(Ilustración por Michelle Dersdepanian)
El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley el Proyecto del Senado 130 para definir el feminicidio y el transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado.
La medida es una forma de contabilizar y visibilizar los crímenes cometidos contra las mujeres y las personas trans, que permitirá elaborar política pública y estrategias de prevención, coincidieron expertas en violencia de género entrevistadas por Todas.
Hasta la fecha, al analizar las estadísticas sobre feminicidios en Puerto Rico, las incongruencias entre los números que ofrece el Negociado de la Policía y los datos que otorgan las organizaciones feministas resultan evidentes, aseguró Irma Lugo-Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género.
De acuerdo con Lugo-Nazario, las diferencias se suscitan porque, al momento de tipificar los asesinatos de mujeres, la Uniformada solo ha catalogado como feminicidios las muertes que se dieron en un contexto de violencia doméstica.
“La Policía reconoce los casos de asesinatos de mujeres en relaciones de pareja, pero no ve como feminicidios, las otras muertes de mujeres”, detalló la también presidenta de la Junta de Directores de la organización La Mujer Dominicana.
Los feminicidios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituyen la forma de violencia más extrema contra la mujer. En la actualización de datos más recientes, el Observatorio de Equidad de Género contabilizó 60 feminicidios que ocurrieron en la isla el año pasado, mientras las autoridades solo reconocieron 15 asesinatos que estaban vinculados a la violencia intrafamiliar. Esta última cifra incluye 11 casos femeninos y cuatro masculinos.
La antropóloga mexicana Marcela Lagarde fue la primera en usar el término “feminicidio”, en español, para referirse al asesinato de una mujer por razones de género en el contexto del aumento de asesinatos a niñas y mujeres en Ciudad Juárez. El concepto original, en inglés femicide, fue idea de Diana Russell y Jill Radford, quienes lo definieron como “el asesinato misógino cometido por hombres”.
“La muerte violenta de las mujeres es lo que se tipifica, en algunos sistemas penales, como femicidios o feminicidios. Si lo vemos desde esa mirada, podría considerarse un homicidio agravado”, indicó la experta.
Ante los reclamos de grupos feministas, diversos países latinoamericanos han adoptado el concepto en sus códigos penales. En el caso de Puerto Rico, el gobierno aprobó la Ley 157-2020 que, mediante enmiendas al Código Penal, buscaba ampliar las circunstancias en las que se entiende por cometido el asesinato en primer grado de una mujer.
La medida también ordenaba la creación de protocolos para investigar las muertes violentas de mujeres y el establecimiento de un sistema para recopilar estadísticas. Sin embargo, la legislación no atendía la situación de las mujeres trans. Aunque el Código Penal de Puerto Rico pretendía salvaguardar los derechos de las mujeres, el documento no reconocía los términos “feminicidio” y “transfeminicidio”. No obstante, el pasado mayo, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 130, que hoy el gobernador firmó para convertirlo en ley, para reconocer ambos conceptos como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado.
Según Lugo-Nazario, la tipificación de estos crímenes visibiliza el problema de violencia de género que afecta a la isla. La coordinadora destacó que los asesinatos de las mujeres no se limitan al ambiente domiciliario, pese a que podría considerarse una manifestación de la violencia machista.
“La ‘violencia de género’ es un término amplio. Bajo esa sombrilla, existen diversas manifestaciones de violencia. Aunque varias pueden darse dentro de un contexto de violencia doméstica, otras se dan fuera del hogar”, comentó la también cocoordinadora de la RED Feminista de Investigación y Educación de Género.
Importante incluir a las mujeres, niñas y personas trans en la cifra
En el informe de cierre del 2020, el Negociado de la Policía reconoció como feminicidio las muertes de las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Otras muertes violentas de mujeres, así como los asesinatos de niñas y personas trans por motivo de género no fueron categorizadas como homicidios por razón de género.
El año pasado, el Observatorio de Equidad de Género registró seis transfeminicidios. La Uniformada, por su parte, solo clasificó dos asesinatos bajo la categoría de “crímenes de odio”.
“Son muy pocas las convicciones, en Puerto Rico, sobre crímenes de odio. El año pasado, los asesinatos de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez, dos mujeres trans que estaban de visita en la isla, fueron los únicos casos que se categorizaron como crímenes de odio, pero hay otros que todavía están impunes”, reconoció Lugo-Nazario.
Por su parte, la analista del Observatorio de Equidad de Género Débora Upegui-Hernández reiteró la importancia de incluir los asesinatos de las mujeres, niñas y personas trans dentro de la cifra de feminicidios.
“Consideramos los transfeminicidios como un tipo de feminicidio. Entendemos que la mayoría de las mujeres trans están reclamando su espacio como mujeres. Están reclamando ser vistas, por la sociedad, como mujeres y no como algo aparte”, recalcó la investigadora.
