Foto de Génesis Dávila Santiago
La Asociación de Derechos Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) anunció hoy, miércoles, la unión de más de 50 entidades de derechos humanos para apoyar a migrantes en Puerto Rico, tras las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Estamos repudiando las órdenes de migración porque son racistas, selectivas, xenófobas y claramente inhumanas. Estas órdenes ejecutivas para nada resuelven el asunto de migración que se supone que atienda el gobierno federal. Por el contrario, está provocando un ambiente de miedo a la población y producen un daño irreparable a la familia e incluso la posibilidad de separar familias”, sentenció la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU-PR.
El junte de organizaciones exigió al gobierno de Puerto Rico proteger los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los de la comunidad migrante y adoptar políticas públicas claras que protejan a esta población.
“[Exigimos] la garantía de los servicios públicos del Estado, que no deben negarse a ninguna persona, sin importar su estatus migratorio. Esto incluye servicio médico, hospitalario, educativo y cualquier otro que provea el Estado… Le exigimos al Estado también que reconozca y proteja los espacios seguros o lugares santuario donde las autoridades de seguridad pública, estatal, municipal y federal no deben intervenir”, continuó Martínez Orabona, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
El lunes 27 de enero, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, aseguró que su gobierno iba a tener que “revisar e interpretar cuál va a ser el alcance de derechos en el área de salud, en el área de las licencias de conducir, y en otros servicios que se ofrecen a personas que tienen un estatus migratorio ilegal en Puerto Rico” a pesar de que desde el ámbito federal estas medidas no se le han solicitado al país. “Las ciudades o estados que estén otorgando estas cosas (servicios a migrantes sin estatus definido) pudieran perder los fondos federales”, dijo en una conferencia de prensa.
Martínez Orabona aclaró que ninguna persona es ilegal y sentenció que “los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos fundamentales no se venden por dinero”.
Otras de las exigencias que hizo el ente al gobierno fueron: tener un protocolo claro de sobre los detenidos por agentes de inmigración y los casos en que se trasladan fuera de la jurisdicción de Puerto Rico; informar el número de personas detenidas y su paradero; y proporcionar estadísticas sobre el perfil de los arrestados, incluyendo nacionalidad, historial criminal —si alguno— y su estatus migratorio.
En el panel también se encontraba la licenciada Julie Cruz Santana, abogada de inmigración; el presidente de la Red Por los Derechos de la Niñez, Marcos Santana Andújar; la licenciada Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas; la activista por los derechos dominico-haitianos Hilda Guerrero; y el licenciado José Rodríguez, presidente del comité dominicano de derechos humanos.
Servicios para inmigrantes
Entre los recursos que han desarrollado las organizaciones, específicamente la ACLU-PR y el Colegio de Abogados y Abogadas, se encuentran la organización de un ente de abogados y abogadas que ofrecerán servicios legales gratis dirigidos a la comunidad migrante.
Asimismo, han estado trabajando un proyecto de ley que presentarán para establecer mayores protecciones a esta comunidad.
La ACLU-PR destacó que se encuentra desarrollando talleres para organizaciones eclesiásticas que deseen proteger a esta comunidad y están estableciendo trabajos con los municipios que deseen convertirse en ciudades santuarios para orientarlos. “Eso existe, es válido, es legal”, destacó Martínez Orabona.
Desde Ayuda Legal Puerto Rico, una de las entidades que integra el frente, también anunciaron una línea de ayuda legal gratis que opera de lunes a viernes entre las 10:00 am y las 2:00 pm. El teléfono es (939) 545-3030. La organización espera que más abogados y abogadas se unan a la iniciativa para extender el horario.
Además, la licenciada Ariadna Godreau Aubert, fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, anunció que ofrecerán orientación a entidades sin fines de lucro con riesgo a perder fondos federales a causa de las órdenes ejecutivas, y ofrecerán un taller sobre cabildeo para organizaciones.
Por su parte, la licenciada Mariela García Amador, presidenta del capítulo de Puerto Rico de American Immigration Lawyers Association, anunció la creación de un banco de abogados pro-bono que estarán publicando en las próximas semanas. También ofrecerán talleres a abogados mayormente criminalistas para adiestrarlos sobre cómo defender a extranjeros que se topen con una situación criminal.
