Ante la radicación del Proyecto 558 de la Cámara de Representantes para crear un sistema de licenciamiento de los albergues de violencia doméstica, directoras de hogares que atienden víctimas y sobrevivientes de violencia de género recalcaron, el miércoles, que sus espacios y servicios ya son regulados por agencias gubernamentales y protocolos federales.
Las integrantes de la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico Vilmarie Rivera Sierra, de Hogar Nueva Mujer; Gloria Vázquez Meléndez, de Casa de la Bondad; y Coraly León Morales, de Casa Protegida Julia de Burgos, se opusieron a la creación de esta ley de licenciamiento, a la que describieron como otro impedimento para que las mujeres reciban servicios.
“Sí, estamos licenciados bajo el Departamento de Salud y también bajo Bomberos. En algunos casos, se cuenta con licencia del Departamento de la Familia, si hay cuido de niños y niñas en el espacio. Nosotras hacemos entrega de informes mensuales, trimestrales, anuales, no solamente fiscales, sino también administrativos e informes programáticos, donde se indica la forma en que damos el servicio o la cantidad de personas atendidas. Incluso, informamos los modelos de intervención que trabajamos”, detalló León Morales sobre los requisitos que tienen que cumplir para brindar servicios.
El proyecto de la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Wanda del Valle Correa propone otorgar la facultad a la Oficina de la Procuradora de la Mujeres (OPM) de licenciar los establecimientos dedicados a albergar víctimas de violencia doméstica. La coautora de la medida es la representante Lisie J. Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad.
La licencia tendría un costo para los albergues que no se detalla en el proyecto de ley. Además, propone que se expidan por términos de dos años.
“Ningún albergue de violencia doméstica podrá operar, a menos que antes de iniciar sus operaciones solicite y se le conceda la licencia establecida en virtud de esta ley”, propone la medida 558 de la representante novoprogresista.
Por su parte, la directora de Casa de la Bondad insistió en que las organizaciones no solo albergan víctimas de violencia, sino que también brindan servicios ambulatorios, de vivienda, intercesoría legal, entre otros.
“El trabajo que hemos realizado habla por sí solo. Así que creo que este proceso que se está llevando a cabo es una manera de atropellar el servicio que brindan mujeres a otras mujeres”, sostuvo Vázquez Meléndez.
En el caso de la Casa Protegida Julia de Burgos, que lleva operando desde hace 41 años, sus trabajos iniciaron antes de que hubiera legislación destinada a proteger la vida de las víctimas de la violencia de género. Su directora resaltó que fue un trabajo voluntario en un inicio, pero que es importante “plantear que no puede seguir viéndose desde la caridad”.
“Esto es un trabajo de derechos humanos, y las personas que hacemos este trabajo somos personas particularmente feminizadas. Así que también hay un asunto de garantizar que las organizaciones cuenten con el presupuesto necesario para poder cubrir las necesidades de las sobrevivientes, pero para que también nuestros equipos de trabajo sean debidamente remunerados”, expresó León Morales.
La medida 558 fue referida a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, presidida por la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD) Jocelyne M. Rodríguez Negrón.
De ser aprobado este proyecto, cualquier persona o entidad que opere un albergue para víctimas de violencia de género sin poseer una licencia expedida por la procuraduría “será culpable de delito menos grave, y castigada con multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de dos mil (2,000) dólares”, según detalla el documento.
Justicia laboral para las organizaciones
Durante la vista de la Resolución 35 del Senado que investiga las funciones de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), la presidenta de la Red de Albergues de Violencia Doméstica reclamó los derechos de las personas que son contratadas a través de servicios profesionales.
“Esta situación representa un asunto de justicia laboral porque nuestro personal, en su mayoría mujeres, al ser contratado por servicios profesionales no tiene derechos a beneficios marginales, bono de navidad, pago de seguro social. Es decir, ningún amparo el cual una persona contratada por salario tiene derecho”, puntualizó Rivera Sierra.
Además, la también representante de las organizaciones ante el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) reclamó que la OPM es la agencia gubernamental que menos fondos delega a los albergues.
Ante esta realidad, las directoras de los albergues reconocieron que cada vez enfrentan más retos económicos para brindar los servicios, en los que deben ingeniárselas para crear alianzas con universidades, entidades comunitarias y trabajar recaudaciones de fondos.
“Ciertamente, nosotras todos los días nos levantamos con la misión de poder garantizar los servicios y los recursos haya dinero o no haya dinero. Nosotras estamos bien enfocadas en garantizar que toda víctima de violencia de género pueda acceder a recursos de ayuda. Si no tenemos dinero, hemos aprendido a hacerlo a través de alianzas estratégicas, con universidades, con personas de profesionales y colegas que donan su tiempo para poder dar una atención adecuada a las víctimas”, abundó Rivera Sierra.
Impacto de la pandemia en los servicios de los albergues
A días de cumplirse un año de las medidas gubernamentales para evitar la propagación del COVID-19 en Puerto Rico, Rivera Sierra detalló que de 210 camas que tenían han reducido a 160 debido a las implicaciones del coronavirus.
Además, explicó que las integrantes de Red de Albergues crearon su propio protocolo de contingencia por el COVID-19. Una preocupación que han llevado al Departamento de Salud es que ninguno de los empleados de los albergues aún se ha podido vacunar.
Rivera Sierra señaló que se atendieron alrededor de 540 mujeres en el último año fiscal e informó que cada organización posee sus propias estadísticas sobre la cantidad del mujeres y los servicios que ofrecen.
Recalcó que sus servicios nunca se detuvieron a pesar de que, al principio de la pandemia, los albergues no eran considerados por el gobierno como un servicio esencial.
“Aún ante una época de la pandemia, llevamos más de un año operando. Nosotras nunca nos hemos detenido aceptando participantes, aún sin tener protocolos. Nosotras los hemos construido (los protocolos) porque entendíamos que las víctimas no podían quedarse en la calle, aún viviendo en una estructura confinada con su parte agresora y recibiendo diariamente lo que es el azote de la violencia y quedándose calladas”, insistió Rivera Sierra.
