Foto de archivo de Ana María Abruña
El Observatorio de Equidad de Género (OEG) rechaza las iniciativas que apuntan a que las sobrevivientes de violencia doméstica adquieran armas de fuego para protegerse de sus agresores, a la vez que reitera que la educación y la prevención son las herramientas para combatir la violencia de género en el país.
“Es sumamente irresponsable y un error imperdonable que el presidente de CODEPOLA, organización que promulga el uso de armas en el país, ofreciera, en los pasados días, como única solución, que las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica se armen. Los estudios demuestran que tener un arma en la casa o que una mujer posea un arma la pone en mayor riesgo de ser asesinada con ese mismo arma”, expresó la analista del OEG, la doctora Debora Upegui-Hernández, en momentos en que la cifra de 62 feminicidios en lo que va del año superó los 53 que ocurrieron en el 2021, según el reporte mensual de esta coalición no gubernamental.
La investigadora insistió en que el uso de armas aumenta la letalidad, y se cuestionó por qué no se está hablando sobre cómo disminuir la disponibilidad de armas y de portación y, por el contrario, se realizan gestiones para flexibilizar la Ley de Armas.
“El 95% de los feminicidios en nuestros datos que permanecen bajo investigación, en el 2022, se realizaron con arma de fuego”, aseguró al nombrar la experiencia en Sudáfrica, donde se redujo el acceso a las armas de fuego y, a su vez, disminuyeron los asesinatos.
El informe de feminicidios, desapariciones y violencia de género, con información actualizada hasta el 31 de octubre de 2022, revela que, de 62 feminicidios, han ocurrido 14 íntimos (asesinatos de mujeres perpetrados por parejas o exparejas) y 38 están bajo investigación o sin información.
El OEG realiza su informe a partir del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las mujeres violentas de mujeres por razones de género (femicidios/feminicidios), de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres.
Por otro lado, después de la declaración de un Estado de Emergencia por el alza de la violencia de género en el país, en enero de 2021, la analista Upegui-Hernández y la coordinadora del OEG, la doctora Irma Lugo Nazario, coincidieron en que aún el Gobierno de Puerto Rico no ha impulsado iniciativas y acciones concretas dirigidas a la prevención y educación para combatir la violencia machista.
“Insistimos en la educación como herramienta de prevención. La perspectiva de género en la educación es una herramienta importante y, a la misma vez, es una herramienta metodológica en el análisis multidisciplinario en la búsqueda de respuestas amplias a las diferentes manifestaciones de violencias en la sociedad, siendo una de las principales en el trabajo en contra de la violencia de género”, mencionó Lugo Nazario, quien consideró que la nueva carta circular del Departamento de Educación, del 26 de octubre de 2022, no cumple con los trabajos realizados desde el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).
“La crisis de violencia de género y alza en feminicidios que estamos viviendo requiere de estrategias de prevención en múltiples niveles. Hay que abordarlo como un problema de salud pública y no puede ser solo abordado con soluciones individuales”, añadió Upegui-Hernández.
El Observatorio de Equidad de Género es un proyecto que monitorea y analiza la situación de violencia de género en Puerto Rico, genera recomendaciones de política pública y fiscaliza la respuesta de las agencias gubernamentales para abordar la violencia de género en el archipiélago. El Observatorio se fundó en el 2020 ante la preocupación por el aumento en la violencia de género y la falta de respuesta a nivel de servicios, seguimiento y estadísticas de las diferentes agencias del gobierno.
