Fotos por Herminio Rodríguez
*Publicado en alianza con el Centro de Periodismo Investigativo
La Concejala del Distrito 33 de Chicago, la puertorriqueña Rossana Rodríguez, conoce de primera mano el desplazamiento.
Cuando salió de Puerto Rico en 2009, no tenía ninguna razón para irse que no fuera sobrevivir. Oriunda del barrio Mariana, de Humacao, se preparó en Teatro y se dedicó por varios años a dar clases de teatro en el pueblo de Añasco. Pero, luego de la implementación de la Ley 7 de 2009 de emergencia fiscal, bajo el gobierno de Luis Fortuño, la cantidad de estudiantes en su salón de clases pasó de 15 a 40. Sin abanicos y solo con los materiales que podía comprar con su sueldo de unos $1,500 al mes, se fue desanimada.
Han pasado 15 años de los desaires en Añasco. En mayo de 2023, Rossana Rodríguez comenzó su segundo término como Concejala del Distrito 33 de Chicago, la ciudad en la que encontró una oportunidad para sostenerse, haciendo teatro con el Albany Park Theater Project.
Cuando llegó, cargaba con una importante experiencia como organizadora comunitaria y activista. Fue parte del Frente Estudiantil contra la Privatización, miembro de la Federación de Maestros de Puerto Rico y militante en la huelga contra la venta de la Telefónica en 1998.
A la hora de buscar ideas para las obras de teatro de la compañía, Rossana Rodríguez quería contar historias de personajes que no eran entes pasivos, sino comunidades fortalecidas capaces de procurarse juntos su mejor bienestar, principalmente, en los temas de inmigración, vivienda y educación. Pronto se dio cuenta de que lo que proyectaba en las tablas tenía posibilidades en el mundo real.
En 2015, un maestro de la escuela superior de la comunidad, Tim Meegan, corrió para el puesto de concejal con el apoyo de múltiples grupos, incluyendo socialistas como ella.
Un concejal en Chicago podría ser el equivalente de lo que es un alcalde en Puerto Rico. En su distrito, por ejemplo, representa a 55,000 personas. En aquella ocasión, Meegan se quedó corto de ganar las elecciones a la incumbente por apenas 17 votos, pero abrió el camino a esa posibilidad.
“¿Qué pasa si un grupo de organizadores cogen (ocupan) la oficina de un concejal?”, cuenta Rossana Rodríguez que su grupo se preguntó entonces. Y sin dejar de imaginar posibilidades, trasladó la pregunta a su país. “Y, ¿qué pasa si un corillo de organizadores coge la oficina de un alcalde y utiliza los recursos de la alcaldía para hacer el trabajo que hacemos sin que nos paguen, el trabajo que hacemos porque nos interesan nuestras comunidades?”, continúa.
“Y eso fue lo que hicimos. Dijimos: ‘Esto es posible. Podemos hacerlo’”.
Entre los mismos que apoyaron a Tim Meegan crearon una organización política independiente (IPO, en inglés) para movilizar a la comunidad de cara a las siguientes elecciones en torno a los mismos temas que trataban las obras del Albany Park Theater Project: inmigración, vivienda y educación.
Y fue ella quien apareció en la papeleta. Y ganó.
En el Distrito 33 de Chicago, las zonas donde viven las familias trabajadoras y las de menos ingresos no están exentas de las amenazas de desplazamiento por los aumentos desmedidos en los precios de alquiler.
“Tocar puertas en un vecindario como este, donde la mayoría de la gente vive alquilada, para hablar del control de los precios de alquiler… ¡La gente va a hablar contigo obligao!’”, se ríe. “Asegurarte de que estás yendo donde la gente primero, y hablarles cara a cara. ‘Nothing can beat that’ (Nada supera eso)”, enfatiza para describir las elecciones que la revalidaron como Concejala y que también le dieron la victoria a Brandon Johnson como alcalde de Chicago, respaldado por una coalición de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro progresistas.
La voluntad para gestionar vivienda asequible
Desde el ayuntamiento (City Hall), Rodríguez ha logrado impulsar legislación local para proteger las viviendas de las familias trabajadoras. Una de esas medidas establece que quien quiera comprar un edificio que tiene múltiples unidades de vivienda para convertirlo en una sola casa, tendrá que pagar impuestos más altos. “Tú no quieres incentivar que, un lugar donde tú puedes tener tres familias viviendo, de repente, se convierta en este lugar donde tú solo tienes a una pareja”.
