Foto suministrada por Paloma del Mar Hernández
La propuesta que presentó la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado para aclarar que las personas parturientas tienen derecho a estar acompañadas por una doula sin tener que renunciar al acompañamiento de familiares, amistades u otras personas de su confianza confirma que muchos hospitales continúan restringiendo una protección reconocida por ley desde 2006.
El Proyecto del Senado 1459, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y del senador Adrián González Costa, pretende enmendar la Ley 156-2006, conocida como la “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto”.
Clarificación para evitar restricción
La legislación vigente establece que una persona embarazada puede estar acompañada por personas de su confianza y elección durante el trabajo de parto, en las salas de preparto, durante el parto y en el posparto. En una cesárea, la ley reconoce el acompañamiento de al menos una persona, aunque deja en manos de los profesionales de la salud la determinación final sobre su presencia durante el procedimiento.
Sin embargo, según la exposición de motivos del nuevo proyecto, algunas salas de parto en Puerto Rico han interpretado esa disposición de manera restrictiva y permiten la entrada de una sola persona. El proyecto sostiene que esa práctica puede colocar a las embarazadas ante la decisión de recibir el apoyo de una doula o contar con el acompañamiento emocional de familiares, amistades o personas religiosas.
Para atender esa situación, el proyecto añadiría expresamente a la ley que la persona embarazada tiene derecho a estar acompañada por “una doula o persona adiestrada en medidas de comodidad” que haya escogido, además de familiares, amistades o personas de su confianza durante las distintas etapas del parto.
Para Tania María De Jesús, directora ejecutiva de Caderamen, organización que promueve y acompaña la salud sexual y reproductiva en Puerto Rico, que sea necesaria una nueva enmienda evidencia lo que muchas doulas y mujeres que han tenido partos hospitalarios han denunciado antes, que la ley no necesariamente se cumple.
“Me resulta interesante que se tenga que recurrir a una enmienda a esta ley para especificar algo que ya está contenido”, reaccionó De Jesús a la propuesta. “Es increíble y, al mismo tiempo, creíble, porque lo vemos todos los días, que, a pesar de que ya ese derecho de estar acompañada por quien se elija está cobijado bajo una ley, se continúe negando, ignorando”, expresó De Jesús, quien también es cofundadora del programa SePARE, que ofrece servicios de acompañamiento a las familias durante el embarazo, el parto y posparto.
Paloma del Mar Hernández, partera, salubrista y coordinadora general de SePARE, relató que, en su experiencia acompañando familias en hospitales, es común que las instituciones establezcan un máximo de dos acompañantes. Esto puede provocar que una parturienta que quiere estar con su pareja y su madre, por ejemplo, tenga que dejar a una de ellas fuera si también desea recibir el acompañamiento de su doula.
Hernández distinguió entre la función de una doula y la del personal que ofrece servicios clínicos. Mientras una partera, obstetra o profesional de enfermería tiene a su cargo aspectos clínicos de la atención, explicó, la doula ofrece herramientas y apoyo para prepararse y afrontar el embarazo, el parto y el posparto. “Las doulas no escuchan latidos, no toman presión”, enfatizó para evitar confusiones.
Destacó que este proyecto debería ser considerado con seriedad por parte del cuerpo legislativo, sobre todo, en un momento en que siguen en aumento los partos prematuros y las cesáreas. “El acompañamiento de una doula y el poder apoyar a conectar y canalizar recursos dentro y fuera del escenario médico y comunitario, en el proceso de parto y posparto, según la literatura, se traducen en mejores resultados perinatales”, sostuvo Hernández, quien avala la medida, pero con reservas, por el poder que todavía tienen las instituciones hospitalarias al momento de aprobar o denegar quiénes van a entrar a un parto y bajo qué condiciones.
Levantan bandera sobre cómo conservarían los hospitales el poder sobre el acompañamiento
De Jesús evaluó positivamente que la medida intente atender la brecha entre la ley y su aplicación, pero cuestionó, al igual que Hernández, que mantenga disposiciones que permiten a los hospitales y su personal intervenir en la permanencia de una persona acompañante por encima de los deseos de quien está en trabajo de parto.
Sostuvo que las doulas pueden ayudar a las personas parturientas a entender información, pedir tiempo antes de tomar una decisión y recordarles los derechos que les cobijan. Según relató, quienes acompañan partos también han presenciado situaciones en las que profesionales de la salud atribuyen a la influencia de una doula las decisiones que toma una paciente.
“Si la ley dice que el derecho de estar acompañada y por quién estar acompañada es de la parturienta, pues no debería tener que ser confirmado por la institución o por el proveedor de salud porque entonces me parece que es contradictoria la ley”, resaltó De Jesús.
“Nosotras estamos para apoyar a que la persona pueda tomar decisiones informadas, no debería verse como una amenaza”, indicó.
Importante, pero insuficiente
Para Javier Omar Morales Nazario, director programático de Caderamen, reconocer a las doulas es un paso importante, pero no suficiente para garantizar una atención respetuosa.
“La pregunta hoy no es solo si una doula puede entrar a una sala de parto. Es, sobre todo, si vamos a construir instituciones que aseguren parir con seguridad, dignidad, información, consentimiento, autonomía y acompañamiento, que puede ser de un familiar, pareja o persona de apoyo elegido”, señaló.
“Y, que el sistema no confunda reconocer con simplemente permitir, sino que garantice condiciones, formación, protocolos y métricas claras de cultura de seguridad. Porque sin eso, el reconocimiento puede quedarse en el papel y no en una experiencia de parto más segura y digna”, subrayó Morales Nazario.
La medida también propone modificar la definición de acompañantes para incluir a madres, padres, familiares y amistades, tengan o no adiestramiento, aparte de la doula o persona capacitada en medidas de comodidad seleccionada por la parturienta.
Asimismo, eliminaría de la ley el término “monitriz”, que la exposición de motivos describe como una palabra en desuso entre las educadoras y acompañantes de procesos de parto.
Evidenciado el valor del acompañamiento de doulas
La medida cita estudios de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para sostener que el acompañamiento durante el parto está asociado con importantes beneficios como una menor duración del trabajo de parto, una reducción de cesáreas y una mejor valoración de la experiencia del parto.
“El acompañamiento estructurado que proveen las doulas en el proceso de preparación para el parto y durante el trabajo de parto no solo potencia los beneficios generales del acompañamiento, sino que además genera en las mujeres sentido de control durante el trabajo de parto, por lo cual se sienten más seguras de su capacidad de dar a luz”, lee el texto de la medida.
También señala que las doulas pueden ofrecer apoyo para el manejo no farmacológico del dolor y contribuir a que las personas parturientas tengan mayor sensación de control durante el proceso.
El reflejo de un problema mayor
Para la directora ejecutiva de Caderamen, el que sea necesario que dos décadas después de promulgada la Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto todavía sea necesario aclarar el alcance del derecho refleja un problema mayor.
“Es muy triste que tengamos que seguir afinando una ley que ya dice que una persona que está en proceso de parto tiene el derecho de estar acompañada por quien decida”, expresó. “Veinte años después, en lugar de pensar que pudiéramos estar avanzando en asuntos de derechos humanos, pues lo que estamos es jugando con cómo hacer que se les permita estar acompañadas”.
“En un país en donde se habla de la preocupación del descenso en la tasa de natalidad, deberíamos estar pensando en cómo facilitar que ocurran esos procesos de gestar, parir y criar en Puerto Rico, en lugar de estar violentando derechos”, concluyó De Jesús.
