Foto de archivo de María Abruña
Luego de que el 2024 se convirtiera en el año con más feminicidios, legisladores del país han presentado al menos 31 medidas para atender la crisis de violencia de género.
Entre ellas, se encuentran adiestramientos para la Policía y los jueces; acelerar los procesos para la obtención de órdenes de protección; implementación de protocolos en los empleos y escuelas para víctimas de violencia de género; fondos para la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género; una carta de derechos para las víctimas de violencia doméstica; y un código integral para la prevención, intervención y atención contra la violencia doméstica en Puerto Rico.
De acuerdo con la representante del Partido Nuevo Progresista y nueva presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, Wanda del Valle Correa, la crisis que enfrenta el país “se puede minimizar”.
“Yo creo que pueden minimizarse si logramos que se vuelva a creer en el sistema y que el sistema no le vuelva a fallar a una mujer o a alguien que haya sido agredido”, opinó Del Valle Correa, quien presentó 14 de las medidas.
Entre sus medidas se encuentra un protocolo para manejar situaciones de violencia doméstica en el empleo, obligatoriedad para entregar a las víctimas un plan de acción al momento de recibir una orden de protección, adiestramientos a jueces y policías, una carta de derechos para víctimas y el código integral de violencia doméstica, entre otras.
La representante detalló, en una entrevista telefónica, que es sobreviviente de violencia doméstica y que su madre fue asesinada. Sin embargo, aseguró que su proceso en los tribunales fue muy difícil y, aunque los tiempos han cambiado, todavía queda mucho por lograr.
“Como sobreviviente, te lo digo: yo pasé las de Caín tratando de llevar el caso nuestro y fue bien complejo. A pesar de que fue hace años, no ha sido muy diferente a lo que hay. Aunque ahora hay otras herramientas, el proceso criminal como tal y el proceso de llevar un caso de violencia doméstica no ha sido mucha la diferencia con lo tardío y lo lastimoso para la víctima. Pero yo creo que hay una esperanza”, expresó.
En 2024, la organización independiente Observatorio de Equidad de Género (OEG) reveló 81 feminicidios directos e indirectos, casi una decena más que en el 2023. Tres de cada cuatro feminicidios íntimos, es decir, aquellos cometidos por una pareja o expareja, fueron cometidos con armas de fuego.
Aun así, la representante novoprogresista aclaró que no planifica presentar medidas que dificulten el acceso a las armas, porque, según ella, las mujeres también se afectan.
“Se lo vas a reprimir también a la mujer que tiene un arma para poder defenderse. Nosotros tratamos de hacer un proyecto el cuatrienio pasado que levantó un montón de issues (problemas) por lo de las armas y las primeras que me escribieron fueron las mujeres. Yo retiré el proyecto… porque un grupo de mujeres me escribió y me dijo: ‘está bien, les restringen las armas a ellos, pero, ¿y nosotras cómo nos defendemos”, explicó.
Además, la representante dijo que quienes cometen feminicidios utilizan armas ilegales. No obstante, los datos del OEG apuntan a un incremento en la utilización de armas legales para asesinar mujeres. En, al menos, 6 de los 24 feminicidios íntimos el OEG supo que el sospechoso tenía licencia para portar armas.
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“Consideramos que el aumento en feminicidios, en los últimos años, se debe en gran medida al aumento en acceso a armas de fuego legales. Se hace urgente revisar la legislación que flexibilizó los requisitos y procesos para acceder a la posesión y uso de armas de fuego en Puerto Rico si queremos ver reducciones significativas a corto plazo de feminicidios y otras muertes violentas en el archipiélago”, destacó en un comunicado de prensa, Debora Upegui Hernández, analista de datos del OEG.
Antes de 2020, para solicitar la licencia de portación y posesión de armas, las personas debían presentar referencias de carácter y demostrar que temían por su seguridad. En 2020, el gobierno flexibilizó la Ley de Armas, simplificando en un solo documento la solicitud de portación y licencia para armas, y eliminando el requisito de referencias y de temor por la seguridad.
“Necesitamos un enfoque integral que aborde las raíces de la violencia de género y que garantice la seguridad y el bienestar de todas las mujeres y niñas en nuestra isla”, añadió Stephanie Figueroa Figueroa, directora del OEG en el comunicado de prensa. “No podemos permitir que estas cifras sigan aumentando. Una menos se hace demasiado. Es hora de actuar”, agregó.
Para la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Ada Álvarez Conde, el acceso a las armas es un asunto que se toma con mucha cautela. “Estoy muy atenta a ese tema, pero no tengo algo para prevenir las armas porque realmente el problema no es quién tiene armas, es que son machistas que piensan que pueden matar”, expresó. “Lo que sí podemos trabajar es… la reincidencia. Una persona que haya tenido un caso, una persona que haya tenido una orden de protección, una persona que ya ha sido desarmado, ¿cómo vuelve a recuperar esa arma?”, continuó.
Álvarez Conde presentó una medida para crear un protocolo de manejo de violencia en el noviazgo desde el Departamento de Educación, garantizar que las protecciones de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica apliquen a relaciones de noviazgo, establecer procedimientos para el manejo de “safe kits” y para otorgar $1,000,000 a las organizaciones que componen la Red Nacional de Albergues, entre otras medidas.
“Lamentablemente, los albergues siempre han reclamado ver si se les puede dar un dinero del Fondo General, ya que no hay albergues del gobierno y ellos son los que están respondiendo directamente a la crisis con ayudas a las víctimas… Hay mucho que hacer. El estado de emergencia fue bueno en la medida que trajo muchísimas cosas, pero sabemos que faltaron cosas por hacer, que no fue suficiente, que no se atendieron muchísimas cosas”, detalló la senadora para luego añadir que está muy atenta a quién será la procuradora de las mujeres y que espera que no sea un puesto estrictamente político.
Finalmente, señaló que la crisis de violencia de género “se puede resolver” si la legislatura, entidades comunitarias y las personas se organizan para volverla una prioridad. “No creo que venga de arriba hacia abajo, como va a venir de abajo hacia arriba”, dijo refiriéndose a que no espera que la gobernadora Jenniffer González Colón haga del tema de la violencia de género una prioridad si las personas no se organizan y lo exigen.
Entre los legisladores que también han presentado medidas sobre este tema se encuentran: Thomas Rivera Schatz (PNP), Carlos Méndez Núñez (PNP), Wanda Soto Tolentino (PNP), Lisie Burgos Muñiz (Proyecto Dignidad), Gregorio Matías Rosario (PNP), José Torres Zamora (PNP) y Marially González Huertas (PPD).
