Fotos por Cris Seda Chabrier
“¿Qué es eso de desplazamiento?”, pregunta un hombre alto, de unos cincuenta y tantos años, vestido de azul. Le habla a un grupo de mujeres que acomodan sillas para un taller sobre ese tema frente a un edificio en la esquina de la calle Brumbaugh y la Robles, en el casco urbano de Río Piedras.
Shariana Ferrer Núñez, una de las integrantes de la Colectiva Feminista en Construcción, comienza por explicar que el abandono de comunidades empobrecidas y racializadas, como Río Piedras, no es casualidad. En la conversación, aprovecha para informar del rescate que comenzó la organización política del edificio frente al que están parados.
La estructura, que antes albergaba a Teatrolandia, una tienda de artículos de teatro, y una librería, lleva una década en desuso y sin mantenimiento. Se había convertido en un criadero de plagas, lo que representa un peligro para los comercios, viviendas y escuelas aledañas al lugar.
A escasos días del huracán Fiona, integrantes de la Colectiva, junto a personas de la comunidad y grupos solidarios, realizaron una brigada de limpieza del espacio.
“Cuando entramos, había mucho más de lo que nosotras pensábamos que había, así que intentamos limpiar lo que pudimos y sobre todo lo que está cercano a la gente, pero no pudimos terminar”, explicó Zoán Dávila Roldán, portavoz de la organización, cuya sede es aledaña al edificio ahora rescatado y del que sacaron dos camiones llenos de escombros.
Amenazas de criminalización tras rescate
Pese a que esta acción fue agradecida y apoyada por la comunidad a la que afectaba este estorbo, la respuesta del Estado fue la intimidación.
Tres días después de la brigada, mientras repartían información del rescate, tuvieron la primera de tres intervenciones de la Policía, que les informó que había una querella en su contra, pero no detallaron quién la había presentado. De los intercambios entre los agentes y las activistas, Dávila Roldán denunció que hacían preguntas como para que las mujeres se incriminaran por algún delito.
En la segunda intervención, llegaron dos patrullas y abundaron en que la querella se presentó por usurpación, un delito en que una persona entra a un lugar que no le pertenece y hace “actos de dominio”.
“Nosotras entramos a ese espacio porque había una necesidad de atender unas condiciones negativas para la comunidad de la que nosotras somos parte. El nosotras, como organización, pensarnos en colectiva y en vínculo con la comunidad es también hacernos cargo de los espacios que son comunes”, dijo Dávila Roldán, quien entiende que no hubo tales actos de dominio.
Para la última intervención, cuatro agentes llegaron acompañados de una fiscal, algo que la también abogada identificó como anormal en los procesos.
“Ella [la fiscal] nos comunicó que no quería presentar cargos, que eso era lo que procedía, pero que no quería hacer eso sino que quería entablar alguna conversación para ver si se podía llegar a un acuerdo”, abundó Dávila Roldán.
El diálogo, del que la Colectiva estaba dispuesta a participar con representación legal, nunca se concretó. Una semana después de que la funcionaria de Justicia amenazara con criminalizar a las integrantes de la agrupación, y mientras realizaban una actividad comunitaria para hablar del desplazamiento, un emplazador entregó una demanda civil por desahucio en contra de Ferrer Núñez, cofundadora de la Colectiva.
En la demanda, presentada por tres personas que dicen ser herederos del dueño de la propiedad, se alega que Ferrer Núñez se apropió del espacio y le piden al tribunal que se le desahucie. Este lunes, 17 de octubre, se realizará una primera vista sobre el caso, a través del tribunal virtual.
Proponen un Río Piedras desde las comunidades
Aunque las personas de Río Piedras reconocían que ese edificio abandonado representaba un problema, incluso de salubridad, había cierta timidez a tomar acción. Pero cuando la Colectiva Feminista en Construcción inició el rescate, la respuesta comunitaria fue de apoyo.
“En la brigada, pasaba gente y nos decía: ¡Qué bueno! ¿Qué van a hacer ahí?”.
Dávila Roldán puntualizó que el rescate al edificio no se hace desde el desconocimiento. La Colectiva Feminista en Construcción sostuvo diálogos con vecinos de la comunidad y con el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, una entidad comunitaria que administra y acondiciona estructuras abandonadas.
“Hemos tenido conversaciones para saber quiénes son los dueños para que atiendan la situación. En ese conversar con gente del Fideicomiso y de la Junta [Comunitaria], el entendido era que ese edificio estaba abandonado”, añadió.
Su reclamo político es que las personas dueñas, como no han asumido el cuidado del edificio en una década, donen el espacio al Fideicomiso y que se transforme en un espacio que sirva a la comunidad.
Es que el rescate no representa simplemente la limpieza de un lugar, sino que abre las posibilidades a que el espacio se utilice en favor de la comunidad, que atienda las necesidades y deseos de los propios riopedrenses para tener una vida digna.
Por ejemplo, se ha identificado la falta de espacios de recreo comunitario, a los que puedan ir las familias que habitan Río Piedras. Además, la comunidad carece de espacios de estudio para los adolescentes que asisten a escuelas como la Ramón Vilá Mayo y la escuela superior de la Universidad de Puerto Rico.
Las posibilidades son múltiples, por lo que la Colectiva apuesta a que este no sea su último rescate. Asimismo, esperan motivar a la comunidad a que asuma los espacios que le pertenecen.
Apuestan a nombrar el desplazamiento
Las posibilidades de desarrollo, a partir del abandono que ha experimentado Río Piedras durante las pasadas décadas, depende del ojo con que se mire. El desarrollo que visualizan los inversionistas que han comenzado a comprar propiedades en bloque, en Río Piedras, no toma en cuenta a las personas que allí viven.
Como en el resto del archipiélago, esta comunidad habitada principalmente por personas empobrecidas, negras, inmigrantes y estudiantes es víctima de una ola de gentrificación y desplazamiento.
“Este espacio que, para quienes por ejemplo hemos estudiado y vivido mucho tiempo aquí, significa una cosa. Es como que viene gente que no es de aquí a resignificar todo”, señaló Roldán Dávila.
La activista y abogada explicó que las personas de la comunidad conocen de primera mano el desplazamiento que viven cada día, pero se hace difícil nombrar el problema. Por ello, la brigada de limpieza y rescate es sucedida por una serie de diálogos comunitarios para hablar sobre desplazamiento, de dónde viene y hacia lo que se dirige.
El miércoles, 12 de octubre, hubo un taller sobre el tema que reunió a más de 30 personas. Luego, se abrió el espacio para que las personas hablaran sobre su experiencia con el desplazamiento. Un estudiante oriundo de Juana Díaz contó que su edificio fue adquirido por un inversionista y ya le avisaron que le subirán la renta, pero teme que pronto decidan sacarlo del espacio que se ha convertido en su hogar.
La proliferación de estos espacios de congregación y apoyo comunitario es a lo que apuesta la Colectiva Feminista en Construcción tras el rescate del edificio que ahora lleva el nombre “Casa Cole”.
