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A solo cuatro meses de estrenarse la Decimonovena Asamblea Legislativa, comenzó una nueva batalla por la defensa de los derechos, especialmente los sexuales y reproductivos. La ilusión de lograr mayores protecciones para mujeres y la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y de otras identidades (LGBT+) se transformó, durante el cuatrienio, en una urgencia por detener más de 20 proyectos de ley que amenazaban con eliminar o restringir derechos ya adquiridos.
La adversidad se convirtió en victoria porque se detuvieron todos los proyectos que amenazaban con limitar derechos para las mujeres y las comunidades LGBT+, coincidieron varias portavoces de organizaciones feministas y de defensa de la equidad a las que la Unidad Investigativa de Género –una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo– consultó para un recuento de algunos de los proyectos más importantes.
Entidades como Ayuda Legal, Taller Salud y La Sombrilla Cuir destacaron que ninguno de los proyectos restrictivos se convirtió en ley gracias al esfuerzo dedicado por las organizaciones pro derechos humanos.
“Este fue un cuatrienio difícil para las mujeres. Gran parte del trabajo tuvo que ver con defensa de derechos y mantener esa primera línea de resistencia con todo lo que tuvo que ver con los intentos de criminalizar el aborto en Puerto Rico”, expresó Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.
Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico / Foto por Ana María Abruña Reyes
Para la abogada, el mayor logro fue que ninguna de las medidas que limitaban el aborto se convirtió en ley. No obstante, la restricción vino por la vía ejecutiva por medio de una reciente enmienda al reglamento del Departamento de Salud (DS) para regular las clínicas de aborto. La enmienda exige la autorización de alguno de los padres para que menores de 15 años aborten.
“Si bien no se pudo lograr espacio en la política pública a través de la Legislatura, se encontró espacio a través de este reglamento que literalmente lo que hace es que regula los abortos en menores de 15 años”, dijo Godreau Aubert al explicar que el reglamento que aprobó el Departamento de Salud fue presentado primero como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa por la senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad. Tras ser aprobado en el Senado, el proyecto de ley 495 no tuvo acciones posteriores en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
“Están queriendo colarlas por la cocina”, dijo la directora asociada de la organización comunitaria Taller Salud sobre las limitaciones de aborto que grupos que apoyaban la medida de Rodríguez Veve impulsaban en el reglamento del DS.
Según Taller Salud, en este cuatrienio hubo más de 14 intentos de restringir el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Lo saben porque, aparte de las tareas comunitarias que desarrollan cotidianamente, la organización también examinó cerca de 300 proyectos de ley sobre distintos temas. De esas evaluaciones, han publicado 72 en su página de orientación electoral Mira cómo votan.
Por su parte, la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez, señaló que, este cuatrienio, las organizaciones como la suya realizaron un esfuerzo mayor por resistir a medidas que reducían los derechos antes que “lograr la aprobación de buenas medidas”.
Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud | Foto por Ricardo Rodríguez | CPI
Entre la legislación presentada para limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, se encontró el Proyecto del Senado 693, que pretendía limitar a 22 semanas el tiempo que las mujeres tenían para abortar en Puerto Rico y exigía al DS llevar registro de los abortos realizados. Este proyecto fue propuesto por los senadores Joanne Rodríguez Veve (PD), José Luis Dalmau Santiago (PPD), Thomas Rivera Schatz (PNP), Albert Torres Berríos (PPD), Rubén Soto Rivera (PPD), Ramón Ruiz Nieves (PPD) y Keren Riquelme Cabrera (PNP).
Organizaciones feministas y de la comunidad LGBT+ también se enfrentaron al Proyecto de la Cámara 1157, que buscaba eliminar el currículo sobre perspectiva de género en las escuelas y que fue impulsado por la representante Lisie Burgos Muñiz (PD). Pero esta medida se quedó en la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara, donde no tuvo acciones posteriores.
Para este reportaje, se evaluó el récord legislativo de aquellos candidatos que volverán a aspirar a un puesto político.
