(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
A un día de que sea efectiva su renuncia como gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 2007 para crear una licencia especial para empleados en situaciones de violencia doméstica, de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o acecho grave.
Se trata de una licencia sin paga de hasta 15 días laborables por año natural, y aplica a empleados de los sectores público y privado, se informó en comunicado de prensa de La Fortaleza.
La licencia se crea con el propósito de que ningún patrono pueda evaluar desfavorablemente a un empleado por encontrarse en una de las situaciones mencionadas y tenga que ausentarse a su empleo, ya sea porque es víctima o porque apoya a un miembro de su familia.
La licencia se puede utilizar aunque no exista una querella en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, estipula la nueva ley.
“Cuando una víctima teme por su vida, la única alternativa viable que tiene para protegerse es la coordinación de servicios como albergue. Muchas veces, la persona se ve obligada a escoger entre su seguridad física y emocional o su empleo y seguridad económica. Por esto, se niega a recibir las ayudas que tiene disponibles o no busca los servicios que necesita por miedo a perder su trabajo al tener que ausentarse”, expuso la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.
Estas situaciones, indicó, “ponen la víctima en una situación de peligro y contribuyen a que esta permanezca en una relación de maltrato”.
Bajo la licencia especial, empleados y empleadas podrán:
- Orientarse y gestionar una orden protección o cualquier orden judicial
- Buscar y obtener asistencia legal
- Buscar y obtener vivienda segura o espacio en un albergue
- Visitar cualquier clínica, hospital o acudir a citas médicas
- Orientarse, buscar o beneficiarse de cualquier tipo de ayuda o servicio para personas en situación de violencia doméstica, de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o acecho grave
La ley también faculta al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a imponer multas de hasta $5,000 a los patronos que incumplan con la legislación. Los fondos, se indicó, se deben distribuir por la OPM a los albergues que atienden a mujeres en situación de riesgo.
*Si tú o una persona cercana se encuentran en una situación de violencia, busca ayuda. Línea de Orientación a Víctimas de Violencia Doméstica 787-722-2977.
