Foto suministrada
La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, se adjudicó este lunes el logro de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) le traspasara $1.6 millones, pero no pudo precisar cómo quedará cubierto el déficit de $856,984.88 que enfrentan los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica porque la transferencia no es exclusiva para estas instituciones.
El viernes pasado, la gobernadora, Jenniffer González, y el director de la OGP, Orlando C. Rivera Berríos, informaron públicamente el traspaso de los fondos a la Oficina de la Procuradora de la Mujeres (OPM) justo al día siguiente de que la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), publicara un reportaje en el que detalló cómo afectaban estos recortes a los albergues. La Unidad también cuestionó a la procuradora por qué no hubo una gestión gubernamental que evitara esta crisis, prevista desde inicios del 2025.
Entre lo poco que Piñeiro Vázquez pudo precisar está que, $343,224 de la transferencia hecha por OGP se destinarán para cubrir hasta junio de este año los programas y servicios que quedaron desprovistos por los recortes en los fondos STOP VOWA, que terminaron el 31 de enero.
Lee aquí: “Nos han dejado solas”: albergues de mujeres reducen plantillas y servicios por recorte de fondos
Diez organizaciones serán las recipientes, entre ellas, tres albergues, la Casa Protegida Julia de Burgos, el Hogar Ruth y la Casa de la Bondad. Las otras entidades que recibieron una cantidad menor de fondos STOP VOWA en su última asignación y que serán complementados con la nueva distribución de la OPM son la Casa de Pensamiento de Mujer del Centro, el Centro de la Mujer Dominicana, el Centro de Servicios Comunitarios, Vida Plena, la Oficina Legal de la Comunidad y también las oficinas que ofrecen servicios en la Universidad Interamericana y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
De la transferencia de la OGP, la procuraduría también distribuirá $1 millón para subvencionar a organizaciones, municipios y agencias gubernamentales que participen de una convocatoria competitiva. Piñeiro Vázquez explicó que dará prioridad a servicios directos, entre los que cuenta vivienda transitoria, servicios legales, asistencia psicosocial y atención inmediata en salud mental.
Sin embargo, dijo que, antes de determinar cuánto, de ese $1 millón, se asignará a cada organización, es necesario esperar a que el Departamento de Justicia adjudique los fondos de una convocatoria especial, de $2 millones, que cerró el 10 de marzo pasado, y que debe ayudar a cubrir parte del déficit.
“Primero debemos de conocer la evaluación de la convocatoria que se sometió en Justicia, para que se conozca qué necesidades fueron cubiertas y que ellos me puedan plantear entonces cuáles quedan todavía por cubrir para nosotros poder llenar esa necesidad con el millón de dólares que mencioné”, justificó la Procuradora.
Una partida de $133,000 de la transferencia que hizo OGP irá dirigida a desarrollar una plataforma educativa virtual para el ofrecimiento de talleres, certificaciones y capacitaciones, y a la recopilación de datos estadísticos en la OPM. Otros $72,900 se usarán para la digitalización de casos de trabajadores sociales y abogados de la oficina, y $105,000 para la capacitación de personal que trabaja en albergues, y profesionales en temas de manejo de trauma, evaluación de riesgo y prevención de la revictimización.
Piñeiro Vázquez hizo el anuncio en una conferencia de prensa tras una reunión con representantes de albergues y otras organizaciones.
“No tenemos nada firmado en papel. Hay una promesa de cubrir unas necesidades, de los fondos que se dejaron de otorgar, hasta junio”, indicó a su salida, Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth.
Flores dijo que ya los albergues tuvieron que cubrir los meses de febrero y marzo con su fondo general, que está destinado a otros propósitos.
La directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, Lenna Ramírez Cintrón, señaló que, aunque la gestión de la Procuradora para lograr la transferencia de fondos puede responder a unas necesidades muy particulares, “algo que hemos dicho los albergues es que el recorte ha sido sistémico a través de las diferentes agencias y seguimos en la incertidumbre de qué va a pasar en los próximos años fiscales”.
Todas las representantes de las organizaciones que asistieron a la reunión insistieron en la necesidad de identificar un fondo recurrente para cubrir las necesidades de los albergues sin tener que depender de las fórmulas de las subvenciones federales, que varían cada año.
“Es una preocupación grande que esta situación la tengamos que pasar todos los años. Para nosotras es importante que se pueda crear algún fondo para que podamos tener un dinero seguro para que nuestras participantes puedan continuar recibiendo los servicios necesarios y no tener esa preocupación cada año de que se van a quedar sin los servicios que tanto necesita”, expuso Emma Santiago Cabrera, directora ejecutiva del Hogar Nueva Mujer.
Cuestionada nuevamente sobre la propuesta que elaboró la Red de Albergues de imponer un impuesto de 5% a las armas y municiones para crear el Fondo Vida Segura y asegurar una recurrencia de fondos a estos refugios, Piñeiro Vázquez se mantuvo firme en no emitir una opinión, pues, dijo, aún no la ha examinado.
Una representante de la Red de Albergues entregó copia de la propuesta detallada a la Procuradora en la reunión de hoy. Las organizaciones han abordado la propuesta con la Procuradora y con la Secretaria de Justicia en reuniones anteriores.
