Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
Vanessa Cardona Soto, de 48 años, y Jennifer Michelle Maldonado Padua, de 33 años, son las víctimas más recientes de la violencia machista en Puerto Rico.
Según datos del Observatorio de Equidad de Género, suman nueve las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Se trata de feminicidios íntimos, los que son perpetrados en circunstancias de violencia doméstica.
Cardona Soto, fue asesinada en su casa, en Bayamón, la noche del 4 de julio, con al menos tres balazos en el pecho. Alex González Vélez, quien era su pareja, es el principal sospechoso del crimen.
Maldonado Padua fue blanco de múltiples puñaladas y, según la Policía, Anthony Salvá Rodríguez confesó ser el feminicida. Su cuerpo fue encontrado esta miércoles, a orillas de un río en Utuado.
La presencia de armas de fuego aumenta la letalidad de las agresiones
Además de los nueve feminicidios íntimos, el Observatorio de Equidad de Género, una coalición fundada en 2020 para analizar y monitorear este problema social, cuenta otros 27 feminicidios este año. De estos, 19 feminicidios están bajo investigación o permanecen sin información. Asimismo, hubo dos feminicidios familiares, uno no íntimo y cinco indirectos.
“En los nueve casos que tenemos identificados de feminicidios íntimos, me percaté que, en al menos seis, se habían usado armas de fuego y, en cinco de esos casos, la persona [feminicida] tenía licencia para portar armas. Además, en tres de esos casos, uno era policía y dos eran guardias de seguridad, así que son personas que ya están armadas”, destacó la analista del Observatorio de Equidad de Género, Debora Upegui Hernández.
Una investigación de la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo, reveló que, en el 59% de los feminicidios íntimos perpetrados entre 2017 y 2021, los agresores utilizaron un arma de fuego.
Ante esta situación, Upegui Hernández destacó el peligro que representaría flexibilizar el acceso a armas de fuego, como se ha propuesto en la legislatura.
Ocho casos más en comparación a la misma fecha en 2021
Para el 5 de julio de 2021, se habían reportado 28 feminicidios, ocho menos de lo que se reporta para la misma fecha en el 2022, subrayó el equipo del Observatorio de Equidad de Género.
La sustancial cifra pone en dudas lo que se ha realizado para la prevención de la violencia desde que se decretó el Estado de Emergencia por violencia de género, en enero de 2021. Según reportó Todas, en junio del 2022, la prevención continuaba en la lista de pendientes del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE) que nombró el gobernador Pedro Pierluisi, y que se disolverá en los próximos meses, pese a que la declaración de un Estado de Emergencia continúa vigente.
Lee aquí: Iniciativas de prevención y educación siguen sin atenderse en el Estado de Emergencia
“No se ha hecho tanto trabajo en prevención como se podría estar haciendo. Yo creo que se ha mejorado, probablemente, en el proceso de investigación. Pero todavía no se está trabajando la educación con perspectiva de género, no se están trabajando campañas masivas de educación en medios. Hay algo, pero realmente no tiene la difusión que se necesita para empezar a ver resultados de prevención”, indicó Upegui Hernández.
La analista también fue enfática en que la inestabilidad que representa el aumento en el costo de vida puede ser detonante de las violencias. Explicó que, cuando una persona tiene problemas en la solución de conflictos y siente que su vida está fuera de control, por situaciones como la crisis económica, busca cómo ejercer control sobre quienes considera inferiores.
Asimismo, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario, aseveró que los feminicidios son resultado de una relación de poder y control del agresor respecto a la víctima. Incluso, recalcó que los datos evidencian que, cuando las parejas están en proceso de separación, la letalidad aumenta. Así se vio en los últimos dos feminicidios, ocurridos a principios de esta semana.
Registran un suicidio feminicida
En el infome, se contabilizó un suicidio feminicida, que implica que ocurrió como posible efecto de abuso de poder crónico, basado en el odio o menosprecio a la condición de mujer o en contexto de violencia de género. El caso corresponde a Shannel Colón Ponce, quien –según la versión oficial y los resultados de la autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses– se privó de la vida mientras estaba recluida en el complejo carcelario de Bayamón.
“Entendemos que todavía hay muchas interrogantes y que parte del detonante del suicidio fue probablemente el maltrato y la situación que tenía en la cárcel, además de que tenía situaciones de salud mental. Pero la falta de servicios que recibe en la cárcel, todo eso pudo ser un detonante. Además, todavía no se ha esclarecido si sufrió violencia dentro de la institución o no”, expresó Upegui Hernández.
El Observatorio de Equidad de Género, además, reportó que hubo 42 intentos de feminicidios, dos asesinatos de hombres relacionados con feminicidios y una muerte violenta de un hombre, en un crimen de odio por homofobia. Otras 42 mujeres y niñas han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del año, de las que 30 fueron encontradas y 12 continúan sin ser localizadas.
Llaman a que se reporten correctamente los casos de feminicidios
Upegui Hernández señaló que los datos que se reportan en algunos medios informativos sobre feminicidios corresponden únicamente a los feminicidios íntimos. No obstante, los asesinatos de mujeres van más allá de los relacionados con la violencia doméstica en relaciones de pareja.
El Observatorio de Equidad de Género contabiliza todos los homicidios de mujeres como feminicidios e incluye muertes cuyas causas no han sido esclarecidas. Según el Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios/feminicidios), que es la base de los informes del Observatorio de Equidad de Género, los feminicidios se pueden definir como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ocurrido entre familiares, en el hogar, en la comunidad o en cualquier otra relación interpersonal, así como perpetrada o tolerada por el Estado y sus agencias”. También, se emplea como un término político para denunciar la inacción de los gobiernos en atender estos casos.
