Fotos por Ana María Abruña Reyes
En 2019, la periodista argentina Mariana Carbajal quiso comprender la dimensión y el significado de vivir en El Salvador, un país donde se prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, aun cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida y la salud de la persona gestante.
En aquel momento, conversó con activistas salvadoreñas, médicas, abogadas y mujeres criminalizadas por sufrir emergencias obstétricas. Recopiló sus historias y las mostró en la pieza audiovisual Cuerpos juzgados, un documental presentado, el pasado jueves, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, como parte de la jornada educativa de la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“Como periodista, tengo el privilegio de la palabra, el poder de amplificar las voces de otres, que tienen su propia voz, pero que no se escucha. Me sentí con la responsabilidad y el compromiso de mostrar lo que otros no querían ver”, explicó la comunicadora feminista Carbajal.
Desde el 1988, el aborto está totalmente penalizado en El Salvador. Las personas gestantes se convierten en sospechosas automáticamente y pueden ser encarceladas hasta con 50 años de prisión solo por sufrir complicaciones obstétricas o abortos espontáneos, una de las consecuencias directas de la prohibición.
Los testimonios de Cinthia Rodríguez, Teodora Vargas y Evelyn Hernández aparecen en el documental. A través de cada historia, se evidencia el estigma social sobre el aborto y la persecución contra las pacientes en el país centroamericano. Además, se demuestra el rol de la clase médica y del sistema judicial, que consideran a las mujeres como criminales y merecedoras de la privación de su libertad.
¿Puerto Rico podría convertirse en un país que encarcele a personas por abortar?
La presentación de la pieza cinematográfica permitió una reflexión sobre la actual amenaza del aborto legal en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el resto de la región caribeña y latinoamericana.
En Puerto Rico, el aborto es legal, aunque no es accesible. Al revocarse la sentencia histórica de Roe v. Wade, que, en 1973, le dio protección constitucional al derecho al aborto en Estados Unidos, queda en manos de los estados y territorios la legislación para proteger y hacer accesible el derecho o para prohibir su práctica.
Mariana Carbajal, propulsora e integrante del movimiento Ni Una Menos, sostuvo que los sectores conservadores están muy organizados y que, por lo tanto, quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos deben prepararse y estar alertas.
“Nosotras conquistamos derechos, pero los derechos hay que defenderlos. Hoy más que nunca tenemos que estar bien articuladas”, advirtió durante una conversación, moderada por Cristina del Mar Quiles, periodista y cofundadora de Todas.
Argentina, donde el aborto es legal, seguro y gratuito
En diciembre de 2020, Argentina se sumó a la lista de países que reconocen el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y, desde la semana 15, cuando el embarazo es resultado de una violación o pone en peligro la vida y la salud de la persona gestante.
El aborto es legal y gratuito en el sistema público y privado de salud. Según la ley, el personal médico debe brindar un trato digno y respetar la autonomía de la voluntad. Si dilatara, obstaculizara o negara practicar el aborto, podría recibir sanción penal o inhabilidad en el ejercicio de la profesión.
“Para nosotras que tenemos una trayectoria de salud pública gratuita, es un logro [la garantía del aborto]. Me resulta muy distante que la salud en Puerto Rico no esté garantizada para quienes no pueden acceder a un servicio privado o a una emergencia. Es una realidad que me cuesta [entender]”, dijo la autora del libro Yo te creo, hermana.
Consignar las luchas feministas a través del periodismo
Mariana Carbajal, especialista en la cobertura con enfoque de género desde la década de 1990, explicó que el propósito de su trabajo es generar empatía con la audiencia y ofrecer una sensibilidad sobre las desigualdades y las violencias que sufren las mujeres y personas LGBTTIQAP+.
“Parece que siempre hablamos de violencia de género, que siempre hablamos de lo mismo y de lo mismo. Pero, cuando un economista habla de la crisis económica, ¿le dicen que habla de lo mismo?”, cuestionó en el evento en apoyo a la Unidad Investigativa de Género.
Aunque pareciera que la prensa feminista repite las mismas historias, la documentalista aclaró que la agenda con perspectiva de género y derechos humanos es amplia y transversal. Por ejemplo, no solo reporta sobre feminicidios y desapariciones, sino también sobre el acceso a métodos anticonceptivos y el derecho a la educación sexual integral.
“Es contribuir a esa sociedad que anhelamos, una más igualitaria e inclusiva para todes, y en este camino hay que estar más unides que nunca”, mencionó.
