Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes
Gemillies Lozada Navarro tenía 25 años y dos hijos de 4 y 5 años, cuando su expareja la acechó, la chocó con su vehículo y le disparó mientras ella estaba sentada al volante. Tenía una orden de protección a su favor, emitida en marzo, que venció el 14 de abril. Pero la jueza que atendió el caso determinó no extenderla. Sus familiares dicen que ella tenía miedo. Que él la seguía. En enero, se habían separado. En mayo, él la mató.
Gemillies es una de las 28 víctimas de feminicidios documentados en Puerto Rico entre enero y el 11 de junio de 2026, según el reciente informe del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico (OEG).
El ritmo que reflejan los datos recopilados por la organización son alarmantes. Mayo fue el mes más letal en lo que va de año, con 10 feminicidios en 30 días. Ocho de los feminicidios reportados fueron íntimos, cometidos por parejas o exparejas, y 20 se encuentran bajo investigación o sin información suficiente para clasificarlos. Además, se reportaron 40 intentos de feminicidio, de los cuales tres involucraron a menores de edad.
Según la organización, de los ocho feminicidios íntimos en lo que va de año, al menos seis fueron cometidos con armas de fuego, varias de ellas con licencia de portación.
Al menos 51 mujeres y menores permanecen desaparecidas entre 2020 y 2026, y se han registrado cinco muertes violentas de hombres en contextos directamente asociados a violencia de género contra mujeres, lo que el OEG denomina violencia vicaria. Once menores de edad quedaron en estado de orfandad como consecuencia de los feminicidios ocurridos en este periodo.
“Lejos de disminuir, la letalidad está aumentado, y las mujeres continúan viviendo en un país donde la seguridad no está garantizada y donde la violencia se siente cada vez más cercana, más cotidiana y más devastadora”, expresó Stephanie Figueroa Figueroa, directora ejecutiva del OEG, en el resumen del informe de la organización.
Figueroa Figueroa recordó que este aumento en feminicidios ocurre en un contexto en el que las mujeres y las personas gestantes enfrentan retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, discursos que buscan controlar sus cuerpos y decisiones y “una respuesta gubernamental que continúa siendo insuficiente, fragmentada y reactiva”. “Todo esto crea un clima que normaliza la violencia, debilita las protecciones y deja a las sobrevivientes sin las garantías mínimas de seguridad y justicia”, agregó.
El sistema les sigue fallando
El OEG lleva años señalando que la violencia machista en Puerto Rico no ocurre en el vacío, sino en un contexto donde las órdenes de protección vencen y los tribunales deciden no renovarlas, donde los hombres con antecedentes de violencia doméstica obtienen licencias de portación de armas, donde la policía no siempre actúa ante señales previas, y donde el feminicidio como tipo penal apenas comenzó a tipificarse.
La tabla comparativa del OEG entre 2019 y 2026 muestra una tendencia preocupante. En 2024, se registraron 81 feminicidios, el número más alto desde que comenzó el monitoreo sistemático. En 2025, la cifra fue de 62. Y en este 2026, ya van 28 feminicidios en solo cinco meses.
Como insiste la entidad, detrás de cada número hay una vida. No son solo cifras, sino mujeres con sueños, anhelos, madres, hijas, amigas, con una vida plena por delante. Mujeres que trataron de hacer todo lo que el sistema les pide para proteger su vida, y aun así fueron asesinadas. El OEG documentó en este informe un patrón de fallas institucionales que se repite una y otra vez, con nombres distintos, pero con la misma conclusión fatal. La organización recopiló nueve casos, entre 2019 y 2025, que demuestran cómo el sistema les sigue fallando a las mujeres.
-Lourdes Cuevas Natal tenía una orden de protección concedida el 5 de junio de 2019 tras un incidente de violencia de género en su trabajo. El agresor había sido arrestado por amenazarla de muerte, pero la Fiscalía decidió citarlo para el 12 de junio. Ese vacío de protección fue letal, pues, el 8 de junio, él la asesinó. El fiscal fue suspendido mientras se investigaba el manejo del caso.
