(Foto de archivo de Gabriela Hance)
Cuántos policías han sido arrestados por violencia doméstica y agresión sexual o el número de uniformados que han tenido convicciones por violencia de género son datos desconocidos, aunque desde principios de abril fueron solicitados a la Policía por las periodistas Cristina del Mar Quiles, como parte de su trabajo en el Centro de Periodismo Investigativo, y Syra Ortiz-Blanes, de El Nuevo Herald y el Miami Herald. Luego de muchas gestiones de seguimiento infructuosas, ahora la solicitud está ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras la presentación este martes de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
“En tiempos en los que el país se encuentra sumido en una profunda ola de casos de violencia de género, en la que, incluso, el quehacer de nuestras instituciones públicas ha sido cuestionado, pocos temas están revestidos de mayor interés público que el que aquí se ve reflejado en las solicitudes de información objeto del presente recurso”, destaca el mandamus.
“Hay acciones del Gobierno de Puerto Rico contra la violencia de género que no tienen que ver con hacer nuevas leyes o hacer nuevos planes, sino con la obligación del mismo Gobierno de cumplir con las leyes vigentes y este es un gran ejemplo. Recopilar y publicar datos confiables y tenerlos disponibles y actualizados es algo que ya es deber de las agencias de seguridad”, destacó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
El juez Alfonso Martínez Piovannetti estableció el martes en la tarde un término de 10 días al secretario del DSP, Alexis Torres Ríos y al Comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, para mostrar causa por la cual no deba entregarse la información solicitada por el CPI y la periodista Syra Ortiz-Blanes.
“La Policía de Puerto Rico ha tenido un problema histórico a la hora de dar acceso a información que se considera pública y que dé visibilidad sobre su desempeño. En el tema de violencia de género, son muchas las preguntas sobre cómo se manejan estos casos, y tenemos que empezar por ver qué información se recopila. Pero si no se nos da acceso a lo más básico, se dificulta la fiscalización. Esta información también fue solicitada al Monitor de la Policía y al Departamento de Justicia, y no la han entregado. Esto refleja un menosprecio hacia la responsabilidad que tienen estas agencias de rendir cuentas”, señaló Carla Minet.
El recurso legal está amparado en disposiciones de las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado, además de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“La información solicitada por las partes peticionarias no está protegida de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, indica el escrito.
Las solicitudes al Negociado de la Policía de Puerto Rico se presentaron el 5 de abril del 2021 por las periodistas Quiles, quien también es periodista fundadora del medio Todas, y Ortiz-Blanes, como parte de una colaboración entre el CPI, el Nuevo Herald y el Miami Herald. Entre la información solicitada se encuentra también la cantidad de policías contra los cuales se han radicado órdenes de protección por razón de Ley 54, cuántos policías que han sido arrestados por violencia doméstica siguen activos, y la cantidad de agentes con querellas administrativas por razones de violencia de género.
La petición de mandamus fue presentada por los abogados Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