El tema del control de alquiler es complejo en Illinois, uno de los estados que prohíbe controlar los precios de los alquileres de vivienda. Cambiar esa ley requiere un cambio en la constitución del estado y, como tal, de un voto mayoritario en un referéndum.
Para eso, muchos grupos llevan años en la campaña “Lift the ban on rent control”. Presionan a oficiales electos para promover el referéndum o, al menos, eximir a la ciudad de Chicago de esa prohibición.
Además, Rodríguez busca incentivar el desarrollo de viviendas de bajo costo con créditos contributivos, en la ciudad de Chicago y a nivel estatal.
Parar la influencia de los desarrolladores
El poder más grande que tienen los concejales es el de zonificación. Cambiar, con apenas un trámite legislativo, el uso de un edificio o área de su distrito.
“Cuando tú tienes un poder tan grande, van a haber intereses que van a querer comprar tu poder”, reconoce Rodríguez. “Generalmente, desarrolladores que compran una propiedad y quieren que tú la rezonifiques para que valga más, para poder venderla más fácilmente o para establecer algún tipo de negocio específico. Mucha gente corre para esta posición solo para poder tener ese poder y regalárselo, a cambio de otras cosas, a los realtors y a los desarrolladores”.
Por eso, cuando Rodríguez asumió la posición, estableció un proceso de rezonificación comunitario, donde son los mismos residentes quienes deciden cómo se va a desarrollar su vecindario.
Para que sea posible, Rodríguez dice que se ha asegurado de que su campaña no reciba dinero de desarrolladores o de la industria de los bienes raíces.
“Yo no recibo ni un centavo de contribuciones de desarrolladores o de la industria de los bienes raíces. Eso es bien importante. Yo no cojo dinero de nadie que tenga interés en el proceso de zonificación y han habido personas que me han mandado dinero online y yo se los devuelvo”. Su equipo, dice, monitorea los donativos a su Comité de Acción Política (PAC, en inglés). “Buscamos quién es la persona. Si no la identificamos, miramos quién es su papá, de quién es familia, y eso es bien importante porque, históricamente, Chicago ha sido una ciudad bien corrupta”, dice al tiempo que se acerca el cartero para saludarla.
Rodríguez habla con el CPI mientras desayuna una tostada con aguacate en Dulce de Leche Café, un negocio de una familia de inmigrantes en el corazón de Albany Park, en Chicago. Siempre pide lo mismo, un plato que no estaba en el menú, pero que añadieron por la frecuencia con la que ella lo pedía. El cartero que entra a dejar la correspondencia y otros comensales la saludan con la familiaridad de quien se encuentra con un vecino.
Uno de los proyectos que más enorgullecen a Rodríguez es la construcción de los María Elena Sifuentes Apartments, un edificio con 50 unidades de vivienda de bajo costo en la esquina de la avenida Lawrence Oeste con la Central Park Norte. El primer piso está designado para un centro de cuido de niños accesible para las familias que allí habiten. Lleva el nombre de una de las organizadoras de la comunidad, que murió de COVID-19, cuando se comenzaba la planificación de este proyecto.
Hacerlo posible requirió incentivar desarrolladores de viviendas de bajo costo al otorgarles créditos contributivos disponibles a nivel estatal y federal, y dirigir a este propósito parte de sus fondos TIF (Tax Informant Fund, en inglés), un fondo que se crea con el dinero que supera un tope establecido para los recaudos del impuesto a la propiedad.
Dice Rodríguez que esos fondos que ella ha destinado a infraestructura que atienda las necesidades de sus comunidades son utilizados con frecuencia por los concejales y alcaldes como un fondo discrecional para hacer lo contrario: incentivar la construcción de viviendas de lujo, lo que tiene como consecuencia el desplazamiento de los habitantes de estas zonas.
Además, por falta de una cancha, la escuela superior de la comunidad, Roosevelt High School, cuya matrícula la integran, en su mayoría, estudiantes latinos, en sus 100 años de existencia, nunca ha podido ser anfitriona de un juego de fútbol, a pesar de que su equipo es campeón en su división. Su administración asignó para construir el campo de juego $5.8 millones de fondos TIF.
