Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
Ya se cumplieron dos años desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que el derecho al aborto no estaba protegido por la Constitución, como lo había establecido en 1973 con el caso Roe v. Wade.
El 24 de junio de 2022 el ente federal dejó a discreción de cada estado la regulación del aborto en Estados Unidos –incluyendo a Puerto Rico– en el caso conocido como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization que derrotó el precedente de casi 50 años establecido por Roe v. Wade.
Luego de la decisión, 14 estados impusieron prohibiciones totales al derecho a decidir, otros estados limitaron el aborto por número de semanas, y solo 9 –incluyendo Washington D.C.– protegen el derecho al aborto sin condiciones de tiempo gestacional, de acuerdo con el Guttmacher Institute.
Diversos estudios plantean que prohibir el derecho al aborto tiene consecuencias a nivel de mortalidad materna e infantil, acceso a servicios de salud, y disparidad racial y económica. Este reportaje recoge algunas de las repercusiones que ha tenido en Puerto Rico y en Estados Unidos la derrota de las protecciones al aborto que establecía Roe v. Wade.
En Puerto Rico, el aborto es legal sin importar la semana de gestación, si es practicado por personal médico para proteger la salud de la persona gestante. El 17 de abril de 1980 el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó en el caso Pablo v. Duarte Mendoza que, cuando el Código Penal permite el aborto solo en situaciones donde la salud de la madre esté en riesgo, incluye tanto la salud física como la mental.
Intentos de cambiar la legislación en Puerto Rico
La revocación del precedente de Roe v. Wade dejó a la rama legislativa de Puerto Rico con la autoridad para restringir el derecho al aborto.
En Puerto Rico ha habido múltiples intentos de limitar el número de semanas para gestar y establecer otras limitaciones, pero ninguna ha recibido el aval para convertirse en ley.
Entre estas medidas se encontraba el Proyecto del Senado 693 que limitaba el derecho al aborto luego de la semana 22 de gestación y exigía al Departamento de Salud llevar registro de los abortos realizados. La medida fue propuesta en 2021 y aprobada por el Senado en 2022, luego de la revocación de Roe v. Wade. Sin embargo, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes no recomendó su aprobación, de acuerdo con la Oficina de Servicios Legislativos. Esta medida había sido propuesta por Joanne Rodríguez Véve, José Luis Dalmau Santiago, Thomas Rivera Schatz, Albert Torres Berríos, Rubén Soto Rivera, Ramón Ruiz Nieves, y Keren Riquelme Cabrera.
De igual forma, la representante por acumulación del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, en conjunto con la representante novoprogresista Wanda del Valle Correa sometieron el Proyecto de la Cámara 1084. Este buscaba, entre otras cosas, prohibir que un médico realizara un aborto luego de la detección del “latido cardiaco fetal”, cuyo nombre correcto es frecuencia cardiaca fetal. El proyecto fue colgado en la Cámara luego de que la Comisión de lo Jurídico no recomendara su aprobación, según la Oficina de Servicios Legislativos.
El 25 de junio de este año, la Cámara de Representantes colgó una medida que buscaba que las menores de 15 años tuvieran que pedir permiso a uno de sus tutores legales para realizarse un aborto. Se trató del Proyecto del Senado 495 de la autoría de Joanne Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves y Keren Riquelme Cabrera. El texto del proyecto explícitamente cita la decisión de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization y establece que la “Asamblea Legislativa tiene amplia discreción al momento de regular el aborto en Puerto Rico”.
Viajes a Puerto Rico para abortar
Incluso antes de la decisión del Tribunal Supremo en 2022, un análisis del New York Times estimaba que 11.3 millones de personas tenían que viajar una hora o más para la clínica de aborto más cercana en Estados Unidos. Ahora, esa situación se agrava. De acuerdo con un estudio publicado en 2023 en la Biblioteca Nacional de Medicina, el cierre de centros cercanos afecta la distancia a la que deben viajar las personas, pero también los servicios que ofrecen los centros restantes porque deben atender a más personas.
