Foto por Ana María Abruña Reyes | Todas | todaspr.com
No hay ingenuidad posible. Ya no estamos ante ambigüedades ni interpretaciones encontradas. Lo que hay es un pulseo de poder provocado por la fragmentación partidista, y otra vez el costo lo pagan nuestros cuerpos. Otra vez, se aprueba por descargue y sin vistas públicas un proyecto que siembra confusión sobre las decisiones que tomamos las mujeres y las personas gestantes; y eso, en cualquier democracia real, debería prender todas las alarmas.
En Puerto Rico, sin embargo, este atropello se ha normalizado. Aquí legislan sobre nuestras vidas a espaldas del país, sin deliberación, sin transparencia y sin rendición de cuentas. No porque no sepan las consecuencias, sino precisamente porque las saben. Aprobar por descargue no es un accidente del proceso legislativo: es la forma de evitar la confrontación pública, rechazo social y pérdidas de votos.
El Proyecto del Senado 923 no es un ejercicio técnico de armonización legal ni un gesto inocuo de coherencia jurídica. Es una pieza calculada en la arquitectura colonial y patriarcal que busca sentar las bases para restringir y eventualmente prohibir el derecho al aborto en Puerto Rico por la vía indirecta: la confusión jurídica, el miedo médico y el desgaste político. Mientras el ejecutivo y legislativo jugaban “arm wrestling”, la gobernadora quedó subordinada al presidente del Senado. ¿El premio de su contienda? Nuestros derechos y vidas, en riesgo.
Al parecer, parte de haber sido la vencida era jugar al vaivén discursivo. Primero, dijo que el proyecto se podía retirar porque su contenido ya estaba en la conocida Ley Keishla. Luego reculó, escudándose en la opinión de la secretaria de Justicia, insistiendo en que “no añade nada nuevo” y que no criminaliza el aborto. Mientras tanto, el presidente del Senado admite sin pudor, que él restringiría el aborto aún más. Su argumento de que el proyecto se limita exclusivamente a los casos de muerte violenta de una mujer embarazada no resiste un análisis jurídico serio.
El derecho penal no opera en compartimentos estancos. Las definiciones que se insertan en el código se proyectan hacia el resto del ordenamiento penal y sirven de anclaje para interpretaciones futuras. Así es como se construyen los andamiajes de la criminalización y terrorismo de Estado: primero se redefine, luego se interpreta, y finalmente se castiga. Lo que hoy se presenta como una excepción “limitada” se convierte mañana en el punto de partida para restringir —y eventualmente penalizar— el ejercicio del derecho al aborto y la práctica médica asociada.
En este escenario, la ambigüedad del Ejecutivo no es producto de ingenuidad e inocencia. Mirar hacia otro lado mientras se realizan enmiendas innecesarias y redundantes al Código Penal equivale a allanar el camino hacia la criminalización futura de las personas gestantes y del personal de salud. Ese peonismo político no es menor: coloca al país en una zona peligrosa.
Este episodio retrata a una gobernadora políticamente manipulable, no dispuesta a asumir liderazgo ni defender a sus pares; nosotras, las mujeres, más aún cuando están en juego derechos fundamentales. El vaivén discursivo no refleja cautela ni rigor jurídico, sino docilidad política. Gobernar no es escudarse en tecnicismos ni delegar responsabilidades incómodas; es asumir las consecuencias de permitir que estas piezas legislativas avancen. Aquí, la omisión no es pasividad, es complicidad. El mensaje es inequívoco: la batuta no está en Fortaleza.
Estamos ante una ofensiva más amplia que aprovecha la fragilidad democrática del país para avanzar agendas regresivas. En un territorio donde no elegimos a quienes toman decisiones estructurales, nuestros cuerpos siguen siendo terreno de experimentación política. Mientras juegan a la semántica jurídica y a los pulsos de poder, el daño se concreta: la confusión legal provoca miedo, rechazo de pacientes con embarazos de alto riesgo y retrasos en atención médica urgente. En la práctica, la confusión cuesta vidas, y esas vidas no se pierden al azar. En un país atravesado por el racismo estructural, la pobreza y el colonialismo, quienes pagan el precio más alto son las mujeres negras, personas jóvenes, migrantes, empobrecidas, personas trans y no binarias con capacidad de gestar.
Por eso, la Cámara de Representantes tiene hoy una responsabilidad histórica: no aprobar este proyecto, exigir procesos democráticos reales, vistas públicas, deliberación transparente, y negarse a ser cómplice de este asedio vicioso. Aún están a tiempo de no mancharse las manos con la sangre de mujeres puertorriqueñas. Nuestros cuerpos no son moneda de cambio político ni extensión de los caprichos del poder legislativo. Sin democracia no hay legitimidad, y sin legitimidad no hay ley que pueda imponerse sobre nuestra dignidad y autonomía.
