Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
A pesar del rechazo contundente de líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, gremios periodísticos y medios de comunicación del país, el Proyecto de Senado 63 (PS 63), que añade nuevas limitaciones a la Ley 141 de Transparencia, fue aprobado este martes por mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.
Entre las enmiendas añadidas a último minuto al proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se incluye una que establece que ninguna agencia tendrá que generar o elaborar un documento que no exista cuando se curse una solicitud de información. Además, si la información no está disponible en el formato que pidió el solicitante, la agencia deberá notificarlo y disponer de los datos en la forma que se encuentren.
En su turno, la legisladora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, argumentó que: “Si fuéramos a pedir un documento donde se identifiquen todos los gastos de [las escoltas de] los exgobernadores por los últimos 15 o 20 años, ese documento no existe. Tendrían que generarlo, porque aparecerá el dato en las partidas presupuestarias, los desembolsos o las nóminas de los agentes, pero el documento en sí realmente no existe. Tendría una escapada la Policía de Puerto Rico para no gestionar la información a la que la prensa tendría derecho, a la que nosotros tendríamos derecho”.
La delegación del PIP votó en contra de la medida, así como el Partido Popular Democrático, la senadora por el Proyecto Dignidad, Johanne Rodríguez Veve, y el senador independiente, Eliezer Molina.
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“Aquí nadie se puede hacer el inocente y decir que esto realmente no pone trabas”, expresó Santiago Negrón. “Esto está perfectamente diseñado, cuidadosamente diseñado, de nuevo, con el problema añadido de las enmiendas que se acaban de aprobar, para que a la gente se le haga más difícil, para que no se presuma el carácter público de la información de los documentos, de los datos que maneja el Gobierno de Puerto Rico”, añadió la legisladora del PIP.
El proyecto, que fue aprobado sin vistas públicas ni discusión, atrasará y obstaculizará aún más la rendición de cuentas y cómo las agencias públicas entregan datos sobre su gestión a la ciudadanía, denunció la coalición de más de 20 organizaciones que han rechazado la medida.
De aprobarse, se duplicarían los plazos de 10 a 20 días laborables, y con prórrogas podrían llegar a 40 o 50 días, que las entidades tienen para responder las solicitudes de información. Asimismo, otra enmienda del PS 63 pretende que se notifique a todos los funcionarios de las agencias cuando se solicita un documento.
Santiago Negrón catalogó como “micromanejo tóxico” este cambio. “¿Qué necesidad hay de que una persona que pide información al Senado tenga que mandarle una carta a Thomas Rivera Schatz?”, cuestionó.
“Este proyecto, bajo ninguna circunstancia limita el acceso a la información”, argumentó por su parte Rivera Schatz. “Bajo ninguna circunstancia le quita ningún derecho a ningún periodista, a ningún ciudadano. Sencillamente trae un escenario donde la razonabilidad debe ser la orden del día. Que haya un balance real entre la petición de un ciudadano y un periodista y la capacidad de proveer, con prontitud, que es el concepto que se permea en estos escenarios de información y transparencia”, añadió.
Pero entre los cambios que incluye la medida está que las agencias podrán crear reglamentos que establezcan la confidencialidad de documentos sin justificar tal acción y eliminarían además la posibilidad para pedir datos en formatos abiertos que garanticen el acceso de la información solicitada, algo que hoy día es posible.
También se establece que, de no poder entregar la información, se pedirá al solicitante que examine documentos o expedientes en las oficinas de la agencia de gobierno, y podría tener solo un día para hacerlo.
Santiago destacó que en el caso de entidades que manejan expedientes extremadamente complejos, como la Junta de Planificación: “examinar un documento de concesión de permisos es un ejercicio tremendamente complejo [o] laborioso para la persona que no tiene dominio de cómo son los procesos en esta agencia. Lo que a un empleado le puede tomar unos minutos conseguir, a una persona que va en representación de una comunidad al Departamento de Recursos Naturales [o] la Junta de Planificación, puede ser una tarea muy difícil”, señaló la senadora.
Pero nada movió el ánimo del presidente del Senado. “Vamos a aprobar el Proyecto del Senado 63, los gremios que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran. Inclusive, si quieren llevarnos al tribunal también, pueden hacerlo y lo estamos haciendo con la tranquilidad de conciencia de que estamos mejorando una herramienta que propuso el Partido Nuevo Progresista… Así que votemos a favor del Proyecto 63, vamos a ponerlo a correr y sencillamente no nos intimidan los izquierdosos, los comunistas, los socialistas, los diminutos, los maduritos; nadie nos intimida a nosotros. Si tienen algo que hacer, que tiren pa’ lante”, culminó su turno Rivera Schatz para acto seguido pedir el voto a favor de la medida.