Otro proyecto que limitaba el derecho a decidir fue el Proyecto del Senado 591 que, al igual que el de Rodríguez Veve, buscaba que menores de 18 años tuvieran que solicitar permiso de sus padres para realizarse un aborto y fue retirada por sus autores Keren Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz.
Entre los proyectos restrictivos presentados en la Cámara de Representantes, están el 1084, que proponía prohibir el aborto luego de detectar el “latido cardiaco”, llamado médicamente “frecuencia cardiaca fetal”; el 715, que buscaba convertir al no nacido en sujeto de Derecho y que se presentó a solo cuatro meses del inicio del cuatrienio; y el 1410, que proponía una consulta electoral, a un costo de $2.5 millones, para conocer si las personas en Puerto Rico reconocían el derecho al aborto.
Otras medidas que Taller Salud destacó como un riesgo para el derecho a decidir fueron el P del S 588, para que los profesionales de salud ejercieran el cuidado médico de grado más alto posible para preservar la vida de un neonato que sobrevive un aborto; el P del S 583, que catalogaba como delito acciones u omisiones que provocaran la muerte de neonatos sobrevivientes de abortos; y el P del S 595, que establecía una ley para el cuidado de las mujeres después de un aborto involuntario o voluntario y partía de la premisa de que tras un aborto voluntario había efectos psicológicos detrimentales. Todas fueron de la autoría de Rodríguez Veve. Tres medidas similares fueron presentadas por la representante Burgos Muñiz.
En la Cámara de Representantes, también se presentaron el P de la C 1450, que declaraba el 24 de junio como el “Día de la Defensa de la Vida”; el P de la C 1407, para que el aborto se castigara con una pena de reclusión de 99 años; y el P de la C 894, para requerir la intervención de al menos uno de los padres al momento de que una menor de 18 años aborte.
Todos estos proyectos tienen como denominador común a la representante del Proyecto Dignidad, Burgos Muñiz, mientras que Jorge Rivera Segarra y Deborah Soto Arroyo (PPD) fueron coautores del P de la C 1450.
Derechos de las comunidades LGBT+
Las medidas antiaborto no fueron las únicas que atentaron, en este cuatrienio, contra los derechos adquiridos. De acuerdo con el activista LGBT+ Pedro Julio Serrano, también hubo medidas antitrans, todas impulsadas por Burgos Muñiz.
“Es inhumano y cruel lo que Lisie Burgos y Proyecto Indignidad intentaron hacer con la comunidad trans con esas nueve medidas que presentaron. Afortunadamente y gracias al activismo de varias personas y entidades, se pudo detener el avance de esas medidas”, expresó Serrano, para luego destacar que todas fueron derrotadas en comisión o quedaron en suspenso.
Los proyectos legislativos presentados por los representantes Burgos Muñiz y Rivera Segarra fueron el P de la C 764, que buscaba prohibir la participación de las personas trans en los deportes; el P de la C 768, que intentaba prohibir las terapias o cirugías de afirmación en jóvenes trans; el P de la C 1740, para prohibir que las personas trans y no binarias tengan baños públicos inclusivos; el P de la C 1741, para negar a las personas trans ingresar en una institución correccional de acuerdo con su identidad de género; el P de la C 1821, para prohibir el transformismo en Puerto Rico; el P de la C 1852, para prohibir la participación de las mujeres trans en los deportes; y el P de la C 1889, para prohibir terapias, tratamientos hormonales y cirugías estéticas en personas trans menores de 21 años.
“Esto lo que nos abre los ojos es a que estemos pendientes al próximo cuatrienio para ver cuántas de esas medidas intentarán reintroducir en la Asamblea Legislativa”, señaló Serrano.
También se presentó el P de la C 1951, que se convirtió en la Ley 95 de 2024 y protege de discrimen a estudiantes y docentes por practicar su religión, aunque este tipo de discrimen ya está prohibido por la Constitución tanto a nivel estatal como federal.
