Yari Guzmán García, de 39 años, fue asesinada con múltiples disparos el 19 de enero del 2020, en Río Grande. Han pasado 423 días y su caso continúa bajo investigación, según informes de la Policía.
Su asesinato es uno de 25 feminicidios y muertes sospechosas de mujeres y un hombre trans registrados en el 2020 para los que aún no hay información que indique quién les mató o qué pasó.
Algunos cuerpos fueron hallados sin signos de violencia; otros, con impactos de bala.
El Observatorio de Equidad de Género registró en su informe final del 2020 que, de 60 feminicidios registrados en 2020, se encontraban bajo investigación 31.
Es decir que la Policía no había encontrado a un culpable o no tenía información suficiente para catalogarlo como homicidio directo o indirecto.
Entre estos, están los transfeminicidios de Alexa Negrón Luciano, Yampi Méndez y Michellyn Ramos Vargas.
Seis esclarecidos
Desde entonces, las autoridades han esclarecido seis de los casos.
Tras llamadas de este medio a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, confirmó que dos fueron radicados ante el tribunal como asesinatos en primer grado y se encuentran en proceso judicial.
Se trata de los feminicidios de Sonia Adorno Romero, a quien alcanzaron las balas que presuntamente iban dirigidas a un fugitivo, mientras estaba en la sala de su apartamento, en Fajardo, el 18 de marzo de 2020, y de Deborah Durán Guadarrama, cuyo cuerpo con disparos hallaron las autoridades en un auto en Arecibo el 19 de junio pasado.
Por otro lado, cuatro muertes sospechosas fueron descartadas de la lista de casos bajo investigación porque la autopsia reveló una causa de muerte natural o por intoxicación.
Además, otro caso, ocurrido el 15 de diciembre de 2020, se encuentra a la espera de los resultados de causa de muerte por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar si continúa la investigación o se clasifica como accidente o muerte natural, según información de la oficial de prensa del ICF.
Reina la impunidad
Por el tiempo que toma el esclarecimiento y la falta de recursos en agencias gubernamentales y de seguridad pública para atender los casos con mayor diligencia, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario, enfatizó que la inacción exacerba la impunidad.
“La dilación de los casos, sobre todo, impacta a la familia, porque la familia quiere justicia rápida, quiere que se vean resultados. Yo creo que, socialmente, envía un mensaje negativo de impunidad”, advirtió Lugo Nazario.
Feminicidios vinculados al narcotráfico
Cerca de la mitad de los asesinatos bajo investigación están relacionados con la ola criminal en la isla, en la que, la mayoría de las veces, las parejas de personas involucradas en el narcotráfico también resultan asesinadas.
Según declaraciones de diferentes agentes de los CIC, un patrón consistente en los homicidios ha sido que las mujeres han resultado heridas cuando, en un principio, no eran el objetivo del victimario, sino su pareja hombre. Estos asesinatos son clasificados por el Observatorio de Equidad de Género como feminicidios indirectos.
Mientras, la clasificación genérica que realizan las autoridades del Estado omiten otras razones más profundas, como la desigualdad de género que lleva a que las mujeres sean vistas como posesiones de los hombres, reduciendo el valor de su vida. Además, se desconoce sobre el término de feminicidio, ya que no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal.
Un caso muy reseñado en los medios fue el feminicidio de Nilda Álvarez Lugo, el 13 de noviembre de 2020, en la égida donde residía. El cuerpo de Álvarez Lugo presentó múltiples signos de violencia. Unos 91 días después, el 12 de febrero, la Policía identificó a un sospechoso por el asesinato de la lider comunitaria, según nota publicada por El Vocero. Su asesinato continúa bajo investigación.
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“Hay que actualizar los datos porque no solo son números; son vidas, son personas. Es importante también para las familias saber cuál es el estatus de cada uno de estos casos. Esta es una de las cosas que estaremos pendientes con la orden ejecutiva por la violencia de género”, aseveró Lugo Nazario sobre la declaración de estado de emergencia que realizó el gobernador Pedro Pierluisi a finales de enero.
En 2021, el Observatorio ha contabilizado 12 feminicidios, incluidos los asesinatos de Angie Noemi González y de Jannette Rodríguez Ramos, perpetrados por sus parejas. En la mayoría de los otros casos, se desconoce el móvil y la causa de muerte.
