(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Más de 30 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil se unieron al reclamo que hizo esta mañana Coordinadora Paz para las Mujeres a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que se implanten medidas contundentes al atender la violencia de género durante la crisis del COVID-19.
“La Orden Ejecutiva 2020-023 emitida el domingo 15 de marzo necesita una segunda mirada para incorporarle la perspectiva de género”, señaló Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres.
“Este es un momento en el que las víctimas y sobrevivientes pueden estar en mayor riesgo, ya que las personas agresoras podrían usar la situación que provoca el aislamiento social como una herramienta de poder y control contra ellas y sus crías, haciéndolas más vulnerables”, lee la carta en la que, además, se hace referencia al alza en estadísticas de violencia de género en China durante el pasado mes.
Este señalamiento surge a solo un día del más reciente feminicidio ocurrido en el pueblo de Aguada, donde un hombre asesinó a su exesposa y luego se suicidó.
Coordinadora Paz para las Mujeres resaltó como una de sus preocupaciones la falta de mención de los albergues como parte de la red de servicios esenciales.
“Este silencio sobre las organizaciones las deja sin las herramientas necesarias para que su personal ofrezca servicios y mantenga los albergues operando”, declaró por su parte Lisdell Flores, directora de Hogar Ruth, albergue que cobija a mujeres en riesgo por violencia de género y a sus crías.
En la carta se solicita a la gobernadora:
- Impartir instrucciones para que los albergues sean incluidos en la lista de servicios esenciales y que puedan continuar tomando las medidas pertinentes para garantizar el servicio a las víctimas y sobrevivientes.
- Definir cómo se manejarán las pruebas para el COVID-19 de las personas albergadas y cómo se trabajará con mujeres inmigrantes que no puedan costear de ninguna forma dichas pruebas por razón de su estatus migratorio.
- Garantizar el acceso de los albergues a productos de limpieza y desinfección de escasear los mismos si se prolonga la crisis.
- Garantizar el flujo de los fondos estatales que ya han sido asignados a las organizaciones y que podrían verse afectados por el cierre de operaciones de agencias de gobierno. Las organizaciones dependen de esos fondos para mantenerse abiertas.
- Designar a una persona que pueda servir como enlace con las agencias gubernamentales.
- La divulgación del plan del gobierno y agencias tales como Administración de Tribunales, Departamento de Salud, Departamento de la Familia, Negociado de la Policía, Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad de las víctimas y sobrevivientes.
A pesar de que desde hace más de un año hay un reclamo masivo para que se declare un estado de emergencia por violencia de género, la gobernadora se ha negado a decretarlo. En su lugar, en septiembre pasado, decretó una alerta nacional, cuyas acciones y planes aún no han sido divulgados.
“Seguimos sin ver un plan comprensivo de educación, prevención e intervención con la violencia hacia las mujeres y un escenario similar al del huracán María y los terremotos de enero. No se planifica para la seguridad de las mujeres y seguimos invisibles ante el Estado”, denunciaron mediante comunicado de prensa las organizaciones que hicieron el reclamo.
“Eso nos costó y nos sigue costando vidas”.
Muchas de las organizaciones están ofreciendo servicios remotos de atención a consultas y manejo de casos y los albergues esperan seguir operando. Informaron que un directorio de servicios disponibles en las organizaciones se publicará en el día de hoy.
Las organizaciones que endosan la carta de Coordinadora Paz para las Mujeres a la gobernadora incluyen a Amnistía Internacional de Puerto Rico, Asociación de Psicología de Puerto Rico, Caderamen, Casa Juana Colón, Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Casa Protegida Julia de Burgos, Centro Salud Justicia de Puerto Rico, Clínica de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la UIPR, Clínica sobre Discrimen por Orientación Sexual, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Coalición Orgullo Arcoíris, Colectiva Feminista en Construcción, Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, Comuna Caribe, Concilio de Iglesias de Puerto Rico, Hogar Ruth, Inter Mujeres, La Juntilla, Movimiento Amplio de Mujeres, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Pastoral de Mujeres y Justicia de Género (CLAI, PR), Profamilias, Proyecto Construyendo Equidad entre Géneros, de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, Proyecto Construyendo Equidad entre Géneros de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Proyecto Matria, Puerto Rico para Tod@s, Red Universitaria Universidad de Puerto Rico-Humacao, SIEMPRE VIVAS Metro, SIEMPREVIVAS Mayagüez, Taller Salud, Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico, Red Feminista de Investigación y Educación de Género y YWCA.
