núñez en entrevista con Todas.
Recortes que complican la vida
A raíz de la emisión ilegal de bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE), los servidores públicos pensionados dejaron de recibir la bonificación para medicamentos, el bono de Navidad y el bono de verano.
Por su parte, la Junta de Control Fiscal, a través de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como Promesa, dispuso en el Plan Fiscal para Puerto Rico una baja considerable del funded ratio o coeficiente de sostenibilidad -que establece la capacidad de pago de obligaciones- en el Sistema de Retiro, de un 17.2% a un 8.5%.
Además, se estableció el sistema pay as you go, con el que queda del empleado aportar el dinero para su retiro y sin la aportación económica patronal. Tan pronto la persona se retire, recibirá la cantidad exacta que aportó durante su “vida productiva”.
“El PayGo le va a devolver al empleado lo que aportó para su retiro. Pero, el dólar de hoy no vale ni 50 centavos mañana. Cuando yo empecé a trabajar, en el 1970, uno firmaba un contrato y uno aportaba para tener una pensión de hasta un 75% del salario más alto en los últimos años”, explicó Sonia Palacios, portavoz del colectivo Construyamos Otro Acuerdo.
Lee aquí: Dos mujeres de frente a la Junta
Escollo al final de la sesión legislativa
Con la intención de establecer una política pública que garantice las pensiones de los servidores públicos, varias organizaciones llegaron hasta los predios de La Fortaleza, el pasado jueves, para exigir la aprobación del Proyecto de la Cámara 2434, también conocida como la Ley de Retiro Digno. Este proyecto, redactado por más de 20 entidades y presentado por la representante Lourdes Ramos, fue aprobado unánimemente por la Cámara de Representantes. Sin embargo, no tuvo el mismo éxito al llegar al Senado. Fue aprobado con enmiendas el último día de la sesión legislativa, el 30 de junio, sin que la Cámara concurriera con los cambios. La medida quedó en comité de conferencia.
Según detalló la abogada y portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Eva Prados, la redacción original del proyecto tiene el propósito de fungir como herramienta guía para que el gobierno pueda defender los derechos de los pensionados y sus servicios esenciales frente a los ajustes que establece Promesa.
“Promesa dispone que para que el Tribunal apruebe cualquier plan de pago con los bonistas, la Junta necesita el apoyo de la asamblea legislativa y la ejecutiva, que representan al gobierno frente a la Junta. Y esta legislación, que fue hecha por grupos de pensionados, precisamente, tiene esas guías de cómo el gobierno puede negociar con la Junta los planes de pago con las pensiones y con la deuda”, explicó Prados, también candidata del precinto 3 por el partido Movimiento Victoria Ciudadana.
Exigen acuerdos
Actualmente, los grupos Construyamos Otro Acuerdo, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, la Colectiva Feminista en Construcción, el Capítulo de Jubilados y Pensionados, la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico y Únete esperan por la respuesta del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para sentarse a discutir el proyecto legislativo y buscar acuerdos.
También, solicitaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced la inclusión del proyecto en la próxima sesión extraordinaria.
“Nosotros entendemos que las enmiendas se hicieron porque no se dio el tiempo de que el proyecto se pudiera discutir. Estamos en una época donde no se permiten vistas públicas y solo pudimos someter comentarios por escrito. Pedimos reuniones con los legisladores, pero, por la situación del COVID, no se pudo. Y, bajo estas condiciones tan difíciles del toque de queda, estamos pidiendo que nos den una oportunidad de que nos sentemos con tiempo a discutirlo”, concluyó Prados.
