Cuatro mujeres haitianas que habían llegado a Puerto Rico en diciembre de 2024 y que fueron deportadas hace unos meses, fueron asesinadas en la República Dominicana, según denunció el líder comunitario haitiano Leonard Prophil. Ante los hechos, las organizaciones ACLU Puerto Rico, Amnistía Internacional Puerto Rico, Comuna Caribe y Kilómetro 0 expresaron su “más profundo rechazo y dolor”, y responsabilizaron a las políticas migratorias de Estados Unidos y a la colaboración de los gobiernos de Puerto Rico y República Dominicana por exponerlas a un riesgo mortal.
De acuerdo con la información compartida por Prophil a la prensa, las mujeres —de entre 27 y 31 años— llevaban aproximadamente dos semanas desaparecidas. El líder comunitario fue contactado por los familiares de las víctimas para ayudar a dar con su paradero, aunque hasta el momento sus nombres no han sido divulgados públicamente. Las autoridades dominicanas informaron que el Ejército detuvo a un hombre identificado como Chin Laduse en relación con el caso.
“Enviamos nuestras condolencias a las familias de estas mujeres y a la comunidad haitiana. Exigimos justicia, verdad y rendición de cuentas inmediatas”, expresaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
Deportaciones que ponen en riesgo la vida
Las organizaciones recordaron que desde el inicio de las redadas antiinmigrantes del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, en Puerto Rico, en enero de 2025, han denunciado de manera consistente las políticas de expulsión que criminalizan la migración forzada y niegan protecciones básicas a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
“En este caso, (se trata de) mujeres que huían de la violencia, de la persecución y de condiciones extremas. Las políticas del gobierno de Estados Unidos y que los gobiernos de Puerto Rico y de República Dominicana no han hecho más que apoyar y sostener, ponen en riesgo la vida misma, perpetúan violaciones graves de derechos humanos y muestran un desprecio absoluto por el derecho internacional al refugio, a la movilidad y la migración”, denunciaron.
Exigen investigación
Las organizaciones, que realizan la campaña Migrar es un derecho, reclamaron acciones urgentes. Entre ellas que se lleve a cabo una investigación independiente, transparente y urgente sobre las circunstancias de estas deportaciones y los responsables directos e indirectos de las violaciones y crímenes cometidos. De igual forma, exigieron el cese inmediato de los encarcelamientos y deportaciones masivas que exponen a las personas a peligros inminentes, así como a la separación de sus familias y comunidades.
Otros de sus reclamos fueron acceso efectivo y seguro a solicitudes de protección, asilo y procedimientos justos para todas las personas que buscan refugio en Puerto Rico, y medidas de rendición de cuentas para las agencias y funcionarios que hayan violentado protocolos, leyes y derechos humanos.
De igual forma, solicitaron que se implemente una política de santuario y no cooperación con agencias migratorias federales, permitir que las personas accedan al debido proceso para que sus casos sean escuchados en Puerto Rico y no sean removidos hacia Estados Unidos, donde carecen de comunidad y apoyo legal y protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes, que incluya el acceso igualitario a la salud, educación, vivienda y defensa legal.
Exigieron, además, que los ya limitados recursos públicos municipales y estatales estén al servicio del pueblo, no de las agencias federales, así como plíticas migratorias basadas en derechos humanos y programas de protección que prioricen en la seguridad de personas vulnerables.
Migrar es un derecho
La campaña Migrar es un derecho busca denunciar el autoritarismo de la política migratoria federal y la colaboración violenta del gobierno estatal. A su vez, reivindica la historia migratoria de Puerto Rico y promueve un deber ético de resistencia y solidaridad con quienes buscan refugio.
Además de exigir cambios estructurales a nivel estatal y federal, la campaña ofrece guías y recursos para la defensa comunitaria, e impulsa la acción política y legislativa desde una perspectiva de derechos humanos y solidaridad.