“Ese proyecto es totalmente innecesario. Primero, porque hay una separación de Iglesia y Estado… y segundo, la libertad religiosa ya está protegida constitucionalmente. Así que ese proyecto no hace falta. Realmente, fue un intento burdo de los fundamentalistas de introducir su ideología fundamentalista en las escuelas”, opinó Serrano sobre la iniciativa presentada por los representantes Burgos Muñiz, Soto Arroyo, Rivera Segarra, Wilson Román López (PNP), Jorge Navarro Suárez (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló (PNP), Luis Raúl Torres Cruz (independiente), Edgardo Feliciano Sánchez (PPD), Luis Ortiz Lugo (PPD) y Jocelyne Rodríguez Negrón (PPD).
Para Ínaru Nadia de la Fuente Díaz, de la organización La Sombrilla Cuir, uno de los proyectos más restrictivos presentados fue el P de la C 1821, que buscaba prohibir el transformismo en Puerto Rico, pues su lenguaje era tan ambiguo que cualquier persona trans o no binaria podía terminar en la cárcel.
El P de la C 1821 prohibía, en su redacción inicial, “personificar al sexo masculino o femenino con vestimenta alusiva al sexo masculino o femenino, sin limitarse a la utilización de pelucas, máscaras o maquillaje grotesco en un establecimiento, facilidad abierta o cerrada, pública o privada, restaurante, teatro, vía pública o toda propiedad donde se realicen actividades artísticas o que brinden entretenimiento infantil o familiar”.
“Qué bueno que no pasó… La [propuesta de] ley estaba de una manera tan ambigua que realmente no definía las cosas. Por ejemplo, ¿a qué se refería con grotesco? ¿Qué era una peluca grotesca?… Eso iba a quedar a interpretación del juez… Por lo que exponía a cualquier persona trans, cuir o no binarie a ser llevada a la cárcel”, detalló sobre la medida presentada por Burgos Muñiz y Rivera Segarra.
No obstante, el proyecto se enmendó para eliminar todas las partes alusivas a personas trans y no binarias y se dejó únicamente el texto que prohibía exponer los genitales frente a un menor, lo que ya es un delito. Con esas enmiendas, se aprobó en la Cámara, pero en el Senado no pasó de la Comisión de Reglas y Calendario.
De la Fuente Díaz también denunció los proyectos que buscaban prohibir la presencia de personas trans en los deportes, y las narrativas prejuiciadas y desinformadas que surgieron al respecto. “A pesar de que el proyecto no pasó y a pesar de todo el odio que causó, también visibilizó ciertas cosas… Visibilizó conductas de feministas exclusivas o anti personas trans o feministas transfóbicas”, arremetió específicamente sobre el P de la C 1852, que prohibía la participación de mujeres trans en deportes femeninos.
Ínaru Nadia De la Fuente Díaz, cofundadore de La Sombrilla Cuir | Foto por Ana María Abruña Reyes
Por otra parte, De la Fuente Díaz lamentó que no se aprobara el P del S 485, al que la mayoría del Senado le votó en contra a viva voz y lo colgó. La iniciativa de los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, ambos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), buscaba crear una carta de derechos LGBTTIQ+ y definir las responsabilidades de las agencias gubernamentales y privadas respecto a esta comunidad.
“Desafortunadamente, no pasó. Hubiera sido sumamente beneficioso porque como proyecto lo que buscaba era una guía que ofrecer sobre cuáles eran los derechos que ya nosotros tenemos como comunidades. Iba a tener unas definiciones mucho más sólidas sobre las identidades”, expresó.
Cuando se le preguntó por qué entendía que la mayoría de los legisladores le votaron en contra, respondió que algunos creyeron que se trataba de “privilegios” para la comunidad, cuando no era así.
Proyectos en favor de la equidad
Las organizaciones también destacaron aquellos proyectos aprobados este cuatrienio que adelantaron los derechos de las mujeres y personas LGBT+.
Entre ellos, está el P del S 130, ahora Ley 40 de 2021, que tipificó como delitos en primer grado los feminicidios y transfeminicidios.
