Fotos de Cindy Burgos Alvarado
El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó el lunes que la agencia investiga los tres centros antiaborto o “centros de crisis de embarazos” que operan en Puerto Rico. Estos lugares, además de proporcionar información falsa o tergiversada sobre la terminación voluntaria del embarazo —un procedimiento que es legal en el archipiélago— poseen y operan máquinas de ecografía sin cumplir con las regulaciones legales.
Los centros bajo investigación incluyen Centro Raquel en Carolina y dos establecimientos de Hope Women’s Clinic en Bayamón y San Juan. Estos están estratégicamente ubicados cerca de tres de las cuatro clínicas de aborto en Puerto Rico y podrían estar violentando la Ley Hipaa de privacidad y seguridad de la información médica de pacientes, según reveló una investigación de la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investiativo (CPI).
A pesar de las posibles violaciones, Mellado explicó que la capacidad que tiene la agencia para intervenir es limitada. Estas entidades no son reguladas por la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud (DS) porque no son clínicas médicas, aunque se venden como tal.
“La capacidad de multar la establece la propia ley de facilidades de servicios de salud. La SARAFS entra en procesos específicos cuando hay, por ejemplo, la parte de rayos X, cuando hay la parte de procedimientos quirúrgicos, pues tiene que haber una certificación de necesidad y conveniencia. Ciertamente, nosotros no tenemos jurisdicción, por ejemplo, en una oficina médica, en una oficina donde se dan ese tipo de consejos (en contra del aborto). Sí nosotros hemos entrado a investigar, y la parte que usted menciona de la parte de los sonogramas, tiene razón en ese aspecto (que operan fuera de la ley) si me hacen llegar específicamente la causa completa, porque estamos en un proceso de investigación abierto que no debería entrar en el propio detalle”, expresó Mellado a preguntas de Todas durante una conferencia de prensa, que se celebró al concluir su participación en las vistas de transición, donde el tema de derechos reproductivos fue el gran ausente.
Las multas a las que se exponen los centros antiaborto van de $5,000 a $10,000 por el delito menos grave de poseer y administrar una máquina de ultrasonido sin poseer una licencia del DS ni las certificaciones requeridas, según establece la Ley 37 de 2007.
Sobre la posibilidad de cerrar estos centros antiaborto, Mellado insistió en que “se están investigando”, sin detallar las posibles sanciones.
Además, indicó que “se pueden hacer referidos”, en caso de que haya profesionales médicos que no estén cumpliendo con los cánones de ética que imponen las Juntas de Licenciamiento del DS, al proveer información falsa o tergiversada sobre procedimientos de salud. En estos centros antiaborto, según ellos mismos promocionan en sus redes y otras plataformas, consultan con supuestos médicos, psicólogos y trabajadores sociales que trabajan de forma voluntaria, pero cuyos nombres permanecen sin identificar.
En cuanto a la posibilidad de que a estos centros antiaborto lleguen menores de edad embarazadas que sean forzadas a parir sin la activación de un protocolo de violación, como ocurre en las clínicas de aborto reguladas por el DS, el secretario de Salud insistió en que investigan el asunto.
Este fue uno de los cambios que se introdujo en septiembre pasado al reglamento de las clínicas de aborto reguladas por el DS, aunque algunos centros ya contaban con protocolos para atender a menores de edad. Este cambio fue visto como una discriminación contra las clínicas de aborto, pues otros centros que atienden a menores embarazadas, como los hospitales, no les es requerido activar un protocolo similar, aunque haya sospecha de violación o incesto.
Otro de los cambios obliga a las menores de 16 años a tener el consentimiento de un padre, madre o tutor para realizarse un aborto, algo que en algunas clínicas se identificó como un posible obstáculo a este servicio médico a las menores de edad. Esto debido a que muchas menores pudieron haber sido violadas por un miembro familiar, lo cual complica tocar el tema en muchas familias.
Mellado, sin embargo, negó que los cambios recientes al reglamento de las clínicas de aborto limiten el acceso a este servicio médico en este renglón poblacional, el cual es extremadamente vulnerable.
“Esto no coarta el derecho al aborto y, vuelvo y te repito, la mayoría de estos abortos (a menores de edad) se realizan en el Hospital Universitario por la naturaleza del procedimiento”, insistió.
De manos atadas ante el cierre de salas de parto
Por otro lado, Todas le preguntó al secretario de Salud sobre los posibles cierres de salas de parto, en momentos en que la agencia evalúa el cierre de las tres salas de parto del hospital Pavía en Arecibo. Este sería el quinto hospital que cierra salas de parto en los últimos dos años.
“Sí han habido solicitudes de cierre, por ejemplo, hay un centro de sala de parto que solamente ha realizado menos de 150 partos al año. Nosotros sabemos que esto es una situación complicada. Obviamente, nosotros revisamos la parte, esto es un hospital privado que tiene sus entradas y sus salidas, y como hemos visto a nivel estadístico todos los años en comparación del 23 al 24, poco menos de 520 partos se habían dejado de hacer. O sea, que esto es algo que es a nivel mundial, que no es culpa de nadie”, dijo el médico.
Mellado agregó que, en el caso de los hospitales privados, como operan de acuerdo a sus ganancias, el DS intenta “buscar un acuerdo razonable para que el acceso no se detenga y que el proceso sea transparente para los pacientes”.
“No obstante, más allá de poder trabajar directamente con ellos para que no cierren, nosotros más allá de eso no podemos hacer nada porque son entidades privadas”, declaró.
Derechos reproductivos: ausentes en las vistas de transición
Las declaraciones de Mellado se dieron luego de deponer por casi cinco horas en las vistas de transición gubernamental junto a la directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Roxanna Rosario, y al director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jorge Matta.
El titular del DS, que posiblemente regrese a su práctica privada al concluir este cuatrienio, detalló los “avances históricos” que hizo frente a la agencia, como el manejo de la pandemia de COVID-19 e inversiones en infraestructura. Sin embargo, no hubo mención alguna a los derechos reproductivos ni al cierre de salas de parto, más allá de las respuestas que diera a las preguntas de Todas.
Mellado indicó que redujo las deudas del DS en un 96%, que aumentó los salarios de los enfermeros del sector público y que se invirtieron $25 millones en adquirir un nuevo edificio para la agencia, de manera que se puedan centralizar los servicios, entre otros.