Frenar la violencia con prevención en vez de vigilancia policial
Rodríguez es propulsora de una propuesta de prevención de violencia que llamó “Treatment Not Trauma” o Tratamiento, no trauma. Es ejemplo de lo que podría significar en la práctica el eslógan y reclamo “Defund the Police”, que se hizo más conocida a raíz del asesinato que cometió el policía Dereck Chauvin, en 2020, contra el ciudadano negro George Floyd.
La propuesta de “Treatment Not Trauma” busca utilizar cerca de 300 de unas 1,700 plazas que se han mantenido vacantes en la Policía en los últimos años, a pesar de estar presupuestadas, para contratar, en vez de policías, a trabajadores sociales clínicos, consejeros y paramédicos, y crear un programa piloto de respuesta a crisis de salud mental.
“El dinero está ahí, pero no se está usando. Esas plazas vacantes no están proveyendo seguridad para nadie”, subraya Rodríguez. “Nosotros estamos tratando de revertir la tendencia neoliberal que ha habido, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes, de privatizar todo, darle una mierda a la gente (que está) haciendo trabajo que es fundamental para las comunidades de la manera más barata posible”.
Su propuesta está inspirada en el programa CAHOOTS, implementado hace más de 30 años en la ciudad de Eugene, en Oregón, y que ha probado ser exitoso en prevenir que la Policía asesine a personas que están enfrentando una crisis de salud mental y en darles a las personas el tratamiento que necesitan, al cambiar el enfoque de criminalización por el de salud pública. La idea es que las llamadas al 9-1-1 que reportan situaciones no representan un riesgo inminente para otras personas, como las que tienen que ver con uso problemático de sustancias, crisis de salud mental o que involucran a personas sin hogar, puedan ser atendidas por profesionales de la salud mental y no por la Policía.
Responde también al movimiento y al trabajo de más de 10 años de Collaborative for Community Wellness para reabrir las clínicas de salud mental públicas que se cerraron bajo las administraciones de los alcaldes demócratas Richard M. Daley y Rahm Emanuel. De 19 clínicas que había, ahora quedan cinco.
Rodríguez presentó legislación para hacerlo realidad, pero no pasó durante el cuatrienio pasado. El alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, sin embargo, hizo la propuesta parte de su plataforma principal de campaña. El 5 de octubre de 2023 se estableció mediante la aprobación de una ordenanza municipal de la autoría de Rodríguez un grupo de trabajo con la encomienda de desarrollar la hoja de ruta para que la ciudad amplíe los servicios clínicos de salud mental, la respuesta no policial para crisis de salud mental, y la concientización sobre los recursos de salud mental disponibles. Según la ordenanza, el grupo debe entregar su informe escrito al alcalde antes del 31 de mayo de este año.
Sin el enfoque de “Treatment Not Trauma”, una intervención con una persona en crisis se da en el lugar en el que se encuentre, o termina en un cuartel o en una sala de emergencias. “Ninguno de esos lugares está equipado para trabajar con alguien que, simplemente, está experimentando un momento de desregulación”, es decir, que está descompensado.
Una ciudad que es refugio
Al principio de su primer término, Rodríguez presentó un proyecto que se convirtió en ordenanza para convertir a Chicago en ciudad santuario para inmigrantes. Luego de la revocación de la decisión Roe v. Wade que protegía el derecho al aborto, entendió que era necesario hacer lo mismo para proteger a las mujeres y personas gestantes que llegaban a la ciudad a ejercer su derecho de terminar un embarazo, para que las autoridades locales no pudieran cooperar con las de los estados donde se ha prohibido o limitado el aborto para perseguirlas y procesarlas.
La pasada alcaldesa, Lori Lightfoot, hizo de la propuesta de Rodríguez una orden ejecutiva, ante la urgencia del momento. Luego, pasó por el proceso legislativo y es ahora una ordenanza que establece que la Policía de Chicago no puede colaborar con ninguna agencia en ningún otro estado que esté tratando de procesar a alguien por buscar o proveer cuidado reproductivo o de afirmación de género.
Una de las lecciones que ha aprendido es que “nuestras posturas políticas pueden ganar si organizas y si desarrollas el mensaje adecuado”.
Para ella, llegar al poder implica tener acceso a los recursos institucionales para poder hacer cogobierno con las comunidades. Usa la analogía de la electricidad: se trata de conectar un cable a una fuente de energía y luego tirar una extensión por la ventana para que los vecinos también se puedan conectar.
–¿Qué funciona para movilizar a la gente?
“Funciona hablarle a la gente de las cosas que a la gente le interesan”, dice Rodríguez.