“Yo pensé que esto iba a marcar el ritmo, el ambiente de legislación, porque como fue al principio, yo dije ‘pues este podría ser un cuatrienio bueno para las mujeres’. Pero lamentablemente no terminó así”, comentó Rosario Méndez, de Taller Salud, sobre las medidas iniciales del cuatrienio que le llenaron de esperanza.
Cuando aún no se declaraba el estado de emergencia que las organizaciones de mujeres exigían desde 2018, el 2020 culminó con 75 feminicidios, según el Observatorio de Equidad de Género. Habían protestado por tres años consecutivos frente a La Fortaleza para exigir un currículo con perspectiva de género, una campaña de concienciación masiva sobre violencia de género, adiestramiento a las agencias gubernamentales, entre otras reivindicaciones.
El 25 de enero de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi firmó el estado de emergencia. Después, se creó el comité asesor del gobernador para la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la violencia de género, conocido como PARE.
Al mirar atrás, la directora ejecutiva de Taller Salud describe el trabajo de las organizaciones participantes como un “esfuerzo titánico” que propició adiestramientos en temas de género a organizaciones gubernamentales que de otra manera no hubieran sido posibles.
No obstante, aseguró que el esfuerzo perdió su enfoque al convertirse únicamente en un ejercicio de “relaciones públicas” por parte del Gobierno. Aunque el comité PARE se desmanteló, Rosario Méndez está convencida de que ninguno de los proyectos positivos para las mujeres se hubiera aprobado sin un cambio de narrativa que propició esa declaración de estado de emergencia.
Otro de los proyectos aprobados fue una enmienda a la Ley de Prevención de Violencia Doméstica que añadió la violencia económica como modalidad. Según Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres, el P del S 865, presentado por petición de Ayuda Legal Puerto Rico, fue crucial para resaltar una problemática común observada por las organizaciones que atienden situaciones de violencia doméstica. Firmaron como autores de esta medida María de Lourdes Santiago Negrón (PIP), Migdalia González Arroyo (PPD), Rivera Lassén, Gretchen Hau (PPD), Bernabe Riefkohl y Juan Zaragoza Gómez (PPD).
“Legislar sobre eso yo creo que ha sido fundamental para darle fuerza a esa situación que veíamos que se repetía continuamente en cuanto a lo que es el control financiero como una forma de violencia doméstica”, explicó González Castro.
Aunque el trámite legislativo duró unos 15 meses, el P del S 865 fue aprobado por la Cámara y el Senado, y se convirtió en la Ley 74 de 2023.
El 26 de junio de 2024, la Cámara de Representantes aprobó una medida apoyada por más de 25 organizaciones de derechos humanos y antirracistas, que se manifestaron y realizaron visitas al Capitolio por cerca de un mes y medio para educar sobre el proyecto. Se trató del P del S 1282, presentado por petición de Alanis Ruiz Guevara, para prohibir el discrimen por estilos de cabello en los empleos y en las escuelas. Figuraron como autores de la medida los senadores Rivera Lassén, Bernabe Riefkohl, Santiago Negrón, Ruiz Nieves (PPD) y José Vargas Vidot (independiente).
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GRÁFICA: Votos a favor y en contra de P del S 1282
“El discrimen por estilos de cabello es algo que todas las personas negras viven, pero no necesariamente es algo que todo el mundo vive de la misma manera”, afirmó de la Fuente Díaz, de La Sombrilla Cuir, quien resaltó que las personas que tienen el pelo rizo, incluyendo personas LGBT+, pueden sufrir discrimen en ambientes laborales por razón de su cabello.
“Sentimos que hay una justicia racial que es hasta ancestral. Para todas las personas que hemos tenido experiencias de discrimen a través de nuestros cabellos, ayer fue un día victorioso y sobre todo de justicia”, expresó Gloriann Sacha Antonetty Lebrón, fundadora de Revista étnica en junio pasado, cuando la medida se aprobó en la Cámara.