-Rosita Alicea Delgado había solicitado extensión de una orden de protección contra su expareja, Alexis González Lebrón, concedida el 26 de marzo de 2021. González tenía historial de seis arrestos por violencia doméstica, dos de ellos contra Rosita. El 29 de marzo salió en libertad tras prestar fianza y volvió a acosarla. Pese a las órdenes y los antecedentes, llegó hasta su casa y la asesinó frente a familiares.
-Andrea Ruiz Costas fue tres veces al tribunal entre marzo y abril de 2021. Tres veces relató un patrón de acoso, vigilancia y miedo por su vida. Tres veces se le negó causa. No abandonó el proceso, sino que fue el sistema el que la dejó sola. Días después, fue asesinada por su agresor.
-Brenda Liz Pérez Bahamonde era agente de la Policía. Tenía una orden de protección contra su expareja, también policía. Su expareja había sido desarmado, pero el Estado le devolvió su arma de reglamento semanas antes del feminicidio. Brenda llegó herida al cuartel y pidió que no la dejaran morir. El arma que acabó con su vida nunca debió estar en manos del feminicida.
-Jesmarie Rivera Santiago tenía una orden de protección vigente hasta 2024. La noche antes de su muerte, según sus familiares, acudió a la Policía porque su agresor la llamaba insistentemente y la perseguía. No recibió auxilio. Al día siguiente, el 9 de mayo de 2023, fue asesinada mientras buscaba refugio en un colmado en Cataño.
-Karla Rodríguez Ares tenía una orden de protección vigente y un caso criminal activo contra su expareja. Una jueza no encontró causa por maltrato agravado, obligando a la Fiscalía a ir en alzada. La vista para revisar esa decisión estaba señalada para el 11 de enero de 2024. Karla fue asesinada en diciembre de 2023.
-Linnette Morales Vázquez tenía una orden de protección vigente hasta el 26 de marzo de 2024. Su agresor, quien tenía una convicción previa por intento de asesinato contra otra pareja, violó esa orden el 7 de enero, se le radicaron cargos bajo la Ley 54, y quedó en libertad tras prestar una fianza de $5,000. La vista fue suspendida a petición de la defensa. No se le impuso grillete. Días después, asesinó a Linnette, a su madre Lizette Vázquez Vélez y a su hermano Luis Miguel Morales Vázquez.
-Ivette Joan Meléndez Vega fue asesinada el 21 de abril de 2024 por Hermes Ávila Vázquez, quien había sido sentenciado a 122 años de prisión por asesinato, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas. Ávila fue excarcelado el 19 de abril de 2023 bajo la Ley 25-1992 por condición de salud. El panel médico que recomendó su liberación ni siquiera lo evaluó físicamente. El sistema lo consideró apto para volver a la comunidad. Una mujer pagó esa decisión con su vida.
-Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, tenía una orden de protección que el tribunal no extendió. Días después, su expareja la mató en Carolina y luego se suicidó.
“Estos casos no son errores aislados ni ‘malas decisiones individuales’. Son evidencia de un sistema que minimiza el riesgo aun cuando hay historia de violencia”, destacó Figueroa Figueroa.
La directora ejecutiva del OEG reiteró que desde la organización continuarán contando, no solo los feminicidios, sino “las oportunidades que el Estado tuvo para prevenirlos y no actuó”. “Porque cuando una mujer es víctima de feminicidio después de haber pedido ayuda, no solo falla el agresor, falla el sistema completo”, concluyó.
El OEG es un proyecto que busca monitorear y analizar la situación de violencia de género en Puerto Rico, generar recomendaciones de política pública y fiscalizar la respuesta de las agencias gubernamentales para abordar la violencia de género en el país. Es una iniciativa generada por una coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos de Puerto Rico. Su metodología recoge datos de prensa, notificaciones policiales, el Registro Demográfico y el Negociado de Ciencias Forenses.
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Si tú o alguna persona conocida está en situación de violencia, llama a la Línea de ayuda 787-489-0022. Mira más recursos de ayuda aquí.
