Tres organizaciones feministas denunciaron conflicto de interés y falta de balance legislativo de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para apoyar a un cabildero con asuntos legales pendientes y favorecer el acceso a armas de fuego, arma que más se utiliza en la perpetración de feminicidios íntimos.
El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (Codepola), también cabildero y armero, Ariel Torres Meléndez, mantiene un caso administrativo por incumplimiento a la Ley de Armas que se beneficiaría con la aprobación del Proyecto de la Cámara 575, que pretende flexibilizar la Ley de Armas. Sin embargo, el informe del proyecto no incluye los memoriales y cartas sometidas por las tres organizaciones que suscriben este comunicado ni fueron incorporados al trámite legislativo realizado por la comisión y tampoco en la votación final del proyecto en la Cámara de Representantes.
“Nuestras organizaciones enviaron memoriales oponiéndose desde el 28 de marzo de 2022, luego de que el proyecto se devolviera a comisión por no contar con los votos. Estos memoriales se acompañaron de datos estadísticos recopilados en Puerto Rico sobre los feminicidios y sobre el uso de fuerza policial contra personas armadas y desarmadas”, estableció la coordinadora de Política Pública de Proyecto Matria, Enid M. Pérez.
Aún así, las organizaciones hicieron llamadas de seguimiento, conversaron con el director y personal técnico de la comisión, quienes informaron que podían incluir las recomendaciones solo en las enmiendas al proyecto.
“Esto nos pareció incongruente con la intención de participación ciudadana, ya que los memoriales solicitados e incluidos en el récord y análisis de este proyecto fueron de personas y grupos a favor de la aprobación. Nos parece que se demostró así que no existe intención de tener un balance legislativo para evaluar y analizar este proyecto que afecta a toda la población y favorecen a una persona u organización”, informó Pérez.
Ignoradas las expertas y los datos en medio de un estado de emergencia
Ante un estado de emergencia por violencia de género en el país y planteamientos de seguridad en los planteles escolares, las organizaciones señalaron la importancia de que sus experiencias y conocimientos sean tomadas en consideración.
En el estudio La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018[1], se pudo constatar que, para el período del 2014 al 2018, el 58% de los feminicidios fueron perpetrados por hombres que portaban armas de fuego. El 87% de los feminicidios los cometió una persona conocida de la víctima.
Además, “entre el 2017 y el 2021, en Puerto Rico, se reportaron 82 feminicidios íntimos, asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. La mayoría, un 59%, fueron perpetrados con un arma de fuego, de acuerdo con un análisis que realizó la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI)”.
Es por esa razón que las organizaciones insisten en que las armas de fuego son una enorme amenaza para las mujeres.
“En lo que va del año 2022, el 76% de los feminicidios en los que se conoce la causa de muerte, ocurrieron con arma de fuego. Y el 66% de los feminicidios íntimos (10 de 15) que el Observatorio ha documentado en el 2022, fueron perpetrados con arma de fuego, la mayoría de ellos con armas para las cuales el feminicida tenía licencia de portación (6 de 10 feminicidios íntimos). Además, en 4 de los 6 feminicidios íntimos donde el feminicida tenía licencia de portación de armas, eran miembros o exmiembros de cuerpos de seguridad estatal, federal y privada. El flexibilizar la circulación de armas para personas privadas y para fuerzas de seguridad, pone en riesgo a toda la población y aún más a las mujeres” explicó Debora Upegui Hernández, analista del Observatorio de Equidad de Género.
“Por otro lado, entre las 46 muertes ocasionadas por el uso de un arma de reglamento policial en Puerto Rico entre 2014 y 20220 (se excluyen feminicidios íntimos y suicidios), el 43% de las víctimas fatales no portaban armas de fuego al ser baleadas por un policía estatal o municipal. Para Estados Unidos, la cifra correspondiente es de 38%. Es decir, los policías en Puerto Rico aparentan tener una tendencia a creer que existe un constante peligro inminente de portación de armas en la ciudadanía aunque los datos indiquen lo contrario. Con la flexibilización de la Ley de Armas, esta noción no hará más que agudizarse, poniendo en peligro a más personas ante el uso de fuerza del Estado”, informó Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro 0.
“En Sudáfrica, a través de su reforma de Ley de Armas, han logrado demostrar mediante múltiples estudios científicos que restricciones en el acceso, uso y disponibilidad de armas de fuego, además de una política de desarme comunitario, redujeron a la mitad la cantidad de feminicidios íntimos entre el 1999 y el 2009, al igual que el total de asesinatos del país. Este es el tipo de políticas que deberíamos estar considerando en la actualidad”, agregó Upegui Hernández.
Para garantizar políticas públicas como estas en Puerto Rico, la Rama Legislativa debe llevar a cabo procesos de transparencia, participación ciudadana y balance legislativo.
Además, deben analizarse las situaciones de violencia, amenazas y el acceso a las armas de estudiantes del Departamento de Educación y las contradicciones con este tipo de política pública.
Las organizaciones denunciamos la invisibilidad que se ha hecho al trabajo que sometieron y exigen apertura y discusión sobre la importancia de mayor restricción al acceso, uso y manejo de armas en la sociedad puertorriqueña.