El P del S 1282 se convirtió en la Ley 106 de 2024 con la firma del gobernador Pierluisi el 24 de julio de 2024. Votaron en contra del proyecto Javier Aponte Dalmau (PPD), Juan Oscar Morales (PNP), Carmelo Ríos Santiago (PNP), Rivera Schatz, José Aponte Hernández (PNP) y José Meléndez Ortiz (PNP).
Pero los esfuerzos a mediados de cuatrienio no siempre fueron fructíferos. Un proyecto de ley que buscaba extender las licencias por maternidad y paternidad y reconocer la licencia por maternidad subrogada se quedó estancado en un Comité de Conferencia en la Cámara de Representantes, de acuerdo con la Oficina de Servicios Legislativos. Aunque el P del S 155, de la autoría de Vargas Vidot, se aprobó en el Senado, la Cámara de Representantes hizo unas enmiendas con las que el Senado no concurrió.
Según Lourdes Inoa Montenegro, de Taller Salud, esta medida cambiaba las narrativas y las cargas “de las mujeres en el proceso de crianza”, en parte porque implicaba que los hombres estarían también involucrados al tener una licencia de paternidad. “Pero se quedó en el tintero”, lamentó Inoa Montenegro sobre la falta de acción por parte de la Legislatura para aprobar la medida.
La directora asociada de Taller Salud, Lourdes Inoa Montenegro | Foto suministrada
De igual forma, hubo un intento de codificar como delito el acoso callejero en el P del S 326, presentado por Rivera Lassén y Bernabe Riefkohl. La medida se aprobó en el Senado. Sin embargo, una votación cerrada de 25 a 22 derrotó la medida en la Cámara de Representantes.
Cada una de las organizaciones entrevistadas por la Unidad Investigativa de Género ha desarrollado herramientas y proyectos para fomentar el voto educado en las próximas elecciones.
Taller Salud, por ejemplo, lanzó en septiembre la herramienta Mira cómo votan, que monitorea algunas de las medidas legislativas de mayor impacto durante el cuatrienio, basándose en asuntos de género como la justicia reproductiva, vivienda digna, acceso a la salud, entre otros. Asimismo, permite observar cómo votó cada legislador durante el cuatrienio.
“En la recta final, donde estamos tomando decisiones sobre cómo votar en las próximas elecciones, nuestro llamado es a que el voto de las mujeres sea un voto crítico, informado, que recuerde quiénes atentaron contra nuestros derechos y quiénes trabajaron para adelantarlos”, expresó Inoa Montenegro.
De igual forma, el Frente Unido por la Equidad, del cual Serrano es portavoz, elaboró una lista de candidatos a la Legislatura y gobernación en la cual dividieron a los aspirantes en tres categorías: aliados de la equidad, enemigos de la equidad y ambivalentes o indiferentes ante la equidad.
Por su parte, La Sombrilla Cuir está en proceso de desarrollar, de cara al próximo cuatrienio, talleres en colaboración con la fundación Agenda Ciudadana para promover decisiones informadas al momento de ejercer el derecho al voto.
“Al momento de votar o no votar, porque [no votar] también es un derecho, las personas deben estar pendientes a… aquellos partidos y candidatos que han tenido una trayectoria con las comunidades trans, queer y no binaries a través del tiempo”, subrayó De la Fuente Díaz. Añadió que esta trayectoria debe evaluarse distinguiendo a aquellos aspirantes que tomaron en cuenta a esta comunidad durante todo el cuatrienio versus aquellos que lo hicieron solamente de cara a las elecciones para ganar votos.
Asimismo, Ayuda Legal PR ha publicado varios vídeos en sus redes sociales que educan sobre los procesos electorales y los derechos de las personas trabajadoras en caso de que su empleador les indique que no pueden salir a votar.
La coalición Coordinadora Paz para las Mujeres tiene un pódcast llamado Voz de voces, en el que discute con la comunidad LGBT+ cuáles son las necesidades con las cuales la clase política del país debería comprometerse.
“No votamos solo por nosotras, sino también por los derechos de las comunidades, de las próximas generaciones y el país que queremos que hereden”, reflexionó Inoa Montenegro.