“El aumento de pacientes en los centros que practican abortos a medida que cierran otros centros cercanos repercute negativamente en la prestación de otros servicios ofrecidos en los centros de salud reproductiva, como exámenes preventivos de mama, mamografías y pruebas del papanicolau”, dicta el estudio.
Entre 2021 y 2022 el Departamento de Salud reportó un aumento de 17% en los abortos seguros en Puerto Rico. De acuerdo con los diarios locales, el aumento estuvo muy ligado a las restricciones impuestas en diferentes jurisdicciones estadounidenses, debido a que —aquellas personas que pueden pagarlo— viajan a países con menos limitaciones o sin restricciones y otras toman la decisión de terminar con su embarazo más temprano.
En aquellas jurisdicciones estadounidenses donde el aborto no se prohibe totalmente, el número de terminaciones de embarazos aumentó aumentó 11.5%, entre 2020 y 2023, según el Guttmacher Institute, aunque aclaró que no todos los aumentos implican que las personas viajaron. En 2023, el Guttmacher Institute contabilizó 1,037,000 abortos seguros, el número más alto de abortos seguros en la última década.
Sin embargo, no todas las personas pueden viajar por falta de recursos económicos, transporte, flexibilidad en el trabajo, entre otros. La revista de salud JAMA encontró que en aquellos estados donde abortar se volvió ilegal, las búsquedas en Google sobre cómo terminar un embarazo aumentaron en popularidad en comparación con aquellos estados sin restricciones tales como Washington y California.
El impacto racial luego de las limitaciones
Aunque existe mayor disponibilidad de telemedicina para apoyar con acceso a medicamentos, las comunidades negras, migrantes, LGBTTQIA+, y empobrecidas recibieron el mayor impacto de las restricciones y prohibiciones.
De acuerdo con la entidad independiente KFF, 60% de las mujeres negras y 59% de las mujeres nativas de Alaska en edades fértiles viven en estados con restricciones o prohibiciones en el derecho al aborto. Cabe destacar que las comunidades negras tienen mayores tasas de aborto que todas las demás etnias y tasas de mortalidad durante embarazos más elevadas.
Un estudio publicado en 2022 reveló que la protección constitucional de Roe v. Wade al derecho de abortar redujo de 30% a 40% las muertes durante embarazos en comunidades no blancas. No obstante, con la derrota del precedente en 2022, las madres que residen en estados con prohibiciones al aborto tienen casi tres veces más probabilidades de morir durante su embarazo o parto, de acuerdo con un análisis de Gender Equity Policy Institute.
Las muertes de infantes también incrementaron. La revista de salud JAMA Pediatrics reveló que en Texas las muertes pediátricas incrementaron casi 13%, incluyendo infantes con condiciones congénitas, luego de las prohibiciones implementadas en ese estado. Los autores aclaran que los efectos nacionales de las prohibiciones sobre las muertes de infantes no se pueden precisar aún.
En Puerto Rico, las comunidades afrodescendientes enfrentan mayores barreras en su acceso al aborto, entre las que se encuentran: insensibilidad del personal médico y clínicas proveedoras de servicios de aborto, desinformación sobre los derechos sexuales y reproductivos, políticas anti-derechos, falta de transporte y acceso a recursos para practicarse un aborto, falta de programas de planificación familiar que sean culturalmente sensibles y resistencia a incorporar una educación sexual integral para todas las personas. Así lo detalló el informe Percepciones, saberes y prácticas sobre el aborto: una mirada afrocaribeña, de la autoría de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y Colectivo Ilé.
Asimismo, el informe detalla que casi la mitad de las mujeres negras del país se encuentran bajo el nivel de pobreza, una situación que dificulta aún más su acceso al aborto.
El Guttmacher Institute reveló que, en aquellos estados con más restricciones, existen menos especialistas en maternidad, una situación especialmente limitante para las comunidades negras, pero también para las personas migrantes, empobrecidas y LGBTTQIA+.