En el caso de la entidad que se dedica a monitorear la situación de violencia de género en la isla, consideran en su análisis a las mujeres en toda diversidad.
“Nosotros hacemos una distinción de subcategorías porque tienen que ver con aspectos que van hacia un móvil específico o las características en cómo se da un crimen. Diferenciar contextos nos ayuda a ver elementos en común que pudieran señalar maneras de accionar para prevenir ese tipo de agresiones en el futuro”, afirmó Upegui-Hernández.
Asimismo, Lugo-Nazario destacó la importancia de adiestrar a las autoridades gubernamentales sobre temas de género para proteger los derechos de las mujeres y personas trans.
“Es importante tener un personal de investigación educado sobre los temas de género, que sea sensible a estas temáticas. Sabemos que la Policía está bajo un proceso de reforma. Uno puede entender que, de primera instancia, no se identifiquen los crímenes, pero deben conocer más sobre las personas transexuales y transgénero antes de emitir declaraciones oficiales”, manifestó.
Llamar las cosas por su nombre
Lugo-Nazario manifestó la importancia de clasificar los asesinatos de las mujeres para combatir la impunidad. Recomendó utilizar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razón de Género, avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Nosotras trabajamos con el Modelo de Protocolo Latinoamericano porque es aplicable a la investigación de las muertes violentas de mujeres, independientemente exista o no legislación nacional que haya tipificado el delito de feminicidio”, expresó Lugo-Nazario.
En su proceso de análisis y documentación, el Observatorio de Equidad de Género divide los feminicidios en dos categorías: directos e indirectos.
En los feminicidios directos, el propósito principal del crimen es asesinar a la mujer. Los feminicidios indirectos, por su parte, implican el asesinato de una mujer por compartir un espacio con el agresor, a pesar de no ser la víctima original.
Los feminicidios directos se subdividen en las siguientes categorías: íntimos, no-íntimos, transfeminicidios, familiar y bajo investigación. En esta última categoría, ubican los casos donde no cuentan con suficiente información de los hechos.
“[El protocolo] es una guía. Te da unos ejemplos de los casos de aplicación del modelo. Uno de los ejemplos son los casos de suicidios de mujeres, que deben ser investigados por diversas razones”, comentó la coordinadora.
Explicó que, en ocasiones, estos suicidios surgen como consecuencia de la violencia previa que sufren las mujeres. A su vez, agregó que los suicidios pueden ser una forma de ocultar un homicidio o puede ser utilizado, por las autoridades, como un argumento para no investigar el caso.
Para realizar su informe, el Observatorio utiliza una metodología basada en datos abiertos. La entidad monitorea los medios de comunicación para extraer información sobre los crímenes.
Una vez obtienen los datos, triangulan la información con los reportes que ofrece la trabajadora social retirada Carmen Castelló en su página de Facebook Seguimiento de Casos. También, consulta fuentes gubernamentales como el Registro Demográfico.
Pasos hacia la justicia
A principios de este año, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia declaró un estado de emergencia por la violencia machista que afecta al país. Luego de 26 días, el primer ejecutivo informó cuáles eran las organizaciones no gubernamentales, miembros de la academia y los medios de comunicación que conformarían el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).
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Ambas expertas reconocieron los avances que se han generado tras la creación de PARE, que se encarga de velar por el cumplimiento de la orden ejecutiva.
“Están trabajando con una mirada amplia, planificada y bien organizada que muestre todas las áreas que deben estar enlazadas para hacer un esfuerzo que responda al bien común y a una sociedad libre de violencias”, dijo Lugo-Nazario.
El pasado mes de marzo, los miembros del Senado debatieron sobre el Proyecto del Senado 130 que enmienda el Código Penal para reconocer los feminicidios y los transfeminicidios como conductas que constituyen un delito de asesinato en primer grado.
En una movida para impedir la aprobación de la medida, Tomás Rivera Schatz dijo que el Código Penal “atiende todos los asesinatos” sin distinciones. Dijo que, al adoptar los términos, se busca darle “VIP” a las mujeres.
Respecto al debate, la coordinadora aseguró que se trata de un asunto de derechos humanos. Recalcó la importancia de la educación con perspectiva de género para que la ciudadanía se oriente y no crea en lo que dicen algunos políticos.
“La perspectiva de género es una metodología que considera el contexto socioeconómico, político e histórico… Creo que es bien importante que la gente vea que algunos grupos sacan las cosas de contexto. Si la gente no va más allá y cree ciegamente en lo que dicen algunas voces, podemos ver lo mucho que le falta a nuestra sociedad para progresar”, puntualizó Lugo-Nazario.
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