Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
El fin de semana pasado, dos mujeres fueron asesinadas en circunstancias distintas. Lisalee Escalante Espada, de 28 años, fue asesinada en Guayama, mientras Mildred Beatriz Colón Bonilla, de 50 años, fue asesinada en Villalba.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Equidad de Género, en lo que va de año, se han registrado siete feminicidios; cuatro de ellos fueron íntimos, es decir que fueron cometidos por una pareja o expareja. El resto continúa bajo investigación.
Para la directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa Figueroa, lo más alarmante de este asunto es que el 100% de los feminicidios íntimos fueron cometidos con un arma de fuego y, en todos los casos, el feminicida tenía licencia para portar armas.
“Volvemos otra vez a recalcar la situación que tenemos del acceso a armas de fuego legales en Puerto Rico… Adquirir un arma de fuego aquí en Puerto Rico es tan sencillo como ir a comprarse algo en el supermercado”, enfatizó Figueroa Figueroa, quien ha sido vocal en alertar sobre cómo la flexibilización de los requisitos para solicitar armas de fuego ha impactado las estadísticas de feminicidios e intentos de feminicidios.
La directora ejecutiva subrayó que en 2019, 47% de los feminicidios fueron cometidos con armas de fuego. El año pasado, ese número ascendió a 75%, y este año, son el 100% de los casos.
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Al 31 de enero de 2025, el Observatorio había registrado 13 intentos de feminicidio, la mayoría con armas de fuego. “Los datos nos dicen que el arma de fuego está haciendo mucho, mucho daño para la salud y la vida de las mujeres y niñas del país”, insistió la trabajadora social, para luego destacar que un arma de fuego es letal en un ambiente de violencia de género y que ha habido casos de mujeres que la utilizan para defenderse y han sido penalizadas con cárcel.
Además, hizo un llamado inmediato a los líderes del país a revisar la flexibilización de la Ley de Armas de 2020.
Figueroa Figueroa también destacó que el currículo con perspectiva de género en las escuelas es necesario más allá de las propuestas que ha habido para implementar currículos de manejo de emociones. “Es un asunto mucho más profundo. Sabemos que (el problema) es la educación que nos han inculcado donde hay unos privilegios sobre otros, donde el hombre tiene poder sobre la mujer”, explicó.
Asimismo, insistió en que el gobierno llene la vacante del puesto de Procuradora de las Mujeres que, desde 2022, tiene como procuradora interina a Madeline Bermúdez Sanabria, pero no se ha designado a nadie para el puesto principal.
Finalmente, enfatizó en que campañas masivas de prevención de violencia son necesarias, así como la preparación del gobierno ante la posible pérdida de fondos federales que sufrirán los albergues de violencia de género y entidades que trabajan con sobrevivientes luego de que el Departamento de Justicia federal cancelara los anuncios de convocatorias de fondos en su página web.
“Si en este momento, el Estado no tiene un plan de cómo va a sufragar ese impacto que van a tener las políticas federales en Puerto Rico, estamos en un gran problema… Es importante velar esa planificación y esa asignación de fondos tanto para los centros de servicio como para los albergues”, subrayó Figueroa Figueroa.
