Fotos de Ana María Abruña Reyes
“Cada silla vacía en Navidad, cada álbum de fotos con sonrisas incompletas, cada cumpleaños celebrado sin ellas, es un recordatorio de que no podemos esperar más…”. Con este emotivo mensaje, Stephanie Figueroa Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género (OEG), recordó este martes a las 455 mujeres víctimas de feminicidio en los últimos seis años en Puerto Rico. La dramática cifra surge de las estadísticas documentadas por la organización desde el año 2019 hasta el presente.
En un conmovedor acto de justicia y recordación, celebrado en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), diversas lideresas feministas leyeron uno por uno los nombres de estas 455 mujeres que tenían aspiraciones, deseos y sueños. La actividad se llevó a cabo en el marco del mes de No Más Violencia contra las Mujeres y como parte del lanzamiento de la nueva campaña mediática del OEG, Ni Olvido ni Silencio, una iniciativa en reclamo de justicia para todas las víctimas de la violencia machista que sigue apagando muchas vidas en el país.
“No son cifras, son nombres, son rostros, son historias interrumpidas. Son mujeres que tenían sueños, que tenían familias, que tenían derecho a vivir…”, subrayó Figueroa al lanzar la campaña acompañada de lideresas de diversas organizaciones promotoras de la educación con perspectiva de género.
El Movimiento Amplio de Mujeres (MAP), Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM), Red de Albergues, Taller Salud, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Casa Julia de Burgos, Fundación de Mujeres de Puerto Rico, Colegio de Trabajadores Sociales, Movimiento Matria, True Self Foundation, Pastoral de Mujeres Justicia y Género, Mesa de Diálogo Martin Luther King y la Comisión de la Mujer del CAAPR, fueron algunas de las organizaciones que participaron en el lanzamiento de la campaña.
Como parte de la iniciativa, desde este martes 4 de noviembre hasta el 3 de diciembre, se publicarán cada día los nombres de 12 mujeres víctimas de feminicidio en las redes sociales del OEG.
“Muchas veces el Estado las invisibiliza, la sociedad las estigmatiza, pero para nosotras, todas esas vidas importan. Ninguna debe ser borrada”, sostuvo Figueroa Figueroa al destacar que la magnitud de la violencia machista se refleja en las alarmantes estadísticas de muertes violentas por razón de género.
La trabajadora social explicó que las 455 víctimas incluyen feminicidios directos e indirectos, de los cuales 132 son feminicidios íntimos, dos lesbicidios, nueve transfeminicios, 62 asesinatos de mujeres que se desconoce el móvil, 51 casos de mujeres que están bajo investigación porque se desconoce la causa de muerte, 23 feminicidios familiares, 20 feminicidios no íntimos, 90 casos relacionados al crímen organizado, 59 muertes de mujeres por sobredosis de drogas y siete muertes que son de otro tipo de casos como robo, peleas, carjackings.
Figueroa resumió que los feminicidios han dejado en estado de orfandad a 156 menores. Desde el año 2020 al presente se han registrado 376 intentos de feminicidio y hay 50 mujeres y niñas desaparecidas. Resaltó también que entre 2014 y 2019, el 33% de los feminicidios íntimos se cometieron con armas de fuego, y que en 2024, esa cifra aumentó a un 75%.
Esa alza, particularmente en casos de feminicidio con armas de fuego legales, hay que relacionarla —dijo Figueroa Figueroa— con la “flexibilización” a la Ley de Armas de Fuego, lo que ha redundado también en un alza en otros delitos.
Denuncian la “indiferencia del Estado”
En lo que va de este año (2025), Figueroa detalló que han identificado 54 feminicidios, de los cuales, 17 son de carácter íntimo. También se han registrado 95 casos de intento de feminicidio, “cifra que alarma porque fueron casos que estuvieron al borde de la muerte”.
Dijo que el OEG se nutre mayormente de datos de agencias gubernamentales y mostró preocupación con las restricciones impuestas mediante ley al Registro Demográfico al igual que con el proyecto pendiente en la Legislatura (PS 63), que añade burocracia a las solicitudes de información pública.
La lideresa comunitaria subrayó que mientras la violencia de género es una emergencia nacional y un problema de salud pública en Puerto Rico, el gobierno ha fracasado en atajar el mal que ha tenido un costo humano irreparable.
“Cuando uno lee todos estos nombres, la pregunta es qué ha hecho el gobierno en estos seis años que el resultado es de más de 400 mujeres víctimas de feminicidio… Cada feminicidio es una herida en la sociedad, cada feminicidio es un fracaso institucional”, denunció. Dijo que los esfuerzos del Comité PARE (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación), creado durante la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, se quedaron “en gavetas y escritorios”.
Sin embargo, aseguró que “no habrá olvido ni silencio” para las víctimas y sus familias.
“Este esfuerzo no es solo un acto de memoria: es un grito colectivo que denuncia la indiferencia del Estado, la impunidad que persiste en los tribunales y la falta de políticas públicas que protejan la vida de las mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico”, sostuvo Figueroa Figueroa.
La psicóloga social y analista de datos del Observatorio, Debora Upegui Hernández destacó que el OEG, junto a diversas organizaciones, exigen que el Estado identifique y nombre los asesinatos de mujeres como feminicidios.
“Negar el problema de la violencia de género o limitar el uso del término feminicidio es negar sus raíces estructurales. El Estado tiene la obligación de defender con firmeza las leyes que protegen a las mujeres”, reclamó Upegui.
Otras demandas del Observatorio y de las organizaciones aliadas son: derecho a vida libre de violencia para todas las mujeres, niñas y personas trans; políticas públicas de reparación para las niñeces, adolescencias y juventudes que han perdido a sus madres y familias custodias; esclarecimiento de todos los feminicidios; procesos de investigación ágiles y efectivos para mujeres y menores desaparecidas; educación con perspectiva de género en las escuelas; asignación de recursos económicos sostenidos a albergues y organizaciones de servicio e investigación.
“Exigimos responsabilidad del Estado en los feminicidios donde la negligencia institucional ha costado vidas, como en el caso de Claribel, quien esperó más de una hora por una ambulancia tras el ataque de su agresor; Andrea Ruiz Costas, a quien le negaron una orden de protección en más de una ocasión, e Ivette Joan Meléndez, quien fue asesinada a manos de Hermes Dávila, quien fue excarcelado bajo la Ley 25 por supuesta condición médica severa, con diagnósticos no corroborados y sin evaluaciones”, mencionó Upegui.
A su vez, Figueroa Figueroa reafirmó que aunque cada feminicidio representa una vida que no pudo ser y una deuda con la justicia, el grito de las mujeres no será silenciado.
“Transformaremos la rabia en acción, la memoria en justicia, la indignación en esperanza”, aseveró la directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico.