El Observatorio de Equidad de Género propone basar las categorías en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio) para explicar los procesos de investigación y definir las categorías de los feminicidios.
Esta definición se subdivide en dos categorías principales: directo, en que el propósito principal era matar a la mujer; e indirecto, en la que la mujer no era la víctima original, pero pierde la vida por estar en el mismo espacio con el agresor.
Los feminicidios directos se dividen en cinco subcategorías: íntimos, no íntimos, familiares, transfeminicidios y bajo investigación. Esta última es la categoría en la que se ubican los casos donde no se tiene información suficiente de los hechos.
Por su parte, agentes de la Policía informaron a Todas que un caso de asesinato nunca prescribe y que son múltiples las pruebas que hay que recolectar para esclarecer un caso de homicidio.
Preocupación por que se descarte un feminicidio por ausencia de signos de violencia en los cuerpos
Durante el el año pasado, 10 cuerpos de mujeres fueron encontrados en playas o en sus hogares sin signos de violencia, según ha informado la Policía. Organizaciones feministas han reclamado que estos casos, en la mayoría de las veces, son descartados como feminicidios desde su inicio.
Según el Modelo Latinoamericano de Feminicidios, las muertes de mujeres o personas trans que no presentan signos de violencia deben ser catalogadas como feminicidios o transfeminicidios hasta que la evidencia recolectada del caso pruebe otra causa de muerte.
La doctora Lugo Nazario argumentó que, si desde el inicio de una investigación se descarta el feminicidio, los casos que no son evidentemente asesinatos pasan por desapercibidos. Además, corren el riesgo de nunca ser reclasificados para figurar en las estadísticas de estos crímenes.
Además, el término de “crimen pasional” debe ser eliminado de la jerga policial, ya que puede ser utilizado para justificar los hechos o quitar responsabilidades a los agresores, según Lugo Nazario.
“Nosotras entendemos importante que el personal que trabaja en estos casos tenga conocimiento sobre estos temas, personas que puedan identificar desde una mirada más amplia esas intersecciones sociales”, recomendó.
Lugo Nazario también criticó que la Policía y el ICF cuentan cada vez con menos personal para investigación y más tareas para quienes permanecen trabajando.
Falta de transparencia de datos en la Policía
Un señalamiento consistente que tiene el Observatorio de Equidad de Género es la forma en que la Policía clasifica y publica las estadísticas sobre los asesinatos de mujeres y personas trans.
“Entendemos que no hay transparencia. Si exploramos la página de la Policía, solamente está actualizada hasta diciembre de 2019”, puntualizó Lugo Nazario.
La doctora señaló que existe otra disyuntiva con relación a la forma en que se categorizan los delitos y tiene que ver con que la Policía utiliza unas categorías que utilizan las agencias federales.
Además, explicó que, en sus diálogos con los agentes, se han percatado que no existe un protocolo estandarizado para la recolección de información sobre los asesinatos o muertes sospechosas de mujeres.
“Por eso mismo, lo que queremos es, precisamente, que se utilice la categoría que estamos utilizando nosotras, las del Modelo del Protocolo Latinoamericano de Feminicidio. Más allá de eso, hemos estado en reuniones con los federales. Ellos están trabajando con un grupo comunitario y han invitado a muchas organizaciones feministas y otras organizaciones que están trabajando en la reforma de la Policía a nivel federal”, detalló.
Lugo Nazario compartió que, entre las recomendaciones que hicieron, están la importancia de actualizar la tecnología para recolectar los datos de manera más efectiva, uniforme y rápida. Insistió en que se debe proteger la información de los datos de las víctimas. Otro asunto a trabajar es la comunicación de los hechos a los medios.
“¿Cómo te voy a presentar los datos de las víctimas? ¿Qué tipo de categorías se van a presentar? ¿Cómo se van a reconocer? ¿Cómo va a ser el conteo? ¿Habrá transparencia en las mismas y habrá accesibilidad tanto para los medios como para investigadores? ¿Se van a estar actualizando, por lo menos, mensualmente?”, declaró Lugo Nazario sobre interrogantes que las agencias deben responder.
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