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Desde 2023, Puerto Rico reconoce oficialmente el 5 de mayo como el Día de la Partería mediante la Ley Núm. 31. El reconocimiento busca educar y sensibilizar sobre la historia y aportación de esta profesión. Sin embargo, esa ley también nos confronta con una contradicción: reconocemos a las parteras simbólicamente, pero seguimos limitando su integración real dentro del sistema de salud.
Esa contradicción es una deuda pendiente con las mujeres y con la historia.
La partería en Puerto Rico tiene raíces profundas. Mucho antes del modelo hospitalario moderno, las comadronas eran las principales cuidadoras de los procesos de gestación, parto y posparto. En 1903, el Boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico recogía expresiones del doctor Francisco Seín, reconociendo la baja incidencia de fiebre puerperal —una de las principales causas de mortalidad materna en la época— en mujeres atendidas por comadronas. Para las décadas de 1930 y 1940, más de 1,500 comadronas atendían alrededor del 85% de los nacimientos en el archipiélago.
La historia es clara: Hablar de la partería en Puerto Rico no es hablar de una práctica alternativa ni marginal. Es hablar de una profesión de salud con profundas raíces históricas, científicas y comunitarias. Que fue clave para el salvaguarde de las familias puertorriqueñas, y décadas después, sigue siendo esencial.
Las parteras han sido respondedoras de primera línea en contextos de crisis: huracanes, terremotos, pandemia, cierres de salas de parto, hasta garantizando el cuidado perinatal a comunidades inmigrantes bajo el acecho del ICE. Allí donde el sistema se fragmenta, las parteras respondemos y ofrecemos continuidad.
La evidencia global también es clara. El informe State of the World’s Midwifery 2021, de United Nations Population Fund, establece que, si todas las parteras fueran capacitadas, licenciadas e integradas adecuadamente, podrían prevenir aproximadamente dos terceras partes de todas las muertes maternas, neonatales y nacimientos sin vida prevenibles. Además, podrían proveer hasta el 90% de los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente.
Esto importa particularmente en Puerto Rico.
Hoy enfrentamos un sistema de salud precarizado: hospitales con salas de parto cortas de personal e inoperantes, profesionales emigrando o no atendiendo obstetricia y servicios reproductivos especializados cada vez más inaccesibles tanto por costo como por distancia geográfica.
Al mismo tiempo, la mortalidad materna y neonatal aumenta; sostenemos una tasa de cesáreas que supera el 50% y una calificación de F, según March of Dimes en 2025, por mantener una tasa de prematuridad de 12.2%. Estos números son indicadores de un sistema de salud que urge de ayuda y transformación, pero que se mantiene secuestrado por los mismos buitres que desangran el país.
Por eso, no basta con solo mirar cifras. Hay que mirar el contexto.
La salud perinatal está profundamente atravesada por determinantes sociales de la salud: pobreza, acceso geográfico, educación, vivienda, transportación y violencia estructural. En Puerto Rico, muchas de estas desigualdades recaen desproporcionadamente sobre las mujeres.
La violencia obstétrica es parte de ese problema.
Cuando se niega información, cuando se coacciona o infantiliza a una persona gestante, cuando se realizan intervenciones sin consentimiento, estamos frente a una forma de violencia institucional.
La partería ofrece otra posibilidad.
Un modelo centrado en prevención, educación, acompañamiento y continuidad de cuidado. Un modelo que reconoce la fisiología, la autonomía y la toma de decisiones informada.
La partería es una estrategia de salud pública.
Integrar parteras no significa desplazar obstetras. Significa fortalecer equipos multidisciplinarios y optimizar recursos. Es una estrategia salubrista, feminista y costoefectiva, respaldada por la historia y evidencia tanto local como internacional.
El llamado de la Confederación Internacional de Parteras (ICM) para este 2026 es claro: “Un millón más de parteras”. Puerto Rico debe escuchar ese llamado. Porque reconocer la partería no puede quedarse en una ley, en una celebración anual, y menos en las historias de redes sociales sobre parir en casa. Tiene que traducirse en política pública, en integración real y en un acceso universal, y no dependiente de la capacidad de pago de ninguna familia boricua.
La partería no es una nostalgia del pasado. Es una herramienta para construir el futuro. Pero hasta que no se apueste por el trabajo colaborativo que priorice a nuestra gente, seguirá siendo una deuda pendiente con las mujeres y la historia.
